El PP reclama al Gobierno que rinda cuentas cada dos meses sobre los fondos UE

Las dudas sobre la gestión que el Gobierno de Pedro Sánchez está realizando de los fondos Next Generation de la Unión Europea, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia, aprobado por Bruselas tras la pandemia del Covid, ha llevado al Partido Popular a reclamar un control permanente. Ya son varias las iniciativas que ha presentado, la última es una moción, para su debate en el Pleno de la próxima semana, en la que pide al Gobierno que cada dos meses rinda cuentas de esta gestión, según el texto de la iniciativa, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.

Esta moción es consecuencia de la interpelación que los populares le hicieron al Gobierno de Sánchez en la sesión plenaria plenaria del pasado día 19, «sobre las medidas de política económica que han servido para implementar los Fondos Next Generation EU en el territorio español y su repercusión por áreas y proyectos específicos». La respuesta del Ejecutivo la asumió el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en vez de la titular de Hacienda, María Jesús Montero, responsable de estos fondos.

El senador popular Gerardo Camps alertó de que la ejecución de los fondos «es una sucesión de preguntas sin respuesta» y que «el nivel de opacidad es enorme, por lo que es imposible saber cuánto llega a la economia real». La conclusión a la que llega es que es «imposible seguir el rastro hasta su destino final». A su juicio, se están encontrando «un Gobierno incapaz, con más propaganda que efectividad. Se oculta una gestion desastrosa con deficiencias en las unidades de auditoría y control». Finalmente, reclamó «maxima transparencia a las rendición de cuentas».

El ministro mostró su «firme compromiso con la rendición de cuentas» y recordó que se ha aplicado un «sistema de control desplegado en varios niveles», que incorpora la detección de «conflictos de intereses y lucha contra el fraude». Igualmente, hizo referencia a los informes trimestrales que se publican de la ejecución del plan y las comparecencias en Congreso y Senado para dar cuenta».

El Grupo Popular ha tomado buena cuenta de la afirmación del ministro y en su moción, que firma la portavoz popular Alicia García, va a instar al Gobierno a «realizar de manera pormenorizada un desglose de los Fondos Next Generation EU por áreas y proyectos específicos, con el objetivo de conocer el ritmo de ejecución de las distintas convocatorias, su resolución, la tipología de los proyectos financiados, los sectores y el tamaño de las empresas que reciben los mismos».

Igualmente, reclaman al Ejecutivo, «hacer comparecer, con carácter obligatorio cada dos meses en la Comisión de Presupuestos del Senado y Congreso, al responsable de la Dirección General del Plan y del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia dependiente de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, para que de cuentas del estado de ejecución de los Fondos Next Generation EU».

Los populares muestran su preocupación porque «desde agosto de 2021 el Gobierno no publica apenas datos sobre el destino final de los fondos. El nivel de opacidad es enorme, tanto que es imposible saber cuánto del dinero recibido está llegando a la economía real. Ya le sucedió a la representación del Parlamento Europeo cuando visitó nuestro país para conocer dónde y cómo se estaban repartiendo los fondos europeos. Su conclusión no pudo ser más elocuente. Es imposible seguir el rastro de los fondos hasta su destino final».

Igualmente, subrayan que la Airef (Autoriedad Independiente de Responsabilidad Fiscal) «ha reclamado en reiteradas ocasiones mayor transparencia tanto en el acceso a los datos de ejecución, el listado de beneficiarios finales y la existencia de una verdadera plataforma de acceso público donde encontrar toda la información sobre estos fondos. Y, en el mismo sentido, se ha pronunciado el Banco de España, que ha acabado elaborando sus propios cálculos sobre el ritmo al que los fondos están llegando a la economía real. Los pocos centros de estudios y análisis que realizan informes sobre la materia coinciden también en la falta de información oficial y en que no hay forma de saber cuánto de lo adjudicado ha llegado ya efectivamente a la economía real o cuánto se retiene en las cuentas del Estado».

Finalmente, apuntan que «esta falta de transparencia tanto en el acceso a los datos de ejecución, como al listado de beneficiarios finales y la existencia de una verdadera plataforma de acceso público donde encontrar toda la información y la trazabilidad sobre estos fondos, es lo que nos hace desconfiar del incumplimiento de los objetivos finales de los Fondos Next Generation EU».

A día de hoy, España ya ha recibido tres desembolsos de los fondos Next Generation. En 2021 tuvo lugar un desembolso de 9.039 millones de euros de la prefinanciación correspondiente al 13% del total asignado, 10.000 millones de euros en diciembre de 2021, 12.000 en julio de 2022 y 6.000 millones en febrero de 2023. España ha recibido 37.036 millones de euros, el equivalente al 53% del total que corresponde al país en forma de transferencias no reembolsables, que ascienden a un total 69.528 millones de euros del Plan de Recuperación.

El cuarto desembolso, por un importe de 10.000 millones de euros, ya ha sido pedido, y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, espera conocer el informe de la Comisión Europea respecto al cumplimiento de los hitos en la segunda mitad del mes de marzo. Para que Bruselas entregue este dinero tiene que comprobar que se han cumplido los hitos exigidos, como es el caso de la reforma del subsidio por desempleo, que fue tumbada por el Congreso de los Diputados el pasado mes de enero.

Este periódico ha desvelado varios casos de presunto fraude en la gestión y concesión de los fondos europeos que están siendo investigados en varias instancias políticas y judiciales. Una de estas sospechas ya había sido denunciada ante la Fiscalía Europea por un grupo de empresarios que alertaron sobre un posible fraude en la gestión de los fondos Next Generation para el «proyecto de la Biorrefinería de Barcial del Barco y La Robla». Esta denuncia se transformó en querella ante el Juzgado de Instrucción número 6 de Zamora, que en la actualidad se está instruyendo. El posible fraude, siempre según los denunciantes, podría ascender a 500 millones de euros.

Igualmente, un grupo de 15 trabajadores contratados por la Fundación Social Desarrollo Responsable (Munus) y Pánico Escénico S.L., presentaron una denuncia por irregularidades en el pago de salarios y en las condiciones de trabajo ante el Ministerio de Trabajo, que está siendo investigada por este departamento con el envío de inspectores a esta fundación, como ha desvelado THE OBJECTIVE. A la fundación y la empresa le fueron concedidas dos subvenciones de fondos europeos por importes de 1.599.998,40 euros y otra de 1.199.998,80 euros.

Las ayudas llegaron por medio del SEPE (Servicio Público de Empleo) a cargo del Ministerio de Trabajo y Economía Social para la realización del programa TándEM. El afectado, en conversación con este periódico, alertó sobre la falta de control del departamento ministerial que dirige Yolanda Díaz sobre la gestión del dinero y la ejecución del proyecto. «Paralizaron durante dos meses el dinero de la primera fase para ver qué pasaba con el dinero, qué voló. Investigaron y dijeron que todo bien», insiste.

El tercer caso publicado por THE OBJECTIVE se refiere al Programa Primera Experiencia Profesional en Administraciones Públicas, gestionado por el SEPE, con una subvención de 112 millones de euros. Decenas de trabajadores de diversos puntos de España que habían firmado su contrato para empezar a trabajar en centros penitenciarios no han podido hacerlo y elevaron una queja al Defensor del Pueblo.