Sánchez bloquea una directiva europea que dejaría sin eurodiputados a parte de sus socios
España es el único país de la UE que no ha traspuesto a su ley la introducción de umbrales para el reparto de escaños
Pedro Sánchez durante el semestre español de la UE. | Foto: EP
El Gobierno de Pedro Sánchez está bloqueando desde hace seis años una decisión unánime de los Veintisiete que introdujo umbrales en la Acta Electoral Europea para el reparto de escaños en las elecciones europeas. Todo ello con el fin de no dejar a la mayoría de sus socios de investidura sin representantes en las elecciones del 9 de junio, advierten fuentes comunitarias a THE OBJECTIVE.
El Acta Electoral, que data de 1976, se ha reformado en dos ocasiones: en 2002 y 2018. Los últimos cambios se negociaron con Mariano Rajoy en la Moncloa, pero la aprobación definitiva se produjo en una de las primeras cumbres europeas de Sánchez como presidente del Gobierno. Concretamente, el 13 de julio de 2018, apenas un mes y medio después de la exitosa moción de censura que sacó al PP del poder.
Desde entonces, todos los países de la UE, a excepción de España, han traspuesto a sus respectivas legislaciones nacionales la decisión de establecer umbrales para el reparto de escaños y que, por regla general, «no podrá ser superior al 5% de los votos válidos emitidos».
Sin embargo, los Veintisiete introdujeron en 2018 la obligatoriedad de establecer también un umbral mínimo para aquellos Estados miembros que utilicen el sistema de votación de listas y cuenten con más de 35 escaños. Es el caso de España, que tendrá 61 representantes en juego en los comicios del 9-J después del reparto de asientos en la Eurocámara que hubo tras el Brexit.
«Dicho umbral no será inferior al 2% ni superior al 5% de los votos válidos emitidos en la circunscripción de que se trate, incluido un Estado miembro de circunscripción única», se indicó en el nuevo artículo 3.2 en una clara referencia al sistema que impera en España para el caso de las elecciones europeas.
Con la última modificación del Acta Electoral, quedó fijado que los Estados miembros «adoptarán las medidas necesarias para cumplir la obligación contemplada en el apartado 2 a más tardar para las elecciones al Parlamento Europeo que sigan a las primeras elecciones que se celebren después de la entrada en vigor» de esta decisión. Es decir, los cambios no afectarían a los comicios de 2019, pero sí a los de 2024.
Además, esta decisión del Consejo de la UE quedaba sujeta «a la aprobación por los Estados miembros de conformidad con sus respectivas normas constitucionales». A medida que fuesen siendo aprobados los cambios legislativos, cada capital notificaría a la institución europea «la terminación de los procedimientos necesarios a tal fin».
Todos los países han cumplido con este deber en la pasada legislatura… menos España. Y ello pese a que Sánchez dio su conformidad al acuerdo en julio de 2018. Así las cosas, no se cumple el último apartado del artículo 2 por culpa de Madrid: «La presente Decisión entrará en vigor el primer día siguiente al de la recepción de la última notificación a que se refiere el apartado».
De haber entrado en vigor para el 9-J los cambios en el Acta Electoral Europea, buena parte de los socios parlamentarios de Sánchez tendrían muy difícil conseguir un escaño en Estrasburgo. Si la barrera en España fuese en el umbral más alto -el del 5%-, casi todas las formaciones independentistas o nacionalistas tendrían complicado lograr representantes en el Parlamento Europeo. Y en ese escenario, no sería descartable que todos los escaños se los repartieran PP, PSOE, Vox y Sumar.
En 2019, la coalición liderada por ERC consiguió tres escaños con el 5,5% de las papeletas, mientras que Junts logró la misma cifra con el 4,5% de los sufragios, pero ahora las encuestas vaticinan un retroceso de ambas formaciones, sobre todo la de Carles Puigdemont. Incluso en el umbral más bajo del 2% habría candidaturas con dificultades para superar esta barrera: por ejemplo, la coalición Coalición por una Europa Solidaria impulsada por el PNV se quedó en el 2,8% de los votos hace cinco años y ahora los sondeos apuntan a un resultado más próximo al 2%.
La situación de Sumar y Podemos
En el caso de Sumar y Podemos, la formación de Yolanda Díaz está ahora en las encuestas por encima del 6%, por lo que no tendría problema de existir umbrales, pero el partido morado de Ione Belarra sí que estaría comprometido. Los sondeos indican que la candidatura de Irene Montero está en el 3,5% de cara al 9-J.
Al no haber entrado en vigor los últimos cambios en el Acta Electoral Europea, aún hay 13 países que no tienen ningún umbral electoral -entre ellos España y Alemania- pese a que han aprobado los cambios legislativos. Otros nueve -Francia, Chequia, Polonia, Rumanía, Eslovaquia, Croacia, Hungría, Letonia y Lituania- aplicarán el 9-J la barrera del 5%, mientras que tres países -Italia, Austria y Suecia- imponen el 4%. Por su parte, Grecia ha colocado un umbral mínimo del 3% para conseguir un eurodiputado y Chipre, del 1,8%.
