El PP crea un grupo de trabajo Congreso-Senado para vigilar la gestión de los fondos UE

La polémica gestión que está haciendo el Gobierno de Pedro Sánchez de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, conocidos como Next Generation, ha hecho saltar todas las alarmas en el Partido Popular. Con el objetivo de hacer un seguimiento exhaustivo del destino del dinero, los populares han creado un grupo de trabajo formado por diputados y senadores que durante toda legislatura vigilarán cómo se han adjudicado, a quién, para qué proyectos, entre otras cuestiones, según ha podido saber THE OBJECTIVE de fuentes populares.

Este grupo de trabajo dirigido por el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, e intregrado por los diputados Jaime de Olano y José Vicente Marí, y el senador Gerardo Camps, celebró la semana pasada su primera reunión para organizar sus trabajos y este jueves tienen previsto un segundo encuentro. Su primera iniciativa será este martes en el pleno del Senado, con una interpelación parlamentaria «sobre las medidas de política económica que han servido para implementar los Fondos Next Generation EU en el territorio español y su repercusión por áreas y proyectos específicos». Esta interpelación correrá a cargo del senador Gerardo Camps, y el Grupo Popular espera que sea respondida por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Como consecuencia de la misma, los populares presentarán una moción. Igualmente, registrarán preguntas al Gobierno sobre las dudas que vayan teniendo sobre la aplicación de estos fondos.

Este grupo se ha creado «por la importancia que creemos que tiene la materia. Hay que hacer un seguimiento especial de esta cuestión», señala a este periódico el senador Camps. «Cremos que nos podemos encontrar, lamentablemente, con muchas sorpresas no positivas, dado que ‘menos sabemos que sabemos’. Si por algo se caracteriza toda la gestión que han hecho hasta ahora es por la falta de transparencia, oscurantismo. Por lo que vamos sabiendo, no solo hay falta de transparencia, si no arbitrariedad, van a salto de mata, para ir ejecutando con urgencia, ya que no existe planificación en gran parte de los fondos».

En la interpelación de esta tarde, el senador popular hará referencia a las informaciones que ha venido publicando THE OBJECTIVE sobre la situación interna del Ministerio de Hacienda y de los responsables del plan, sobre todo las dos dimisiones: Rocío Frutos y Jorge Fabra. Igualmente, destacarán el mal funcionamiento del sistema informático CoFFee, en el que, teóricamente, se vuelcan todos los datos del plan y que ha sido objeto de investigación por parte de los auditores de la Comisión Europea.

Los populares ya habían lanzado la advertencia de su intención de crear un frente parlamentario para exigir transparencia sobre la gestión de unos fondos que acumulan varias denuncias sobre presuntos delitos, como así ha venido publicando este periódico. La Oficina Europea Antifraude (OLAF) fue la primera que alertó sobre posibles irregularidades y solicitó al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude información sobre seis contratos adjudicados por diferentes organismos e instituciones españolas.

Igualmente, un grupo de 15 trabajadores contratados por la Fundación Social Desarrollo Responsable (Munus) y Pánico Escénico S.L., presentaron una denuncia ante el Ministerio de Trabajo. A la fundación y la empresa le fueron concedidas dos subvenciones de fondos europeos por importes de 1.599.998,40 euros y otra de 1.199.998,80 euros. Las ayudas llegaron por medio del SEPE (Servicio Público de Empleo) a cargo del Ministerio de Trabajo y Economía Social para la realización del programa TándEM. El afectado, en conversación con este periódico, alertó sobre la falta de control del departamento ministerial que dirige Yolanda Díaz sobre la gestión del dinero y la ejecución del proyecto. «Paralizaron durante dos meses el dinero de la primera fase para ver qué pasaba con el dinero, qué voló. Investigaron y dijeron que todo bien», insiste.

Las irregularidades se concretan en «incumplimientos contractuales, abarcando aspectos como el impago de nóminas, la falta de contratos en los primeros meses en algunos casos o altas de falsos autónomos en otros, el incumplimiento de la jornada pactada, la omisión de la provisión de documentos esenciales como el contrato, el calendario laboral o las nóminas con sus respectivas cotizaciones y el cambio de alta de un organismo a otro sin comunicación ni consentimiento».

El tercer caso publicado por THE OBJECTIVE se refiere al trata del Programa Primera Experiencia Profesional en Administraciones Públicas, gestionado por el SEPE, con una subvención de 112 millones de euros. Decenas de trabajadores de diversos puntos de España que habían firmado su contrato para empezar a trabajar en centros penitenciarios no han podido hacerlo y elevaron una queja al Defensor del Pueblo.

Las irregularidades se concretan en «haber realizado una selección de personal sin tener los medios suficientes para hacer efectivos los contratos en un tiempo moderado (ha pasado un año y tres meses desde que realizaron la selección), haber jugado con las expectativas laborales y personales de cientos de jóvenes en toda España y llevar a cabo una firma de contratos que no poseen validez alguna al no tener la firma ni la fecha de inicio de la actividad laboral, generando así esperanzas de que se va a alcanzar el supuesto puesto de trabajo».

Un año y medio después de acogerse al programa, no han podido comenzar a trabajar y, lo que es peor, el SEPE e Instituciones Penitenciarias se pasan la pelota sobre si han recibido el dinero, «el SEPE ha entregado ese dinero y se desentiende. Se supone que lo ha entregado a instituciones penitenciarias y ellos son los que lo tienen que gestionar, pero dicen que no les ha llegado. Alguien miente porque se pasan la pelota unos a otros», asegura a este periódico una de las afectadas.

A día de hoy, España ya ha recibido tres desembolsos de los fondos Next Generation. En 2021 tuvo lugar un desembolso de 9.039 millones de euros de la prefinanciación correspondiente al 13% del total asignado, 10.000 millones de euros en diciembre de 2021, 12.000 en julio de 2022 y 6.000 millones en febrero de 2023. España ha recibido 37.036 millones de euros, el equivalente al 53% del total que corresponde al país en forma de transferencias no reembolsables, que ascienden a un total 69.528 millones de euros del Plan de Recuperación.

El cuarto desembolso, por un importe de 10.000 millones de euros, ya ha sido pedido, y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, espera conocer el informe de la Comisión Europea respecto al cumplimiento de los hitos en la segunda mitad del mes de marzo. Para que Bruselas entregue este dinero tiene que comprobar que se han cumplido los hitos exigidos, como es el caso de la reforma del subsidio por desempleo, que fue tumbada por el Congreso de los Diputados el pasado mes de enero.