Yolanda Díaz se niega a revelar a Transparencia su gasto en publicidad desglosado por medios
El Consejo dio un plazo de diez días al ministerio para informar debidamente sobre el desembolso de sus campañas
Yolanda Díaz | Agencias
La ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, vuelve a incumplir un requerimiento del Consejo de Transparencia. Después de esconder reiteradamente el gasto de sus viajes oficiales, esta vez Díaz se niega a revelar el importe de la publicidad institucional de su ministerio desglosado por medios y grupos de comunicación receptores. Lo hace después de que Transparencia le instara a ofrecer esos datos, y no limitarse a publicar anualmente el desembolso global en campañas institucionales de Trabajo. Y en pleno lanzamiento del plan del Gobierno sobre una supuesta «regeneración democrática», centrado en la necesidad de «reforzar la transparencia, el pluralismo y el derecho a la información».
En el pasado mes de agosto, Transparencia dio un plazo de diez días a Trabajo para detallar todo el gasto de sus campañas publicitarias realizadas el año pasado, desglosado por los medios receptores. Trabajo contestó en su primera comunicación oficial que no procedía «difundir la información solicitada en tanto no se haya aprobado el Informe anual de Publicidad y Comunicación Institucional correspondiente, en este caso de 2023, cuya publicación está prevista antes de julio de 2024».
Este informe ya se ha publicado, y de él se desprende que Trabajo tuvo un presupuesto de 3,9 millones de euros para sus campañas institucionales en 2023. Pero en él no se mencionan las cabeceras que han recibido dicho importe de dinero. Tan solo los objetivos de las campañas y los formatos de de emisión de las mismas (radio, televisión y prensa escrita).
El Consejo de Transparencia pidió a Trabajo que detallara esos datos. «Cabe inferir que los medios de comunicación destinatarios finales del dinero invertido en concepto de campañas institucionales, que era lo solicitado por el reclamante, no es un contenido que figure en los Planes Anuales de Comunicación Institucional, dado que como indica expresamente el Plan de 2023, su contenido tiene carácter informativo, planificador, dado que las distintas campañas y, en suma, los concretos medios de comunicación receptores se concretan cuando se lleva a cabo su contratación y la elaboración del Plan de Medios correspondiente». Transparencia por lo tanto concluye que «no puede entenderse satisfecho el derecho constitucional de acceso a la información mediante el enlace facilitado en la resolución ahora recurrida».
Rechazo a la inadmisión
Es más, Transparencia da la razón al ciudadano solicitante de dicha información, según el requerimiento al que ha tenido acceso este diario. «Este Consejo considera que la reclamación debe estimarse, dado que la información sobre los medios de comunicación destinatarios finales del dinero invertido en concepto de campañas institucionales debe obrar en poder de la Administración», reza el documento. Y en el apartado número siete rechaza la «inadmisión» planteada por el ministerio de Trabajo.
«Lo solicitado no es, en sentido propio, información en curso de aprobación o publicación», arremete Transparencia para descartar también el enfoque de Trabajo, que apelaba a unos datos en vía de recopilación. «La información existe en cuanto tal; cuestión distinta es que haya de ser enviada para su consolidación con la procedente de otros Departamentos ministeriales a fin de elaborar el correspondiente informe anual», añade. Y exige a Trabajo que ofrezca todos los datos sobre el gasto en publicidad institucional desglosados por medios receptores en un plazo de «10 días hábiles», plazo que Trabajo todavía no ha cumplido.
La negativa de Trabajo a ofrecer el gasto de publicidad institucional desglosado por medios receptores se suma a otras peticiones sobre otros desembolsos públicos de la vicepresidenta y ministra que tampoco han encontrado respuesta. Y lo hace en un contexto en el que el Gobierno ha decidido lanzar un «plan de regeneración» que debe afectar a los medios de comunicación, la transparencia y la publicidad institucional.
El propio Gobierno explicó que la necesidad de su plan para el sector de los medios servía «para reforzar la transparencia, el pluralismo y el derecho a la información». Todo ello mientras el ministerio de la vicepresidencia suma cada vez más requerimientos de Transparencia a los que no está dando respuesta.
