La ministra Elma Saiz otorga 1,3 millones a una fundación liderada por una de sus asesoras
El Ministerio de Migraciones adjudica este generoso contrato a una vocal de su Consejo Asesor de Brecha de Genero
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, durante la rueda de prensa tras el consejo de ministros, en el complejo de la Moncloa, a 19 de noviembre de 2024. | EP
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones concedió el pasado 15 de noviembre 1.352.400 euros a una fundación privada que lidera una de sus asesoras. El gabinete de Elma Saiz ha otorgado este contrato millonario a APIP-ACAM, cuya vicepresidenta primera y fundadora, Montserrat Font Sanmiguel, es también miembro del Consejo Asesor de Brecha de Género del Ministerio, que dirige la propia ministra. Así lo ha descubierto el usuario de X Canario Today, que prefiere permanecer anónimo, y figura en el Portal de Contratación.
El contrato tiene como objetivo «el alojamiento, la manutención, el mantenimiento preventivo y correctivo, la seguridad, la salubridad, el transporte, el acompañamiento social e información, la traducción e interpretación y la atención médica» de 320 inmigrantes indocumentados llegados a la península desde las Islas Canarias. Esto supone que Migraciones ha destinado 4.226,25 euros a cada uno de ellos.
La fundación, que tiene su sede central en Barcelona, fue una de las principales encargadas de gestionar la llegada de 200 inmigrantes sin papeles a Tossa de Mar, un pequeño pueblo de Gerona de apenas 6.000 habitantes. La ONG se encargó de coordinar el alojamiento, la reubicación y los procesos de reagrupación familiar.
Sin transparencia
La fundación, tal y como consta en su página web, no actualiza sus datos de transparencia desde 2017, último año en el que publicó su memoria económica. En esas cuentas auditadas, la organización reportó ingresos totales de 14 millones de euros provenientes de subvenciones e ingresos públicos, lo que representaba casi el 90% de su financiación total. Este fuerte respaldo público resalta la necesidad de una actualización más frecuente de sus datos económicos, especialmente en un contexto de escrutinio creciente sobre el uso de recursos públicos.
Entre los gastos destaca el de personal, que alcanzó los diez millones de euros, lo que supone el 66% de los ingresos totales de la fundación aquel año. Esta proporción subraya la importancia de la estructura laboral dentro de su modelo de funcionamiento, pero también plantea preguntas sobre la eficiencia en la asignación de recursos.
Que una organización que maneja un presupuesto de tal magnitud lleve siete años sin actualizar su información financiera plantea interrogantes sobre la idoneidad de la misma para acceder a subvenciones públicas tan generosas. La ausencia de datos actualizados en su web dificulta el análisis de su gestión en un momento en que el asunto migratorio ocupa un lugar central en el debate político y social.
Consejo asesor
La concesión, además, plantea un debate sobre los límites de la contratación pública. La vicepresidenta primera de la entidad es a su vez vocal del Consejo Asesor de Brecha de Género del Ministerio de Migraciones, que ha concedido la adjudicación. Dicho consejo nació el pasado mes de mayo con el objetivo de asesorar a Elma Saiz con «perspectiva de género» en la toma de decisiones para «cerrar las brechas provocadas por los roles tradicionales de género que persisten».
En medio año de existencia, sólo se ha reunido dos veces. En su primera reunión, el Consejo acordó promover que las instalaciones de la Seguridad Social formasen parte de la red de Puntos Violeta impulsada por el Ministerio de Igualdad. En la segunda, celebrada el pasado lunes, se habló de cómo proteger a las mujeres inmigrantes víctimas de violencia de género. A esta reunión asistieron Elma Saiz, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
