Ayuso, en presencia de Aragonés: «Cataluña es de todos, no es una nación soberana»
La presidenta madrileña asegura que «la discordia comenzó porque los resentidos no pudieron soportar el mejor momento de la dignidad de España»
La totalidad de los presidentes y dirigentes autonómicos del Partido Popular que este lunes han comparecido ante la Comisión de las Comunidades Autónomas del Senado que debate la Proposición de ley de amnistía del PSOE, aprobada por el Congreso de los Diputados y que tramita la Cámara Baja, han rechazado de forma contundente esta norma. En esta ocasión, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonés, ha permanecido en la sala y ha escuchado algunos discursos del Partido Popular, aunque se fue dos horas después de iniciarse la sesión a las diez de la mañana, a diferencia del Gobierno, que no ha mandado a ningún representante.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este lunes, durante su intervención en la Comisión de las Comunidades Autónomas en el Senado, «que lo que no debe pasar es que el Estado pida perdón a los criminales» que utilizaron el dinero de todos para un golpe de estado en Cataluña». La dirigente popular, en presencia de Pere Aragonés, ha afirmado categóricamente que «Cataluña es de todos, igual que lo es Madrid. Cataluña no es una nación soberana, la soberanía nacional reside en el pueblo español, lo que sea Cataluña es cosa de todos»
Ayuso ha acusado al PSOE de olvidarse «de la igualdad de los españoles. La amnistía nos rompe a todos, y también a vosotros, señores del PSOE ¿Cómo es que las comunidades no pintamos nada en el Senado y sí los que quieren desguazar esta Cámara con pinganillos? Cada ilegalidad que imponen al Estado va seguida de otra mas dañina, un estado pacífico no es un estado sumiso».
La presidenta madrileña señaló que «la discordia comenzó porque los resentidos no pudieron soportar el mejor momento de la dignidad de España. La discordia la alimentó el presidente Zapatero» y rechazó la amnistía a “delincuentes”: «Estamos ante un golpe contra la unidad nacional y será imparable si no reaccionamos a tiempo».
La dirigente popular insistió en que «el Gobierno ha hecho bandera del frentismo, de la mentira y de traicionar el mandato de las urnas, las instituciones y la propia Constitución, la mejor de nuestra historia. Estamos ante un golpe contra la unidad nacional, la democracia y el Estado de Derecho, programado y por etapas, y que será imparable si no reaccionamos a tiempo. ¿De qué represión nos habla señor Aragonés? ¿La que aplican ustedes con los catalanes que luchan por el derecho constitucional de sus hijos a ser educados en español? ¿Me habla de represión, de la quema de las calles de Barcelona, de la expulsión de empresas, el bloqueo de las infraestructuras para la movilidad de los catalanes?».
El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se preguntó «hasta dónde va a llegar Pedro Sánchez por el poder» y advirtidó de «no nos vamos a callar. Vamos a alzar la voz y seguiremos trabajando por España y su unidad».
El consejero de Presidencia de Andalucía, Antonio Sanz, ironizó sobre «la fe de Aragonés al independentismo de Sanchez. Es venir aquí a pisotear el Estado de las Autonomías que nos dimos entre todos. El problema es el señor Sánchez, que tiene un presidente sin principios y sin escrúpulos ¿Y se quedan así, señores socialistas?».
La presidenta de Extremadura, María Guardiola, inició su intervención afirmando que»por mucho que una mentira se diga con mucha solemnidad no se convierte en verdad. España es una arquitectura que ahora tiembla por el descrédito de alguien que ha traicionado a su país y ha pisoteado las rosas del PSOE. La ley de amnistía no es reconciliación sino la legitimidad de una ruptura». A su juicio, la ley de amnistía «rompe la solidaridad entre territorios y las instituciones de nuestro país. Sánchez ha gobernado a la medida de un delincuente: Carles Puigdemont».
El presidente de Aragón, Jorge Azcón, se diririgió directamente al presidente Peré Aragonés: «Quien quiera reirse de los aragoneses demuestra su enanez política. Olvídese de los países catalanes, la Corona de Aragón está orgullosa de pertenecer al Reino de España». A continuación, acusó al Gobierno de Pedro Sánchez de «colaboración activa» con el intento de golpe de Estado en Cataluña y calificó de «una rotunda inmoralidad, inconstitucional y un grave atentado contra el Estado de las Autonomías» la ley de amnistía.
El presidente de Valencia, Carlos Mazón, calificó de «humillación al Estado» las palabras de Aragonés y la Ley de porque «la auténtica razón para la aprobación de la norma no aparece». «Esa ensoñación de los países catalanes no ha existido, ni existirá. No voy a tolerar ningún menosprecio más a la Comunidad valenciana. Ni se le trolea, ni se le humilla. Se le respeta».
Mazón aseguró que «el espectáculo es sonrojante» y definió como «bochorno la aventura personal del presidente del Gobierno» en contra de la voluntad de los españoles. «No es solo una proposición de ley inconstitucional. Es falsa desde el puno de vista jurídico, y toxica desde el punto de vista de la convivencia. Todo vale para impedir la alternancia política», señaló.
El presidente de Murcia, Fernando López Miras, subrayó en su intervención que esta ley «no es el final sino el principio de la hoja de ruta secesionista. Lo han dicho bien claro: el final del camino es la autodeterminación», destacando que «por primera vez», en referencia al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «alguien se somete al chantaje de los secesionistas».
Lopez Miras alertó de que la ley de Amnistía es «inconstitucional, un traje a medida del independentismo identitario, el principio de la hoja de ruta secesionista cuyo fin es la autodeterminación» y subrayó que está redactada por los delincuentes a los que beneficia, «premiando a quien ha cometido un delito». Iguyalmente, advirtió de que y advierte de que lleva como exigencia privilegios económicos para que «tenga más una de las regiones que más tiene».
Finalmente, confirmó que Murcia denunciará la amnistía en cuanto sea posible y señaló que la exigencia de un pacto fiscal supone «dinamitar el sistema de financiación de las comunidades de régimen común».