Un jurista propuesto por el PP cree que serían constitucionales otras amnistías pero «no esta»

 El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid, Fernando Rey, propuesto por el PP para comparecer en el trámite de la ley de amnistía, ha señalado este jueves en el Senado que aunque las amnistías sí podrían encajarse en el ordenamiento jurídico español, «no esta, ni en este momento».

«Creo que no se vulneraría la racionalidad técnico-jurídica si el Tribunal Constitucional dijera que no se puede dictar una ley de amnistía sin previo reconocimiento constitucional, y creo que también podría decir lo contrario», ha expuesto Rey en su turno de respuesta a los senadores.

Y a esto añade que ve «serias dudas de que se pueda dictar una ley de amnistía, pero sí me muestro más bien favorable… Creo que se podría dictar una ley de amnistía, pero no esta».

Ha reconocido, a continuación, que en eso se desmarca de otros constitucionalistas, entre ellos su maestro, Manuel Aragón, antes de centrarse en que la actual proposición de ley es la que no encajaría en la Constitución, al haberse acordado en un «momento de formación del Gobierno».

Así, para Rey, la finalidad escapa del interés general que aparece en la exposición de motivos de la ley y su tramitación necesitaría una «mayoría cualificada y reforzada» que se equipare a la necesaria para reformar la Constitución, lo que considera «razonable» porque una amnistía es, en su opinión, «una excepción de la propia Constitución en su conjunto».

«Una reforma constitucional para aprobar una amnistía sería lo idóneo si tuviéramos un régimen que diera alguna facilidad para reformar la Constitución, pero hay países que exigen una mayoría más reforzada que la absoluta», ha trasladado el experto.

En su opinión, en España se emplean las leyes para «ir reformando» la carta magna, «acumulando mutaciones constitucionales», y cree que, aunque la última palabra la tenga el Tribunal Constitucional, la proposición de ley incumple los principios de racionalidad, proporcionalidad y su utilidad para el interés general. Aun así, el constitucionalista ha insistido en que una ley de amnistía es posible en el ordenamiento español, pero «no cualquier amnistía ni en cualquier momento».

Rey es el noveno en comparecer de los quince expertos convocados por la comisión conjunta Constitucional-Justicia que tramita la proposición de ley orgánica y que el 6 de mayo elevará su ponencia al Pleno, para que decida sobre los vetos presentados por el PP y Vox, ya sea el día 8 o el 14, pues esas son las dos sesiones plenarias convocadas antes de que acabe el plazo para que el Senado tenga que devolver el texto al Congreso.

De los cuatro juristas propuestos por el PP anteriores a Rey, dos de ellos opinaron que la amnistía no cabe en la Constitución, mientas que otros dos obviaron en sus comparecencias esa cuestión.

Así, Araceli Mangas, catedrática de derecho internacional público de la Complutense de Madrid, se centró en el ajuste de la amnistía en el derecho europeo y dijo a los senadores que la constitucionalidad de la ley no le correspondía, mientras que el presidente de la fundación Hay Derecho, Segismundo Álvarez, también se excusó de pronunciarse sobre la constitucionalidad.

La compareciente de Vox

La octava en comparecer, también este jueves, la cocoordinadora jurídica de Vox, Marta Castro, ha destacado la «falta de apoyo social y político» de la ley de amnistía.

Además, ha enumerado los motivos por los que considera que la amnistía para los encausados por el procés supone una «afectación constitucional» con «consecuencias jurídicas irreversibles».