La oposición exige a Prohens reunirse para reabrir la negociación sobre zonas inundables
PSIB, Més y Podemos aseguran que el Govern balear les ha dado la espalda y que siguen insistiendo en la legalización
La presidenta del Govern balear, Marga Prohens. | Archivo
Los grupos de izquierda en el Parlamento de las Islas Baleares —PSIB, MÉS per Mallorca, Més per Menorca y Unidas Podemos— han solicitado una reunión urgente con la presidenta del Gobierno regional, Marga Prohens, para «desbloquear y avanzar» en la negociación sobre la regulación de las zonas inundables. A través de un comunicado, han expresado su preocupación por las medidas incluidas en el decreto ley de simplificación administrativa, que se someterá a votación el próximo martes.
Los partidos de la izquierda han propuesto al Gobierno la posibilidad de rectificar y revertir la legalización de edificaciones en zonas de riesgo. Además, han planteado volver a la normativa que prohibía construir en estas áreas. Sin embargo, según indican, Antoni Costa, vicepresidente y consejero de Economía, Hacienda e Innovación, no ha respondido a estas propuestas y sigue insistiendo en la legalización.
Ante la percepción de una «falta de avances» en las negociaciones, los grupos han urgido a la líder del Ejecutivo a asumir la responsabilidad de culminar este proceso antes del martes. Han destacado también las advertencias de colectivos medioambientales y de protección del territorio, quienes alertan sobre la aceleración en la tramitación de expedientes para legalizar construcciones en zonas inundables debido a la disposición actual del Gobierno de modificar el decreto.
Los partidos de izquierda han pedido a la presidenta que demuestre con hechos su compromiso para corregir un decreto que, en su opinión, aumenta el riesgo presente y futuro para la población de las Islas. La modificación que proponen incluye excluir de la regulación en suelo rústico los edificios situados en zonas con riesgo de inundación y evitar la clasificación de nuevo suelo urbanizable en estas áreas.
Además, han solicitado la prohibición total de nuevas construcciones y de los cambios de uso de bajos comerciales para convertirlos en viviendas en zonas peligrosas. Proponen también eliminar la posibilidad de realizar equipamientos públicos y prohibir cualquier actuación en los edificios fuera de ordenación en áreas de riesgo. Estas seis medidas clave son fundamentales para las formaciones de izquierda, y cualquier intento de rebajarlas por parte del Gobierno no sería aceptable para alcanzar un consenso que la ciudadanía demanda.
