PSOE y Sumar planean un «sistema escalonado» de mayorías para el Poder Judicial
La mayoría parlamentarias necesaria irá primero de reforzada a absoluta y luego a simple
Reunión entre representantes de Sumar y del PSOE. | Agencias
Es la primera reforma que está en la lista del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para después de las europeas. Como adelantó este diario, la coalición prepara una reforma en el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en el marco de las medidas de «regeneración democrática» que anunció Sánchez tras su ‘reflexión’ personal. Según ha podido saber THE OBJECTIVE, la iniciativa correrá nuevamente a cargo de los grupos parlamentarios PSOE y Sumar, en lugar de presentarse a iniciativa del Gobierno, y pretende incluir «un sistema escalonado» de rebaja de las mayorías para evitar que la Comisión Europea obligue a su retirada, como ocurrió hace años con una iniciativa semejante. Lo que planean los dos partidos de la coalición es una fórmula gradual de rebaja en las mayorías parlamentarias para elección de los miembros del CGPJ, que permita, en función de unos plazos temporales concretos, renovar al órgano de gobierno de los jueces sin la actual mayoría reforzada de tres quintos, es decir, sin contar con el PP.
Fuentes de la coalición consultadas por este periódico explican que se trata de una fórmula intermedia entre lo que se presentó por PSOE y Sumar hace tres años, en 2021, y el objetivo final de que los vocales del Consejo se elijan por mayoría simple del Congreso y Senado. Esto implicaría que la renovación del poder judicial pudiera hacerse sin necesidad siquiera de llegar a los 176 escaños de la mayoría absoluta, es decir, sólo contando con más votos a favor que en contra. El Gobierno no precisaría siquiera de todos sus aliados parlamentarios para desbloquear el CGPJ, que actualmente precisa de una mayoría cualificada de tres quintos de la cámara baja, 210 votos a favor.
Plazos tasados para rebajar mayorías
La vía implicaría un «sistema escalonado» por fases temporales. En la primera, los grupos proponentes contemplan mantener el actual requisito de una mayoría reforzada de tres quintos (210 votos), acotada a un periodo de tiempo tasado de aproximadamente diez meses, que servirían de presión al PP para prestarse a la negociación tras 5 años (más de 2.000 días de bloqueo). A partir de ahí, se busca forzar un acuerdo rebajando el umbral de votos a la mayoría absoluta (176 votos) durante otro periodo de tiempo similar. Y, en ultimo término, de no haber alcanzado tampoco en ese plazo la mayoría, establecer un tercer escenario para permitir desbloquear la institución judicial con mayoría simple (más síes que noes). Una forma de incluir un cronómetro que ejerza de mecanismo de presión a los grupos parlamentarios para pactar los nombramientos.
Las dos alas de la coalición confían en que esta forma sea «un texto asumible por la Comisión Europea» porque mantiene parte del modelo actual pero establece mecanismos correctores o de presión para ‘afinar’ el sistema y protegerse ante el intento de la formación que esté en la oposición de bloquear la renovación. PSOE y Sumar asumen que «una ley que contemple una rebaja de las mayorías directa es imposible», porque ya se tumbó por parte de la CE en el caso de Hungría y Polonia, y después, de España. En consecuencia, perfilan la fórmula que pueda ser bendecida por las instituciones comunitarias que obligaron en 2021 al exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, a ordenar a las dos formaciones la retirada del texto de reforma ‘dura’ de la justicia.
Un sistema de puntuación
El Gobierno cree que esta reforma serviría para «democratizar» al poder judicial, que «dimanan de la soberanía nacional». Por ello, también se contemplan otros mecanismos para mejorar el mecanismo de elección de los vocales a través de un «sistema por puntos», en el que cada candidato a ocupar un puesto en el órgano de gobierno de los jueces tenga que obtener a una puntuación concreta otorgada por diferentes actores designados para el proceso, que tendrán que elaborar «una terna».
Pese a estar perfilando la reforma con sus socios de coalición, en Moncloa no dan por perdida la posibilidad de llegar a un acuerdo con el PP, una vez que se presente la misma en el registro del Congreso de los Diputados. Fuentes gubernamentales sospechan que el mero temor de los populares a verse excluidos del reparto de la tarta judicial servirá de palanca para forzar un acuerdo in extremis. A ello se le sumará la predisposición que ven en Moncloa a un pacto para participar en la renovación de la cúpula del Banco de España. Como adelantó THE OBJECTIVE hace varios meses, la intención de Pedro Sánchez es nombrar tanto al gobernador como al subgobernador del supervisor, dejando fuera al PP, si no se avienen a un pacto para el CGPJ. «Yo tengo la idea de que el PP va a continuar con el bloqueo, ojalá me equivoque… ».
El PP: «No se atreverá»
Desde luego, la intención del presidente del Gobierno es ir a por todas para renovar las instituciones pendientes, con o sin el PP, como deslizó en última comparecencia en el Congreso: «Después de las eleciones europeas tendremos que plantearnos todos los grupos parlamentarios qué hacer para devolver la normalidad a una institución tan importante como es el gobierno de los jueces». Pero los populares consideran que es un farol. «No creo que se atreva», confiesa un alto cargo de Génova a THE OBJECTIVE porque supondría entrar en colisión con la Unión Europea que «ya nos frenó la reforma de la justicia cuando el presidente gozaba de crédito internacional. Ahora que está cuestionado por el coste de la pantomima de la dimisión, su ataque a los jueces y la unilateralidad de las actuaciones en Israel, no se atreverá». Los populares consideran que, aunque amenace con ello, la prensa y el sistema judicial son «asuntos intocables, prohibidos en Europa».
A sumar a estos motivos existe uno más empírico y que las negociaciones entre la Comisión Europea, que ejerce de mediación, el PP y el PSOE «no se han roto en ningún momento. Se han puesto en contacto por separado» con ambas formaciones políticas. Y, pese a que el mandato de la comisión decae este mes de junio, a la espera de su renovación tras las elecciones del 9-J, los populares están convencidos de que Sánchez no abandonará el mecanismo de mediación actuando de forma unilateral.
