El juez del 'caso Koldo' pide los correos de dos altos cargos de Puente y Montero
El magistrado oficia a la Guardia Civil para que vuelque el buzón del email
El exministro socialista, José Luis Ábalos. | Europa Press
Ismael Moreno, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional -más conocido por ser el juez que investiga la trama Koldo– ha oficiado a la Guardia Civil para que entregue una copia de todos los correos corporativos del subsecretario del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Jesús Manuel Gómez García -que está bajo batuta del ministro Óscar Puente– y de Javier Sánchez Fuentefría, actual director general de Presupuestos en el Ministerio de Hacienda, ante los indicios de una «actividad» ilegal en los contratos con la empresa Soluciones de Gestión.
En un auto de este mismo miércoles, el juez ordena a los agentes que se desplacen a la sede del Ministerio situada en el Paseo de la Castellana y recopilen todos los mensajes intercambiados entre el 1 de enero de 2020 y el 1 de julio de ese mismo año. El magistrado explica en este escrito que tanto Gómez como Sánchez, según consta en los oficios de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, habrían participado «en la gestión de los contratos investigados» junto con el que fuera secretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares, y el director general de gestión de personas de ADIF, Michaux Miranda.
Son los propios agentes los que han solicitado al magistrado que dé la orden de recabar esos mensajes. «En el oficio solicitante se apuntan indicios que apuntan a que la subsecretaría del Ministerio de Transportes tuvo un papel relevante en que la contratación de Soluciones de Gestión -la principal empresa investigada- fuese transmitida a sus entes dependientes, Puertos del Estado y ADIF», apunta el auto. En ese momento, Fuentefría era director general de Organización e Inspección de Transportes.
En el informe, al que ha tenido acceso Europa Press, los agentes hacen referencia a Sánchez Fuentefría y a Gómez García. La Guardia Civil destaca el «papel clave» de Sánchez Fuentefría en que la contratación de Soluciones de Gestión fuese «transmitida a sus entes dependientes de Puertos del Estado y ADIF».
Los agentes sostienen que «han hallado correos electrónicos de los que se infiere» que Sánchez Fuentefría «se encargó de mantener la interlocución con ADIF a través de Michaux (Miranda)», entonces director general de gestión de personas de la entidad. Respecto a los contratos con ADIF, señalan que Miranda «asumió un papel relevante para que los trámites legales fueran cumplimentados» por la entidad y la contratación pudiera «llevarse a término».
Declaración de José Manuel Gómez
Asimismo, el Instituto Armado destaca la «vinculación directa» del subsecretario de Transportes José Manuel Gómez, el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García. Sostiene que la Subsecretaría del Ministerio, en manos de Gómez, asumió un rol clave en que la decisión de adjudicar a Soluciones de Gestión fuera transmitida a los entes que ejecutaron la contratación.
Según indican los investigadores, en el marco del procedimiento se han encontrado correos electrónicos en los que parece ejercer como «correa de transmisión entre la esfera próxima del ministro y los entes adjudicadores». Los agentes hacen hincapié en que Gómez declaró a los investigadores no haber participado en la adjudicación de los contratos a Soluciones de Gestión por parte de Puertos del Estado y Adif, una afirmación que la UCO considera que está «alejada de la realidad» después de analizar los correos electrónicos.
Cabe recordar que en este procedimiento que se instruye en el Juzgado Central de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional están bajo la lupa ocho contratos adjudicados por distintos entes de la Administración Pública con un importe global de 51.998.434 euros.
El juez investiga a Koldo García y otras seis personas por la presunta trama que habría pagado comisiones para conseguir adjudicaciones para la venta de mascarillas en la pandemia. La Fiscalía Anticorrupción les atribuye presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, delitos contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias.
