El PP recurrirá la ley de amnistía ante el Constitucional y la Unión Europea
La decisión llega tras el informe de los letrados del Senado que asegura que esta norma vulnera la Carta Magna
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo | Marta Fernández (Europa Press)
El PP recurrirá la ley de amnistía ante el Tribunal Constitucional, «al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y a todo estamento o institución en el que se pueda frenar esta ley de impunidad», según han asegurado los populares en un comunicado a los medios de comunicación este martes. La decisión llega tras el informe de los letrados del Senado sobre esta norma, asegurando que es inconstitucional.
Los de Feijóo consideran que esta conclusión es «un aviso sin precedentes que haría rectificar a cualquier presidente si no estuviese extorsionado por los independentistas». Destacan que, además, el informe cuenta con la opinión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), así como la de asociaciones judiciales, de exmagistrados del Constitucional y de los letrados de la Comisión de Justicia del Congreso.
«Esto demuestra que cuando los profesionales pueden opinar libremente dicen sin reparos lo que sostiene el PP hace meses: la ley de amnistía revienta los principios de la Constitución», aseguran desde el PP. Insisten, por ello, en que «es ridículo defender esta ley» y que «cualquier Gobierno que tuviera algo de dignidad» la retiraría de las Cortes ya que, afirman, esta «es la única salida decente».
La norma debe continuar con su tramitación
A pesar del informe desfavorable de los letrados del Senado, estos explican que la ley debe continuar con su tramitación. En este sentido aluden al artículo 104 de su Reglamento así como al artículo 90 de la Constitución, que les «obligan inexorablemente y de forma inmediata» a seguir tramitándola, sin que puedan volver a calificar la iniciativa para oponer una inadmisión a trámite.
Así, desde el Senado explican que el efecto de la no tramitación de la ley en la Cámara Alta sería que esta quedaría «aprobada incluso antes de lo previsto» y se perderían «dos debates políticos de máxima relevancia». Advierten, eso sí, de que el «carácter» de esta no es el de una ley orgánica y que «debería plantearse el eventual desglose de la iniciativa, de ser este posible».
Los letrados también han solicitado «concretar el plazo para la tramitación», del que en estos momentos hay «una grave indeterminación puesto que está pendiente de resolución y en fase de alegaciones el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la reforma del Reglamento».
Por último, aluden a que tras la entrada de esta iniciativa en la Cámara Alta «se podría plantear un conflicto entre órganos constitucionales (artículo 73 a 75 de la Ley del Tribunal Constitucional)» en dos fases. Una «previa mediante la celebración de un pleno en el Senado» para pedir al Congreso que retire la proposición de ley y una posterior ante el Tribunal Constitucional, «con petición de suspensión cautelar del procedimiento legislativo» por el «perjuicio irreversible que la espera de la resolución del Alto Tribunal pudiera provocar en las atribuciones que la Constitución confiere a la Cámara Alta».
