El Gobierno se niega a entregar al Senado toda la documentación oficial del 'caso Koldo'
La comisión de investigación no ha recibido los contratos de la empresa Soluciones de Gestión que había reclamado
Koldo García, asesor del ministro Ábalos, el pasado 22 de abril, durante su comparecencia en el Senado | EP
El Gobierno de Pedro Sánchez sigue sin entregar a la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado los contratos de la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas, S.L., con diferentes organismos públicos, como Puertos del Estado, según ha podido saber THE OBJECTIVE de fuentes parlamentarias. Esta empresa, a juicio de los investigadores de la trama, es el epicentro del cobro de comisiones por la venta de mascarillas y fue el proveedor de ministerios, empresas públicas y las comunidades autónomas de Baleares y Canarias.
Esta comisión de investigación celebró su primera sesión el 22 de abril con la comparecencia de Koldo García, asesor del exministro de Transportes, y desde entonces ha realizado sucesivas peticiones de información a distintos organismos: Universidad Complutense, Globalia, gobiernos autonómicos de Baleares y Castilla-La Mancha, Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores y Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
A lo largo de estos meses, estas peticiones se han ido atendiendo y ahora se está en fase de estudio. Sin embargo, según fuentes de la citada comisión, todavía falta por recibir la que se ha reclamado al Ejecutivo, precisamente una de las más importantes para saber cómo funcionaba la trama. El caso nació en Soluciones de Gestión, la empresa que permitió a la trama Koldo hacerse con nueve contratos por un importe de 53 millones de euros de dinero público.
La Audiencia Nacional sostiene que formaba parte de un entramado de sociedades utilizado para cobrar comisiones ilegales, cuyos máximos beneficiarios fueron, principalmente, Koldo García, el exasesor del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, Víctor de Aldama y Juan Carlos Cueto. El sumario del caso apunta que Soluciones de Gestión, creada en 2017, desarrolló su actividad en países de África en colaboración con otras empresas, entre ellas, el Grupo Cueto, propiedad de Juan Carlos Cueto. Antes de aparecer como suministradora de mascarillas, su actividad nunca estuvo relacionada con el sector sanitario y no tenía experiencia empresarial como proveedor o intermediario para la adquisición de mascarillas.
La comisión de investigación puso el foco en esta empresa a la hora de pedir la información, así como en Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias). El secretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares, fue uno de los primeros cargos cesados por el actual ministro de Transportes, Óscar Puente, al ostentar el cargo desde julio de 2018 y ser el encargado de tramitar la compra de ocho millones de mascarillas por 20 millones de euros a la empresa recomendada por Koldo García, Soluciones de Gestión. Adif e Ingesa, además del Ministerio de Interior y los gobiernos de Canarias y Baleares, hicieron referencia al contrato de Puertos del Estado como argumento principal para acreditar la solvencia y capacidad de Soluciones de Gestión en el suministro de mascarillas. El 27 de febrero, el ministro Óscar Puente reconoció que había encargado una auditoría para fiscalizar la compra de los 13 millones de mascarillas tanto por parte de Puertos del Estado como de Adif.
Las fuentes consultadas de la comisión de investigación consideran que el Gobierno ya ha tenido tiempo suficiente para atender esta petición: «Tenemos pendiente reclamar porque nos falta mucha información de los contratos de Soluciones de Gestión con los organismos, ya se debería de haber entregado. Por ejemplo, con Puertos del Estado, no creo que sea difícil».
Lo que sí se ha recibido, pendiente de analizar en profundidad, es documentación de la Universidad Complutense, aunque, de momento, «escasa»; de Globalia, sobre la relación contractual con Víctor de Aldama; de la Comunidad Autónoma de Baleares; del Banco de España relativa a una banca de valores de Venezuela por si tenía relación con la trama; de Castilla-La Mancha, tras afirmar públicamente el presidente Emiliano García-Page que no contrató porque no se fiaba de la calidad de las mascarillas; de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y del CGPJ. En el caso del CGPJ, se le solicitó las imágenes que custodia el juez de instrucción de la noche de Delcy en Barajas, ya que en las comisiones de investigación deben realizarse vía este organismo, «y se denegó».
La comisión de investigación, de momento, no volverá a citar comparecientes hasta después del verano, sin embargo, la mesa si podría convocar alguna reunión para fijar calendarios y ver si hay que ampliar el plan de trabajo. De momento, no se ha abordado la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes registró en el Senado el pasado día 7 de junio información sobre la petición de documentación solicitada por la comisión de investigación relativa a los contratos que diferentes ministerios realizaron con la intermediación de Koldo García, según las fuentes parlamentarias a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. Sin embargo, esta documentación todavía no ha llegado a la comisión de investigación, como publica hoy este periódico, tras consultar a fuentes de la citada comisión. La razón de este desconocimiento podría estar en que la documentación, aunque sí ha llegado a la Cámara Alta, todavía no es conocida por los responsables de su supervisión.
