Cataluña se adhiere a 55 peticiones de amnistía que incluyen a policías y guardias civiles
La Generalitat actuó como acusación contra algunos de estos agentes a quienes ahora pide amnistiar
Policías del 1-O. | Europa Press
Los servicios jurídicos de la Generalitat de Cataluña se han adherido a las peticiones para que policías y guardias civiles procesados por la justicia por su implicación en el 1-O puedan ser también amnistiados. Esta decisión choca con lo que el Gobierno de Pere Aragonès afirmó durante las negociaciones sobre la amnistía, solicitando no incluir a quienes habían «aporreado» a ciudadanos «inocentes», en referencia a la intervención policial durante la jornada de la votación. La Generalitat se ha adherido a 55 procedimientos relacionados con la ley de amnistía, y varios de ellos incluyen a agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
La Administración catalana se ha adherido a 55 procedimientos impulsados por órganos judiciales vinculados a esta norma de olvido penal. En 11 de estos procedimientos, el gabinete jurídico del Gobierno ha llevado la iniciativa y ha solicitado la aplicación de esta ley; en 27 se adherirá a las peticiones de amnistía formuladas por las demás partes y en 17 no intervendrá o no formulará alegación alguna, según explican en una nota de prensa.
Si bien desde el equipo de Carles Puigdemont, que lideró las negociaciones sobre la amnistía con el Gobierno central, siempre contaron con que una amnistía debía ser «una tabula rasa» para todos, tal y como avanzó en agosto THE OBJECTIVE, otras voces de Junts, ERC y del Govern negaban esta posibilidad por temor a enfadar a los independentistas que habían protegido «con sus cuerpos» las urnas de la actuación policial.
Ante los primeros 46 policías amnistiados, la mayor crítica ha procedido de ERC, partido que ostenta el Ejecutivo en funciones y que tiene margen para conocer lo que hacen sus servicios jurídicos. En un comunicado, mostraron su «disconformidad e indignación» con dicha resolución del Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona. No obstante, la Generalitat se ha unido a otros procedimientos que incluyen a agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
De acusación a pedir la amnistía
Da la casualidad de que se unen a pedir el olvido penal en casos donde previamente la Generalitat actuó como acusación de policías y guardias civiles. En concreto, esto es lo que ocurre en diez de los casos en la demarcación de Lérida que tienen relación con funcionarios de los Mossos d’Esquadra y de los otros cuerpos policiales.
En la de Tarragona, se adherirán a las peticiones de amnistía en cinco procedimientos contra agentes de la Policía Nacional o de la Guardia Civil en los que la administración autonómica es acusación. Y en otros 15, de la demarcación de Gerona, también se adherirán a la petición de amnistía contra agentes de Policía Nacional.
La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha justificado estas adhesiones a las amnistías de los policías y guardias civiles con el argumento de que la ley debe servir para la «totalidad» de casos. Y ha aprovechado para criticar al Tribunal Supremo por hacer distinciones al excluir el delito de malversación que afecta a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y otros condenados o prófugos del procés.
«Cinismo institucional»
El conocimiento de estos datos ha irritado a una parte del movimiento independentista. Neus Torbisco, número dos de Junts en la candidatura al Parlamento Europeo, y uno de los perfiles más radicales del partido, ha reprochado esta actuación del Govern en funciones. A su entender, es «incompresible» que se añada «dolor a un trauma colectivo que durará años», en relación con lo que se vivió el 1-O. «La poca vergüenza y el cinismo institucional revictimizan a las víctimas e incrementan la sensación de injusticia. El coste será muy elevado», ha concluido en un apunte en su red social X.
Precisamente, la ley de amnistía fue redactada con la intención de que muchos de los agentes no pudieran acogerse a ella. Aunque la mayoría de policías y guardias civiles se han opuesto a la norma, y si se les aplica no ha sido por petición propia, la ley refleja que quedaban excluidos los «delitos contra la integridad moral y las torturas». No obstante, el hecho que ahora la Generalitat se adhiera a esas peticiones en favor de los agentes ha dado más argumentos a los que, desde el independentismo, se oponen a la amnistía.
El colectivo de abogados Alerta Solidària cifró recientemente en 419 el número de manifestantes y activistas amnistiables. En su recuento, dejaban fuera de la amnistía a políticos, miembros de la Administración o trabajadores bajo órdenes de gobiernos. Uno de sus defendidos, el activista Roger Español, que perdió un ojo durante el 1-O debido a la intervención policial, se opuso a esta medida de gracia desde el principio. Español devolvió la Cruz de Sant Jordi, máxima distinción que otorga la Generalitat, como protesta por la amnistía y denunció que la amnistía «deja la acusación al Estado español por la violencia de Estado de ese día prácticamente en nada».
La organización Amnistía Internacional también reclamó que no se aplicara la amnistía a los policías y guardias civiles al entender que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sostiene que todo uso innecesario de fuerza por parte de la policía es una violación de derechos humanos.
