PSOE y PP rechazan las enmiendas de Sumar y su reforma judicial supera un nuevo trámite

La reforma legal pactada por el PSOE y el PP para reforzar la independencia del Poder Judicial y de la Fiscalía y propiciar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha recibido este miércoles el aval de la Comisión de Justicia del Congreso, donde los dos grupos mayoritarios han rechazado las enmiendas de Sumar.

Con los votos de populares y socialistas, la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Estatuto del Ministerio Fiscal continúa, con solo unas correcciones técnicas, su tramitación parlamentaria y llegará la próxima semana al pleno del Congreso, que votará también la lista de vocales pactados para el órgano de Gobierno de los jueces con más de cinco años de retraso.

La proposición de ley da seis meses a los nuevos vocales para diseñar una propuesta de reforma del sistema de elección del CGPJ, «con la participación directa de jueces y magistrados que se determine» y que cumpla los estándares europeos. La presentarán al Gobierno, al Congreso y al Senado, en cuyas manos quedará diseñar una reforma legal «para su debate y, en su caso, tramitación y aprobación».

La iniciativa eleva además a veinte años el tiempo de carrera exigido a un juez que aspira a ser nombrado magistrado del Supremo y pone límites a las puertas giratorias entre la justicia y la política: los jueces que participen en política no podrán regresar al servicio activo hasta pasados dos años y no podrá ser nombrado fiscal general del Estado quien haya ostentado un escaño o un cargo político en los últimos cinco años.

El portavoz socialista, Francisco Aranda, ha considerado que la reforma supone «un refuerzo inequívoco de la independencia e integridad» del poder judicial y ha dejado claro que el PSOE sigue apostando por la elección parlamentaria del CGPJ: «es nuestra postura, la hemos defendido siempre y así seguirá siendo».

Ha mostrado además su satisfacción por la renovación del CGPJ, aunque ha lamentado la tardanza de cinco años y ha confiado en que en el futuro se actúe con «lealtad constitucional», independientemente de quién esté en el Gobierno.

Por su parte, el portavoz popular, Fernando de Rosa, ha reivindicado la reforma como un logro del PP, que ha conseguido «bloquear» a quienes querían limitar la independencia del poder judicial. «Ya no habrá más Dolores Delgado (que dejó la cartera de Justicia para ocupar el cargo de fiscal general), es una satisfacción para el PP, y seguimos avanzando para que nunca más haya Álvaros García Ortiz (actual fiscal general, sucesor de Delgado)», ha manifestado.

En nombre de Sumar, Enrique Santiago ha vuelto a manifestar la insatisfacción del socio menor de la coalición de Gobierno con una reforma que, a su juicio, es «muy limitada» y es el «rescate» pagado por los socialistas para acabar con el prolongado «secuestro» del CGPJ por parte del PP.

Como el portavoz socialista, Santiago ha apostado por la elección de todos los vocales en el Parlamento y ha avisado al PP de que el sistema no va a cambiar, aunque ellos propugnen que sean los jueces quienes elijan de forma directa a la mayoría de los vocales, los de extracción judicial.

El portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, ha vuelto a cargar contra un acuerdo que ha tachado de «teatro» y «pantomima» y ha denunciado el pacto del «bipartidismo de siempre» para renovar el CGPJ y colocar «peones que se convierten en comisarios políticos togados».

Para Junts, la reforma tampoco soluciona los problemas estructurales de una justicia que, en opinión de su portavoz, Josep Maria Cervera, adolece de «falta de independencia e imparcialidad».