Sindicatos de la Policía denuncian que un grupo de mossos escolta a Puigdemont en Francia
Solicitan que intervenga la Fiscalía y el Ministerio del Interior por un «escándalo intolerable»
El expresidente de la Generalitaty candidato de Junts a las elecciones catalanas, Carles Puigdemont. | Jordi Boixareu - Zuma Press
Varios sindicatos de la Policía Nacional han pedido investigar la escolta ofrecida en Francia al expresidente catalán y candidato de Junts, Carles Puigdemont, por parte de agentes de los Mossos d’Esquadra durante sus actos de campaña en Francia para las elecciones del próximo domingo. Piden que intervenga la Fiscalía y el Ministerio del Interior por un «escándalo intolerable, estén los agentes de servicio o no».
El presidente de la Generalitat y candidato de ERC a la reelección, Pere Aragonès, ha enmarcado en una cuestión personal que agentes de los Mossos fuera de servicio y sin arma protejan a Puigdemont, y ha dicho que si es fuera de horario y cumplen la ley «no tiene por qué haber problema». Según ha dicho, será el régimen interno del cuerpo quien deberá dirimir si se ha producido alguna irregularidad.
Sindicatos de la Policía Nacional, que ya alertaron en noviembre pasado de la ilegalidad de atender a la petición de Puigdemont para contar con servicio de escolta fuera de España, han mostrado este viernes su «sorpresa por la utilización de recursos públicos de manera irregular para la escolta de Puigdemont». Subrayan que esto es así estén o no de servicio los mossos desplazados a Francia, ya que el expresidente se fugó y sigue reclamado por la Justicia española, por lo que tendría que ser detenido en caso de volver a España.
Delitos de cohecho, malversación o encubrimiento
El SUP ha exigido una investigación exhaustiva por parte de la Fiscalía y el Ministerio del Interior para determinar la legalidad y las circunstancias de esta protección. En noviembre, este sindicato avisó de querellas por malversación y prevaricación administrativa en el caso de dar servicio de escolta a un «prófugo mientras la ley de amnistía no entre en vigor».
El sindicato reacciona a las palabras de Aragonès avisando de que «cualquier actividad relacionada con la seguridad para un policía en ejercicio de sus funciones está proscrita, incluso a título gratuito», remitiéndose al artículo 492 de la ley de enjuiciamiento criminal.
«La orden de detención que pesa sobre el prófugo Puigdemont está plenamente vigente, por lo que la obligación de cualquier policía es sumar todos los esfuerzos para conducir al fugado delante de un tribunal de justicia», añaden desde el SUP en declaraciones a Europa Press.
El SUP va más allá del régimen interno de los Mossos y cree que hay motivos suficientes para que la Fiscalía y el Ministerio del Interior investiguen. «Que esta protección la hagan sin contraprestación económica aparente no impide que no haya una promesa de recompensa velada o acordada», apuntando a la comisión de delito de cohecho, malversación de caudales públicos, la prevaricación administrativa o el encubrimiento.
Frenar la cesión de competencias
JUPOL también ha sostenido que Puigdemont es «una persona que no cumple con los requisitos establecidos para tener escolta policial», añadiendo que los Mossos «no tienen ninguna autoridad para realizar esas funciones, fuera de su horario laboral y en una demarcación en la que no tienen ninguna competencia al respecto».
CEP, otro de los sindicatos representativos de la Policía Nacional, ha sostenido que el hecho en sí de que haya mossos protegiendo a Puigdemont, «estén o no de servicio», supone un «escándalo intolerable que no puede perpetuarse un solo minuto más». Subrayan que se trata de una persona reclamada por la Justicia española y que, en el caso de cruzar la frontera, cualquier policía está obligado a detenerle.
«La no aplicación inmediata del régimen disciplinario legitima una situación que afecta a la imagen de ese Cuerpo de seguridad y a sus obligaciones jurídicas, entre las que recordamos que se encuentra el perseguir el delito en todo tiempo y lugar, estando o no de servicio», añade CEP.
Este sindicato ha exigido al Ministerio del Interior que tome medidas contra el departamento de Interior y que, mientras no se adopten medidas disciplinarias o penales contra esos mossos y contra los mandos, «se corte cualquier relación institucional con esa Administración».
En opinión de CEP, este tipo de noticias lleva a confirmar que hay que «congelar» cualquier cesión de competencia a los Mossos, a quienes acusa de tener el «virus de la politización de la seguridad pública». «En CEP pedimos más policías nacionales en Cataluña, más inversión en sus retribuciones, instalaciones y competencias y ni una sola cesión competencial más», han indicado.
