La directora del Instituto de las Mujeres defiende que cumple «escrupulosamente» la ley

La directora del Instituto de las Mujeres, Isabel García, ha asegurado que sus empresas no entran en conflicto de intereses con su cargo, que cumple «escrupulosamente la ley» y ha anunciado que estudia acciones legales contra el periódico que publicó que ella y su pareja habrían obtenido 64 contratos de municipios gobernados por el PSOE para gestionar los puntos violeta.

«No voy a permitir que nadie ponga en duda mi carrera profesional», ha sostenido en un comunicado hecho público en X, en el que ha precisado que al ser nombrada directora del Instituto de las Mujeres redujo su participación empresarial en las empresas que comparía con su mujer al 8 %, un porcentaje inferior al que permite la ley reguladora de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado.

García ha exigido al periódico digital ‘El Español’ que rectifique la noticia publicada, al tiempo que ha aclarado que facilitará toda la información que sea precisa «siguiendo las instrucciones de la ministra» de Igualdad, Ana Redondo, porque, ha dicho, están en juego su «integridad y honorabilidad».

«Tengo la conciencia tranquila, la certeza de haber hecho las cosas bien y me siento muy orgullosa del trabajo que estamos realizando desde el Instituto de las Mujeres», ha aseverado en el comunicado.

 Actividad empresarial de García

El comunicado de este alto cargo del Ministerio de Igualdad se produce un día después de que el diario ‘El Español’ publicara que ella y su pareja habrían obtenido 64 contratos de municipios gobernados por el PSOE para gestionar los puntos violeta de atención a víctimas de violencia machista.

Tras esta publicación, la ministra de Igualdad anunció que pediría explicaciones a García. Ahora, la directora del Instituto de las Mujeres, «siguiendo las instrucciones» de su jefa, ha emitido un comunicado en el que defiende su honor y no menciona en ningún momento que tenga intención de dimitir.

En él, da cuenta de que comenzó en 2022 junto a su mujer su actividad empresarial ligada al ámbito de la consultoría sobre temas de igualdad, «libre de responsabilidades políticas».

Esta actividad se centraba en proyectos sobre igualdad que se ofertaban a empresas privadas, clubes deportivos y entidades públicas, como ayuntamientos o universidades.

Al ser nombrada directora del Instituto de las Mujeres y asesorada por la Oficina de Conflicto de Intereses, ha afirmado, redujo al 8 % su participación en las empresas que compartía con su mujer, Elisabeth García, para que fuera compatible con su cargo. La ley permite que ese porcentaje sea de hasta un 10 %.

«Desde entonces, me he desvinculado no sólo de la titularidad sino de la gestión de las dos sociedades en las que tenía participación, asumiendo la gestión exclusiva de las mismas mi esposa», ha escrito. Las empresas son Imber Consultoría de Igualdad S.L. y ELIG Consultoría Política de Igualdad y Diversidad S.L.

Además, ha apuntado que tanto ella como su mujer han sido «muy escrupulosas en sus actuaciones profesionales» y que ninguna de esas empresas ha recibido nunca «un solo contrato del Instituto de las Mujeres». También ha señalado que nunca ha hecho gestión o recomendación alguna para favorecer ningún contrato.

Y ha defendido el «buen hacer profesional» de su esposa a la hora de conseguir los contratos de esas empresas con entidades públicas de distintos colores políticos.

«No voy a permitir que nadie ponga en duda mi carrera profesional», ha concluido.