El Congreso aprueba revisar su Reglamento para adaptarlo al lenguaje inclusivo
La mayoría de la Cámara Baja con la excepción de PP y Vox aprueba la reforma
Pleno del Congreso de los Diputados
El Congreso de los Diputados revisará su Reglamento para adaptarlo al lenguaje inclusivo de género y erradicar las expresiones sexistas, una propuesta de modificación planteada por PSOE y Sumar que ha apoyado la mayoría del Pleno, a excepción de PP y Vox.
La Cámara Baja ha decidido tomar en consideración la proposición de ley de reforma de su Reglamento, después de que los partidos que sustentan al Gobierno se hayan garantizado los votos de una mayoría parlamentaria. Tan sólo Vox y PP se han opuesto en el Pleno.
La proposición de ley para el cambio de Reglamento propone una revisión y modificación de esta norma que rige el funcionamiento del Congreso para erradicar las expresiones sexistas y utilizar el lenguaje de forma que no se invisibilicen la existencia, las realidades y las contribuciones de las mujeres y de manera que no se las considere como subalternas o subordinadas a los hombres.
Así, por ejemplo, para evitar el uso masculino del término «diputados», en el artículo 85 -sobre votaciones- se recurre a la expresión «miembros de la cámara».
En el artículo 25, se proponen fórmulas alternativas: «nadie podrá formar parte de más de un grupo parlamentario» o «quienes, conforme a lo establecido en los artículos precedentes, no quedaran integrados en un grupo parlamentario, en los plazos señalados, quedarán incorporados al Grupo Mixto».
También se pretende sustituir «presidente» y «vicepresidente» por «presidencia» o «vicepresidencia». Lo mismo sucede con «secretario», que se cambiaría por «secretaría».
En el debate de la toma en consideración de esta reforma parlamentaria, la diputada socialista Susana Ros ha explicado que el uso del masculino genérico «coloca a las mujeres en una posición de insignificancia», las invisibiliza y excluye, por eso ha defendido que el lenguaje inclusivo es trascendente para la igualdad.
Desde Sumar, Esther Gil de Reboleño ha afirmado que la lengua es muy rica y permite utilizar conceptos que no excluyan a nadie: «Lo que no se nombra no existe y las mujeres somos más del 50 % de la población. (…) ¿De qué tienen miedo las personas que piensan que esto es una pamplina sin importancia que no otorga más derechos a las mujeres, por qué no entienden que la sociedad avanza cuando se llama a las cosas por su nombre?», ha preguntado.
Crítica con la iniciativa se ha mostrado Marta González, del PP, que ha asegurado que «el lenguaje inclusivo es una cuestión política» y muy polémica que no cuenta con el respaldo de la Real Academia de la Lengua. En este sentido, ha pedido reflexionar sobre si la lengua modela la forma de interpretar la realidad o bien es la evolución social la que se materializa ne el lenguaje. Su grupo ha votado en contra de toma en consideración de la reforma.
El pasado 13 de febrero la Real Academia Española manifestó su discrepancia con el impulso que el Congreso de los Diputados quiere darle al lenguaje inclusivo, primero a través de una guía orientada a la administración parlamentaria y ahora con la reforma del Reglamento. En ese comunicado, criticaba especialmente la recomendación de no abusar del masculino genérico.
Al igual que Vox, que considera que la adopción del lenguaje inclusivo en el Congreso de los Diputados «no sirve para avanzar» hacia la igualdad, sino que es «una patochada», «una carcundia de la izquierda» y «una lengua absolutamente inventada que pretende responder a los intereses de un feminismo radical, bronco, sectario y excluyente», en palabras del diputado Ignacio Gil Lázaro.
La diputada de Podemos Ione Belarra ha denunciado que el lenguaje inclusivo molesta a la derecha porque quiere «volver a un país en blanco y negro», donde las mujeres y el colectivo LGBTI estén invisibilizados y los hombres acaparen todo el poder, la responsabilidad y el reconocimiento. Además, ha solicitado que se incluya a las personas no binarias en ese Reglamento.
En el debate, Isabel Pozueta (EH Bildu) ha pedido ambición para revisar también la Constitución Española con el objetivo de adaptarla al lenguaje inclusivo, pues «no tiene en cuenta a la mitad de la población» y se limita a hablar de españoles, ciudadanos o trabajadores.
