Sánchez prevé que el TC avale la amnistía este año para que Junts apoye los Presupuestos
El Gobierno cuenta con celebrar el debate de totalidad antes del 31 de diciembre
Aprobación de la ley de amnistía. | EFE
Es la pescadilla que se muerde la cola. Pedro Sánchez presentará los presupuestos generales del Estado cuando vea voluntad de Carles Puigdemont para aprobarlos y el líder de Junts no elevará su pulgar hasta que no avance la concesión de su propia amnistía. Por eso, el Gobierno tiene guardado su propio as bajo la manga. Después de que el Tribunal Supremo haya ratificado que no aplicará la medida de gracia a los delitos de malversación, el Ejecutivo cuenta con que la última palabra la tendrá el Tribunal Constitucional. Y antes de lo esperado. Según avanzan fuentes gubernamentales a THE OBJECTIVE, en Moncloa prevén una resolución de Cándido Conde-Pumpido sobre la amnistía antes de fin de año, en respuesta al recurso anunciado por los líderes del procés afectados por la renuncia del Alto Tribunal.
Desde hace meses, el plan de Pedro Sánchez siempre ha sido que el Constitucional emita una resolución favorable a la aplicación de la ley de amnistía, también para los delitos de malversación, y respete así «la voluntad del legislador» que reclama el Ejecutivo. Esto no implicaría que Carles Puigdemont u Oriol Junqueras pudieran verse beneficiados por la medida de gracia. Tanto el Gobierno como el Constitucional descuentan que, llegado ese momento, el Supremo elevará una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), cuyo plazo de resolución oscila entre un año y año y medio, según fuentes del Ministerio de Justicia. Pese a todo, el Ejecutivo manifiesta su «total convicción» de que Puigdemont acabará siendo amnistiado, pero también admiten que esto podría no ocurrir hasta el final de la legislatura, bien entrado el año 2026.
Así las cosas, admiten, Puigdemont «tendrá que mojarse» y decidir si aprueba los presupuestos antes de haberse cobrado el precio de la investidura en noviembre de 2023. Precisamente por ello, el Gobierno necesita un gesto que le permita convencer a Junts de sentarse a la mesa de negociación presupuestaria, pese a no haberse resuelto «lo de Puigdemont». Ese gesto será la resolución favorable del Constitucional, que traslada el mensaje de que «el Ejecutivo ha hecho todo lo que podía hacer» y ahora son otros los que deben hacer su parte. En el núcleo duro del Gobierno aseguran que Junts sabe que «la amnistía ya no depende del Gobierno», pero el movimiento de la corte de garantías sería un compromiso más de Sánchez para atraer a Puigdemont a la negociación de las cuentas públicas, que en este momento está en punto muerto.
Presentación de los presupuestos en diciembre
El jefe del Ejecutivo anunció hace días que su intención es presentar los presupuestos después de los congresos de Junts y ERC, a finales de octubre y noviembre respectivamente. Según confirman desde Moncloa a este periódico, la presentación de las cuentas públicas será en diciembre, el mes en el que tradicionalmente se aprueban las cuentas públicas tras dos meses de farragosos trámites en el Congreso y Senado: debate de totalidad, paso por Comisión de Presupuestos, elaboración del dictamen, votación en pleno, envío al Senado y vuelta al Congreso para levantar el veto de la cámara alta. El Gobierno ha hecho cuentas y se ve capaz de acortar un mes el trámite, como ocurrió en 2020, cuando el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de Ley a finales de octubre y el Parlamento dio luz verde al proyecto de presupuestos el 30 de diciembre.
Pero lo que lo interesa al Gobierno es el mensaje. No es necesario aprobar definitivamente los PGE, sino transmitir la idea de que habrá presupuestos antes de final de año. Precisamente por ello, coincidirán en el tiempo la resolución del TC y la presentación de las cuentas públicas, que están íntimamente relacionadas. La validación de la amnistía por parte de la corte de garantías servirá de acicate para la negociación y permitirá a Pedro Sánchez pisar el acelerador para superar, al menos, el primer trámite presupuestario: el debate de totalidad. En respuesta al ‘gesto de buena voluntad’ del Constitucional, Moncloa cuenta con que ERC y Junts renuncien a presentar una enmienda a la totalidad, lo cual permitiría salvar esa primera votación con el único voto en contra de PP y Vox.
Debate de totalidad in extremis
Es la imagen de victoria que necesita Pedro Sánchez, aunque no sea definitiva. Un debate de totalidad, primera aprobación de los PGE en el Congreso, que se celebraría in extremis a finales de diciembre, y encajaría con la hoja de ruta gubernamental de presentar las cuentas públicas antes de Navidad y terminar la tramitación a principios de año. El horizonte no es simbólico sino real. Si no hay una aprobación definitiva de los Presupuestos antes del 31 de diciembre, Hacienda tendría que prorrogar automáticamente los PGE del año anterior el 1 de enero de 2025. Y los que actualmente están en vigor son los de 2023, ya que el Gobierno renunció a presentarlos el año pasado por el adelanto de las elecciones a la Generalitat de Cataluña. Esa renuncia eleva la necesidad apremiante de unas nuevas cuentas públicas, no tanto desde el punto de vista económico y financiero, sino, sobre todo, desde el político. En Moncloa son conscientes de que necesitan transmitir que hay mimbres para gobernar y salir de la imagen de una legislatura agónica que acumula más de 35 derrotas parlamentarias. Tras renunciar a presentar los PGE en 2024, perder la votación de la senda de estabilidad en julio y retirarla nuevamente hace diez días, el Gobierno se afana ahora en las negociaciones con los posconvergentes que dicen «van por buen camino».
En el núcleo duro de Sánchez dan por descontada la aprobación del llamado techo de gasto en las próximas semanas, ayudados por las nuevas cesiones sobre el reparto del límite de gasto a los ayuntamientos y comunidades autónomas y la desclasificación de documentos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre los atentados de Cambrils y Barcelona, que adelantó THE OBJECTIVE. Desde la reunión entre Carles Puigdemont y Santos Cerdán en Ginebra, en la que se concretaron esas nuevas prebendas y se rechazó la posibilidad de una moción de censura, el Gobierno manifiesta un mayor optimismo: «Si aprobamos los PGE, llegamos hasta 2027». Pero como advirtió Puigdemont en Ginebra: «El pacto es no echaros. Pero os vamos a joder hasta el final». La negociación ha comenzado, pero el precio final aún no se ha concretado.
