Los letrados del Senado ven un conflicto de competencias con el Congreso por la amnistía
El PP podría optar por admitir la tramitación de la ley con reparos y plantear un conflicto ante el Tribunal Constitucional
La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol
Los letrados del Senado que tendrán que pronunciarse sobre la tramitación del Proyecto de Ley de Amnistía del PSOE aprobado en primera instancia por el Congreso de los Diputados este jueves ya tienen armada lo que podría ser su respuesta al informe que le pedirá la Mesa de la Cámara Alta, según las fuentes jurídicas consultadas por THE OBJECTIVE. Estos juristas se pronunciarán la semana que viene y una de sus consideraciones es la existencia de un conflicto de competencias entre el Senado y el Congreso, por haberle enviado esta última Cámara «una Ley Orgánica que la Constitución no tiene prevista». Otra de las recomendaciones sería aceptar la tramitación del proyecto con reparos por las «graves irregularidades en la tramitación en el Congreso». El PP podría optar por admitir la tramitación con estas dos matizaciones.
La Mesa se reunirá el martes de la semana que viene para solicitar estos informes y para decidir el envío del texto a la Comisión Constitucional, a diferencia del Congreso, que se tramitó en la de Justicia. Posteriormente volverá a reunirse la Mesa y, con los informes en la mano, decidir su tramitación, o no, la próxima semana. En relación al papel que juega la mesa hay dos tesis: que es simplemente un buzón, que oído el informe lo tramita; y otra, la que defiende Vox, que dice que la Mesa tiene potestad de inadmitir si entiende que el proyecto de ley es gravemente irregular. «Ahí está la cuestión, qué va a pasar la semana que viene», señalan estas fuentes jurídicas.
Las fuentes jurídicas consultadas apuntan a que los populares podrían decantarse por «la opción de admitir con una resolución motivada, que ponga pegas. La otra opción sería no admitir porque hay defectos de procedimientos graves. El problema es que no hay precedentes, hasta ahora lo que se ha entendido es que es un trámite automático. Puede darle más temor inadmitir porque no hay precedentes, y que le puedan poner al PP una querella o una denuncia». En el informe de admisión del acuerdo de la Mesa, el PP «podría especificar los reparos que tenga y que hayan especificado los letrados».
Entre estos reparos podría «invocar graves irregularidades que se han producido en el procedimiento del Congreso y decir que llega un proyecto mal tramitado porque los errores han sido muy graves». También puede decir que «entro en el fondo y la amnistía no es posible».
Todas estas cuestiones pueden derivar también en un conflicto de competencia con el Congreso de los Diputados, que puede presentar el Senado diciendo que «suspende el trámite de la tramitación porque se ha invadido la potestad legislativa del Senado. Se ha invadido al calificar el proyecto de ley como orgánica y está condicionando la tramitación en el Senado».
Ello puede provocar que «junto con la admisión o inadmisión se pueda plantear el PP o Vox un trámite de conflicto de competencia entre Congreso y Senado, sería muy novedoso porque no lo ha habido. Si el Congreso manda un proyecto de ley orgánica, porque lo dice el Congreso, es un enganche para plantear que me está condicionando porque estoy tramitando una ley orgánica que no tiene por qué serlo, porque no hay previsión de ley de amnistía».
Para plantear este conflicto es necesaria la firma de 25 senadores y pedir la suspensión de la ley. En el orden del día del Pleno se puede introducir como punto un conflicto y pedir al Tribunal Constitucional que suspenda, «porque te han mandado una ley orgánica cuando no está prevista en la Constitución».
