El independentismo contabilizará la amnistía caso por caso para presionar a los jueces

El independentismo abre una nueva batalla contra el Poder Judicial. Una de las entidades de referencia del movimiento, Òmnium Cultural, se ha coordinado con las defensas de los dirigentes y activistas condenados, o procesados por hechos relacionados con el procés, para crear la Sindicatura para la Amnistía, una herramienta que les permita fiscalizar caso por caso la aplicación de la amnistía y evitar así el «boicot judicial» a dicha ley.

Los responsables de la iniciativa emplearán la base de datos que crearon hace un lustro de «represaliados por el Estado español» para velar por que se aplique «correctamente» y, en caso contrario, detectar las trabas que se pongan para encontrar una solución.

Los independentistas calcularon que hay 4.584 activistas independentistas que han sufrido las represalias del Estado y que, actualmente, quedan 1.616 independentistas que podrían verse beneficiados por la amnistía.

Equipo de abogados

Poco después de que la Ley de Amnistía se publicara en el Boletín Oficial del Estado, ha empezado un goteo de solicitudes para acogerse a ella. Òmnium ha pedido oficialmente la amnistía para un miembro de su directiva, Oleguer Serra, acusado de terrorismo en el marco de la causa en la Audiencia Nacional contra Tsunami Democràtic.

Desde la entidad han pedido el archivo de la causa contra Serra, y han denunciado la «persecución política» orquestada contra Òmnium y el conjunto del movimiento independentista. Además de ello, y a través de la Sindicatura para la Amnistía, han puesto a disposición de todos los «represaliados» el escrito presentado.

La Sindicatura para la Amnistía hará este seguimiento constante de los casos para ver qué decisiones toman los jueces y poner en contacto a las defensas. Para ello, han puesto a disposición de los activistas una especie de buzón digital con un formulario para atenderlos a todos o por si hubiera algún caso del que no tengan constancia.

A juicio de los expertos, se abre un escenario jurídico inédito, sin jurisprudencia, y por esta razón ven imprescindible estar preparados ante «dudas interpretativas» o «nuevas discusiones jurídicas».  Algunos de los abogados que dan apoyo a la Sindicatura son Laia Serra, Anaïs Franquesa, Àlex Solà, quien fue abogado de Jordi Cuixart en el Tribunal Supremo, o Jordi Pina, defensor de Josep Rull o Jordi Turull en la misma causa del procés en el Alto Tribunal.

Las 53 peticiones de Alerta Solidària

Otro colectivo de abogados que se ha implicado es Alerta Solidària. Precisamente este martes han presentado peticiones para aplicar la amnistía a 53 personas encausadas en 20 «casos estratégicos» porque consideran que podrán aclarar la orientación de la Fiscalía y las reacciones de la judicatura, y en los próximos días la pedirán en otras causas.

En un comunicado, tras la aprobación de la Ley de Amnistía, han detallado que entre ellos está el activista Adrián Sas, condenado a tres años y medio de cárcel por una agresión a dos Mossos d’Esquadra en las protestas del primer aniversario de 1-O y pendiente de que se le requiera entrar a prisión. También hay cuatro activistas con condenas de prisión recurridas, uno pendiente de sentencia, 18 pendientes de juicio, 12 que esperan fecha de juicio, cuatro investigados en instrucción y 13 condenados (algunos con sentencia de conformidad).

Los abogados de Alerta Solidària también están pendientes de otros tres «casos singulares»: entre ellos, el activista encarcelado Abel Mora, a quien han propuesto instar la amnistía a través de su abogada. También el caso de Tsunami Democràtic, que consideran de «trascendencia indiscutible», y la Operación Judas, una causa en la que las cuestiones previas del juicio están agendadas para el 27 de junio.