Sánchez planea asaltar el CGPJ y reforzar el papel de la Fiscalía tras las europeas del 9-J

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no pretende concretar en qué se traducirá el «punto y aparte» que anunció en su comparecencia del lunes hasta después de las elecciones europeas. Según ha podido saber THE OBJECTIVE, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, ha recibido la directriz de Moncloa de aplazar las reformas legislativas previstas hasta después de la doble contienda electoral que tendrá lugar antes del verano, las elecciones catalanas del 12-M y las europeas del 9-J. Un horizonte temporal que ha trasladado el propio Simancas al Grupo Parlamentario Socialista, ante la presión que recibe de sus socios para acometer medidas en el plano judicial y mediático.

Las fuentes consultadas confirman que entre los planes del Ejecutivo está una reforma de la ley orgánica del Poder Judicial que permita rebajar las mayorías para la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pero también una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) que permita que recaiga el peso de la investigación judicial en los fiscales, en lugar de en los jueces, como ocurre en el ámbito europeo. Las dos iniciativas son viejas conocidas para el Gobierno, ya que han sido objeto de estudio, e incluso de actuaciones por parte del PSOE.

A principios de 2021, PSOE y Podemos presentaron una proposición de Ley conjunta para la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial que rebajaba las mayorías para la elección de los vocales (de reforzada a absoluta), con la intención de sortear el bloqueo del PP. Bruselas dio la voz de alarma, como hizo con reformas similares de Hungría y Polonia, lo cual obligó a su retirada tres meses después por parte del entonces ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, hoy magistrado del Tribunal Constitucional. Su sucesor en el cargo, Félix Bolaños, parece no compartir este paso atrás.

«No queda otra»

Según fuentes gubernamentales, el actual escenario derivado de cinco años de bloqueo del CGPJ obliga a tomar medidas drásticas y rescatar del cajón una reforma que puso a España en el foco de la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourová. Pero la necesidad de recurrir a esta baza surge de la reflexión que el propio Sánchez hizo la semana pasada sobre su posible dimisión. Fuentes socialistas explican que «la operación no ha salido bien», que ha generado un desgarro en el PSOE y una vulnerabilidad en el Gobierno, y que va a aprovechar la oposición, como evidencia la solicitud de comparecencia del presidente Sánchez que pidió este martes el PP.

«Y todo esto, ¿para qué? No podemos seguir como si nada. Hay que actuar», exigen desde el PSOE. «No nos queda otra», asumen en el Gobierno. Moncloa y Ferraz asumen que hay que «mandar un mensaje» a los jueces, en línea con lo manifestado por el presidente Sánchez en sus ultimas comparecencias, y creen que a diferencia de lo ocurrido hace tres años «Bruselas no se atreverá a tumbárnoslo» y se mostrará permisiva porque habrá otros problemas para la nueva Comisión Europea, como «el auge de la ultraderecha». Por ello, son claves los plazos, tras el 9-J, cuando las instituciones comunitarias se encuentran en periodo de interinidad, y después del fiasco papel de mediador del comisario de Justicia, Didier Reynders, que no ha logrado ablandar la negativa de los populares.

El CIS prepara el terreno

«Hay que atreverse a rebajar las mayorías», explican los socialistas, que también ponen en la diana la reforma de la Lecrim, que se habló con Junts en el marco de negociación de la ley de amnistía, tras su bloqueo en la Comisión de Justicia del Congreso. La clave es decidir «quién enjuicia o quién investiga», que permitiría dejar en la Fiscalía la decisión de admitir a trámite querellas como la de Manos Limpias sobre la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. Un asunto para el que ya han puesto en marcha toda la maquinaria a su alcance. El propio barómetro del CIS incluía este lunes una batería de preguntas sobre la reforma de la Justicia que arrojaba un 88% de partidarios.

Oficialmente, el Gobierno sigue alimentando la ficción de que es posible un acuerdo con el PP, antesala a la justificación de una actuación unilateral en caso de no lograrlo. Fuentes de Moncloa sostienen que «hay determinación para renovar el Consejo. Lo que es inconcebible es que no se renueve». Pero también añaden que «no entramos en fórmulas, estamos en otra fase». Un motivo de tranquilidad para el Ejecutivo ha sido el temor unánime de los socios de la coalición y su esfuerzo en apuntalar al presidente y a su Gobierno. «Los socios no han recibido bien este episodio» y en consecuencia, «se han visto interpelados por la gran causa nacional» de la regeneración democrática, la otra excusa para reflexionar sobre los «límites a la libertad de prensa».