Letrados del Congreso avalan la maniobra del PSOE para frenar la citación de los fiscales
Los expertos sostienen que hay precedentes y que estos profesionales pueden acudir para hablar de asuntos generales
Los portavoces de PSOE y Sumar en la comisión de la comisión Koldo. | Eduardo Parra (Europa Press)
La presencia de fiscales en la comisión del caso Koldo en el Congreso sigue en el aire. Sus nombres aparecen en el listado definitivo de 134 comparecientes aprobada el pasado martes con el apoyo del PSOE, que se desdijo en menos de 24 horas. Los socialistas estudian la manera de evitar que acudan a la comisión de investigación. Hay varias fórmulas, pero la más sencilla es posponer las citaciones de forma indefinida y dejarlas morir, como se conoce en la jerga parlamentaria. Una estrategia que avalan los letrados de la Cámara Baja consultados por THE OBJECTIVE, ya que si no se cursa citación «no hay obligación jurídica» de acudir.
El PSOE no puede eliminar las comparencias de los fiscales en la comisión de investigación de forma unilateral. Dispone de dos vías para regatearlas. La primera pasa por repetir la votación, pero en estos momentos los socialistas no cuentan con votos suficientes para suprimir los nombres de los tres fiscales. Sus socios parlamentarios están molestos por su repentino cambio de opinión y no están dispuestos a modificar su decisión original.
La otra opción para frenar las comparecencias pasa por posponerlas sine die y dejarlas morir. Los socialistas necesitan la ayuda de Sumar en esa operación, con quien conforman mayoría absoluta en la mesa de la comisión. Los de Yolanda Díaz no pondrán obstáculos a la maniobra. «Es la mejor opción que tiene el PSOE. Lo otro sería votar de nuevo y no tiene garantizada una mayoría suficiente para cambiar el listado de comparecientes», reconoce un letrado del Congreso.
La tercera vía del PSOE
Ninguna de las dos fórmulas sería ilegal, según los expertos. «Cuando se crea una comisión de investigación se acuerda citar a mucha gente, pero nunca se convoca a todas las personas que aparecen en el listado oficial. En esta ocasión tampoco tienen por qué ir los 134 comparecientes. No daría tiempo en toda la legislatura», admite otro letrado de la Cámara Baja. En su opinión, al PSOE le basta con no citar nunca a los fiscales en el orden del día, algo que «no incumple ninguna ley ni dictamen».
«Las comisiones de investigación empiezan muy fuertes, pero se desinflan con el paso del tiempo», asegura este profesional que ofrece asesoramiento a los diputados. Explica a THE OBJECTIVE que existen dos etapas diferentes en el desarrollo de estas comisiones. La primera consiste en disponer de un plan de trabajo y aprobar una lista de comparecientes, como ocurrió el pasado martes. Eso no significa que haya que llamarles a todos. La segunda parte del proceso pasa por citarles.
«Solo se genera compromiso cuando se cita nominalmente a los comparecientes. Por el hecho de aparecer en un listado no se crea obligación jurídica», insiste este letrado del Congreso. Afirma que una vez que se recibe la convocatoria para acudir a una comisión de investigación es ineludible acudir. En caso de no hacerlo se comete un delito de desobediencia, regulado en el artículo 502.1 del Código Penal y que conlleva penas de prisión de tres meses a un año.
En caso de que sea una autoridad o funcionario público el que incumple la obligación de comparecer en una comisión de investigación se le impone, además, la pena de suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años. No ocurre lo mismo en el caso de que sea una comisión general o específica. El Reglamento de la Cámara también establece que las citaciones deben realizarse con 15 días de antelación, aunque la cifra se reduce a cinco si se trata de un caso urgente.
Precedentes en el Congreso
No existe una ley específica que regule el funcionamiento de las comisiones. Se sigue tanto el Reglamento del Congreso como la Constitución, por lo que la normativa es limitada. «Se funciona con precedentes. Y en este caso los hay», revela el letrado. La Cámara Baja llamó en el pasado tanto a fiscales como jueces, como demuestran los casos de Eduardo Fungairiño y Baltasar Garzón, que comparecieron en la comisión de investigación de los atentados del 11-M en julio de 2004.
«Soy partidario de que los fiscales acudan a las comisiones siempre que hablen de asuntos generales, donde no tiene que revelar investigaciones en marcha. Esto último supondría vulnerar la independencia judicial y la instrucción del procedimiento», insiste este letrado. «No hay ningún problema en que comparezcan. Otra cosa es lo que digan», confirma otro. Sin embargo, esa opinión no es unánime entre los profesionales que se encargan de asesorar a sus señorías.
La comparencia de fiscales no partió del PSOE, que no las incluyó en su listado inicial de 84 peticiones. Tras negociar con sus habituales aliados parlamentarios, acordaron una lista en la que aparecían. El Congreso aprobó el martes la relación definitiva con 134 comparecientes en la que se encuentran Codruta Covesi, jefa de la fiscalía europea; Ignacio de Lucas, fiscal europeo que investiga el caso Koldo (propuesto por Junts); y Alejandro Luzón, fiscal Anticorrupción (solicitado por Bildu).
La decisión levantó ampollas en el Ministerio Público. El fiscal general del Estado solicitó por carta al presidente de la comisión que reconsiderara la decisión porque podría perturbar el trabajo de los fiscales y «constituir un inconveniente» para la tramitación de las investigaciones en marcha. Otro de los que alzó la voz fue el ministro de Justicia, Félix Bolaños, que contradijo la posición de su partido. El PSOE anunció entonces que no les citaría, aunque no precisó la fórmula.
El giro soliviantó a los socios parlamentarios de Pedro Sánchez. Bildu y Junts rechazan volver a votar el listado. De hacerlo, mantendrían su voto inicial, lo que dificultaría recabar apoyos para derrotar a las derechas. Tampoco están de acuerdo en que se posponga indefinidamente las citaciones y las dejen morir. El riesgo de distanciamiento ha motivado que el PSOE esté sopeando una solución intermedia. Según las fuentes consultadas por este diario, la solución pasaría por mantener la comparencia de los tres fiscales siempre y cuando siempre y cuando no se les pregunte sobre una investigación concreta.
