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El empresario que denunció un fraude con fondos UE dice que Sánchez conocía su plan

Vicente Merino envía a la Fiscalía Anticorrupción declaraciones del presidente hablando del proyecto investigado

El empresario que denunció un fraude con fondos UE dice que Sánchez conocía su plan

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera | EP

El empresario Vicente Merino, portavoz de un grupo de empresas que ha denunciado un fraude con fondos de la Unión Europea actualmente investigado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Zamora y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ha puesto en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y Manuel de la Rocha, responsable de la oficina económica de La Moncloa, tenían conocimiento del proyecto investigado. El citado empresario ha asegurado a THE OBJECTIVE que ha remitido a esta Fiscalía declaraciones efectuadas por el entonces líder de la oposición en las que incluso apuntaba que se debía financiar con fondos europeos. Merino teme que si la Justicia abre juicio sobre el caso, pueda escudarse en que no sabía de la existencia de esta iniciativa.

Los impulsores de este proyecto llevan denunciando, tanto ante organismos comunitarios como ante la OLAF, la Fiscalía y los ministerios de Transición Ecológica, Industria y Hacienda, una «presunta trama corrupta». Sus acusaciones se concretan en que «es posible que se hayan solicitado subvenciones para un modelo industrial de mi propiedad (proyectos de biorrefinería protegido por patentes), o del mismo sector y en fraude, por parte de alguna compañía perteneciente al grupo o holding de Acciona», como así figura en el escrito de denuncia ante la Fiscalía europea, presentado el 11 de octubre de 2022 y que fue ampliado el 21 de abril de 2023.

El origen de esta investigación fue una información publicada por THE OBJECTIVE el 23 de marzo de 2023 bajo el título «La UE vigila seis adjudicaciones en España por sospechas de corrupción por los fondos». El periódico desvelaba la existencia de seis peticiones de información, por parte de la OLAF,al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude español. Una de ellas, con fecha 22 de noviembre de 2022, se refería a «posibles irregularidades en el marco del proyecto de la biorrefinería de Barcial del Barco y La Robla» y pedía una respuesta antes del 15 de diciembre de este año.

El 17 de diciembre de 2015, el líder socialista afirmaba en una entrevista en La Opinión de Zamora que «la apuesta del PSOE por la reindustrialización o por la apertura de la biorrefinería serían esas oportunidades que necesita la ciudadanía de Zamora, sobre todo la gente joven para quedarse aquí». Sobre la financiación de proyectos destinados a solucionar el paro, subrayaba que «los nuevos recursos europeos deben orientarse a provincias con mayor índice de desempleo y despoblación, como Zamora» Igualmente, en ese mismo medio, Manuel de la Rocha, entonces responsable económico del PSOE, abogaba por la transformación del ICO «en un banco público de inversión que sirva para impulsar proyectos como la biorrefinería de Barcial del Barco».

Pero no solo el hoy presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su principal asesor económico tuvieron conocimiento de este proyecto, sino también la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la diana de los empresarios, que creen que es la principal responsable del fraude. El 7 de enero de 2020, La Opinión de Zamora publicaba que «el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, hizo entrega el miércoles a la vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, de un documento que explica el estado actual del proyecto de la biorrefinería de Barcial del Barco, a petición del responsable de la actuación, Vicente Merino. En este documento se recogen los últimos avances de una inversión que dejará inicialmente en nuestra provincia unos 160 millones de euros y cuya financiación se encuentra muy avanzada».

Vicente Merino hizo especial hincapié en destacar que la industria va a trabajar todo el año y que cuando esté desarrollado el plan industrial completo, el potencial de empleo se estima en unos 500 puestos de trabajo directos y 5.000 indirectos. Además, el mismo se podrá vincular con la producción de vehículos híbridos a medida que se consolida el consumo de gasolina con un 10 % de etanol en mezcla (E 10). En siguientes etapas se tratará de convertir la industria y el polígono en un centro de energías alternativas con la inclusión de planta de biomasa, cultivo de microalgas con el CO₂ de fermentación para otros bioproductos, biogás a partir de vinazas y purines, bioquerosenos, bioplásticos, y viabilizar la producción de azúcar en Europa con un nuevo modelo anual frente al actual estacional.

La Subdelegación del Gobierno «sostenía que el carácter del desarrollo de este proyecto es estratégico para la provincia de Zamora: generando inversión, mejorando de balanza comercial y el ahorro, impuestos, empleo de calidad y todo ello englobado y enlazando sectores estratégicos en una potenciación y mejora de competitividad común en un marco de transición ecológica justa y en zonas que están especialmente afectadas por la despoblación».

En la reunión mantenida en la Subdelegación del Gobierno, Vicente Merino «explicó a Ángel Blanco que la intención de la empresa promotora es comenzar las obras antes de final de este año. Con una duración de los trabajos de unos 18 meses, se prevé que durante esta fase de ejecución se generen unos 250 empleos directos y, aproximadamente, unos 500 empleos indirectos. En la fase de explotación de la planta, la creación de empleo se estima en 180 puestos directos, y cerca de 2.000 indirectos».

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