El IE no entrega el contrato de Begoña Gómez al Senado porque necesita su «consentimiento»
La institución asegura que lo tiene el juez y que ha enviado información sobre las empresas patrocinadoras
Ilustración de Alejandra Svriz.
El Instituto de Empresa no puede entregar al Senado el contrato laboral que formalizó con Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, porque necesita su «consentimiento», según han asegurado a THE OBJECTIVE fuentes de esta institución. Como desveló este periódico, la Comisión de Investigación del caso Koldo no ha recibido este documento solicitado, aunque el Instituto de Empresa asegura que sí ha remitido los contratos de patrocinio del Africa Center, creado por el IE, con el patrocinio de Wakalua, una empresa de Globalia, al frente de la cual se encontraba Begoña Gómez.
El trabajo que se desarrolla en la Comisión de Investigación del caso Koldo en el Senado se está encontrando con algunos obstáculos que se salvan a medida que avanzan las reuniones. Tras conseguir que el exconsejero delegado de Globalia, Javier Hidalgo, compareciera el pasado 29 de noviembre después de varios intentos fallidos, ahora es el turno del contrato laboral que firmó Begoña Gómez con la Fundación Instituto de Empresa.
THE OBJECTIVE desveló el pasado día 16 que este contrato no había sido aún remitido a la Cámara Alta. La importancia de contar con esta documentación radica en el papel fundamental que jugó la Fundación del Instituto de Empresa al crear el Africa Center y colocar como directora a la mujer del presidente del Gobierno entre agosto de 2018 y junio de 2022. Uno de los patrocinadores del Africa Center fue Wakalua, una empresa creada por Globalia al frente de la que estaba Javier Hidalgo, y que le permitió acercarse a Begoña Gómez. Precisamente la compañía aérea Air Europa, perteneciente a este grupo empresarial, fue objeto de un rescate por parte del Gobierno por un importe de 475 millones de euros, después de que Globalia firmara un contrato con el Africa Center por importe de más de 40.000 euros.
El Senado hizo una petición el 18 de julio «para que remita copia del contrato laboral fijo al que se refiere en el oficio remitido a la comisión». Igualmente, se requiere «todo por cuanto se considera esencial al objeto de conocer el detalle de la relación profesional que vincula a la Fundación con Doña Begoña Gómez y cuya naturaleza está siendo investigada en sede judicial». Todo ello con el objeto de «determinar las responsabilidades políticas de los gestores públicos que pudieren haber otorgado un trato de favor a Doña Begoña Gómez».
También se solicita «la remisión de las cuentas e informe de las empresas y entidades que colaboran con el sostenimiento económico de la Fundación». En este punto quieren que se especifique «el detalle de las cuantías de la misma, de los instrumentos jurídicos a través de los cuales se articula la misma, de los conceptos y objetivos que se persiguen».
En el caso concreto del Africa Center, quieren saber «las entidades que colaboran en el sostenimiento, caso de que las hubiere, del proyecto Africa Center, dependiente de la misma Fundación y detallando los mismos términos que se solicitan con carácter general para la Fundación Instituto de Empresa».
De manera resumida e incluyendo otras peticiones, la comisión de investigación ha pedido, en un escrito de 23 páginas, información sobre «la concesión de ayudas del Africa Center desde 2020 a 2023, el contenido del proyecto con la lista de patrocinadores; el convenio de colaboración entre el Africa Center y el Gobierno de Ghana para un taller por importe de 25.350 euros; el convenio suscrito entre Begoña Gómez y el Instituto de Empresa por el que se le designa directora del Africa Center; y copia de los contratos de patrocinio suscritos entre el Instituto de Empresa y el Africa Center con entidades, personas físicas y jurídicas entre los ejercicios 2018 a 2023».
El Instituto de Empresa confirma a este periódico que el contrato no se envió al Senado, pero no porque no hubiera voluntad de colaborar, sino porque se necesita el consentimiento de Begoña Gómez. y precisan que sí enviaron otro tipo de información. Estas fuentes señalan que enviaron «información relevante sobre el contrato laboral de Begoña Gómez, pero no enviamos el contrato», ya que explican que «los contratos de trabajo son documentos que, por razones de privacidad y protección de datos, no pueden ser compartidos sin consentimiento del interesado, por no ser la Fundación Instituto de Empresa una entidad de las previstas en el artículo 109 de la Constitución y 67 del Reglamento del Senado».
Aunque el contrato no está en poder de la comisión de investigación, el Instituto de Empresa confirma que «lo ha puesto a disposición del juez, por así preverlo el artículo 6.1. c) del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea».
Por el contrario, afirma que «nuestra institución envió al Senado información sobre las empresas y entidades que colaboraron con la Fundación lE en 2018-2023». Esta información se remitió «en julio de 2024 y hemos enviado información adicional en diciembre 2024, en respuesta a las dos peticiones de información que recibimos del Senado».
