Denuncian a la UCO por «desobedecer» al juez que investiga un fraude con fondos UE
Advierten de que le «ordenó incautar» un expediente del Ministerio de Hacienda y no lo han ejecutado
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska | Fernando Sánchez (Europa Press)
Los empresarios que han denunciado ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Zamora un supuesto caso de fraude con fondos UE, desvelado por THE OBJECTIVE y actualmente en fase de instrucción, han presentado una denuncia contra la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF) por «desobediencia al juez y negación de auxilio», según ha podido saber este periódico de fuentes judiciales. En su denuncia, señalan que la UCO, dentro de la investigación que le ha mandatado el juez, «no ha acatado la orden del juez que le ordenó incautar el expediente en la OLAF y en el Ministerio de Hacienda».
Los empresarios consideran que el expediente es la clave de la denuncia que interpusieron el 11 de octubre de 2022 ante la Fiscalía Europea sobre un supuesto fraude en subvenciones en un proyecto de refinería de su propiedad, cuya patente industrial le podría haber sido arrebatada por otra empresa, que fue la que optó a las subvenciones. A raíz de esta denuncia, este periódico desveló que la OLAF había reclamado ante al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude dependiente del Ministerio de Hacienda información sobre «si el proyecto ha recibido financiación europea o si el proceso de solicitud para su obtención está en curso de tramitación. En el caso de estar en curso, se ruega se comunique en el momento que se cofinancie». Igualmente, querían saber si «el proyecto es único o corresponde a proyectos diferentes (Barcial del Barco, por un lado, y el de La Robla, por otro); así como «si en el caso de haber recibido financiación europea» se le remita «información referente a la identificación del proyecto, beneficiario, situación actual, periodo de implementación y detalle de la financiación europea recibida».
Los empresarios quieren conocer el expediente que envió el Ministerio de hacienda a la OLAF como respuesta a este requerimiento, ya que podría desvelar si sus denuncias tienen veracidad, como así tratan de aclarar en el proceso judicial en marcha. En estas diligencias pidieron al juez que investigara la UCO, medida que fue aceptada y que ahora está en cuestión.
Los denunciantes sostienen que «es posible que se hayan solicitado subvenciones para un modelo industrial de mi propiedad (proyectos de biorrefinería protegido por patentes), o del mismo sector y en fraude, por parte de alguna compañía perteneciente al grupo o holding de Acciona», como así figura en el escrito de denuncia ante la Fiscalía europea, presentado el 11 de octubre de 2022 y que fue ampliado el 21 de abril de 2023.
La Plataforma Pro Refinería, que apoya a estos empresarios, asegura en un comunicado que «la UCO había sido mandatada para intervenir documentación concreta y precisa sobre expedientes localizados y la administración se ha negado a entregar al juzgado previamente y también a requerimiento judicial. Pese a las órdenes encomendadas por la autoridad judicial, los agentes denunciados y tras siete meses de presunta investigación, han desobedecido las órdenes».
En su escrito subrayan que «desde dicha unidad operativa se habrían cometido presuntos delitos de desobediencia a la autoridad judicial y dejación de funciones y auxilio, todo ello enmarcado en una presunta trama corrupta cuyos tentáculos dejan, de forma palmaria, y a la luz, que se trata de una organización criminal con capacidad de influir en las más altas esferas del sistema (incluida la propia Comisión Europea)»
La plataforma llega a afirmar que «la UCO ha presentado un informe de dos páginas recomendando al juez que pida los expedientes por email, hechos bochornosos y que atentan, sin lugar a dudas, contra la administración de justicia. Además, y en lugar de obtener la información solicitada, los agentes han presentado una búsqueda de subvenciones por internet que nada tiene que ver con lo solicitado, ya que es una página pública desde la que cualquier ciudadano puede intervenir y en la que no aparecen muchas subvenciones con la excusa de proteger el derecho al honor, intimidad y datos personales».
Finalmente, sostienen que «los hechos denunciados son de una gravedad extrema y resulta obvio concluir los motivos: evitar que el juzgado tenga los expedientes que acreditan la presunta adjudicación en fraude así como los beneficiarios, hechos, que además, podrían relacionar la trama con un nuevo desarrollo industrial que actualmente está en promoción en Castilla y León».
