Las feministas buscan apoyos en el Congreso para crear un registro oficial sobre la 'ley trans'
La Alianza Contra el Borrado de las Mujeres denuncia «voluntad de ocultación» de los efectos de la norma por el Gobierno
El colectivo trans celebra la aprobación de la norma. | EP
Esta semana el Gobierno ha admitido por primera vez, en respuesta a THE OBJECTIVE, que desconoce los datos esenciales de la aplicación de la ley trans: cuántas personas se han cambiado de sexo registral, disgregadas por sexos, y a cuántas se le ha denegado. Esto es así porque los Registros Civiles no están sistematizados. Además, no hay instrucciones del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes sobre qué casos deben considerarse fraude.
Las feministas de la Alianza Contra de Borrado de las Mujeres denuncian que existe una «voluntad de ocultación de la información sobre los efectos de la ley trans» y califican de «gravísimo que el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes se ampare en el número y la situación de las oficinas del Registro Civil, máxime con las ingentes y desaprovechadas ayudas del Fondo Europeo de Recuperación para la digitalización».
Por ello, presentarán a los grupos parlamentarios del Congreso una Proposición No de Ley (PNL) para reclamar al Gobierno la puesta en marcha de la automatización de todos los registros civiles y la aplicación de indicadores que permitan tener un conocimiento exhaustivo del impacto de la norma, desagregando los datos por sexo, edad, territorio, número de desistimientos y detransiciones. La PNL extenderá la reclamación de trasparencia al Ministerio de Sanidad.
La Alianza denuncia la caótica situación estadística en los Registros Civiles y la ausencia de instrucciones suficientes que orienten la labor de los registradores, así como la falta de voluntad política para hacer accesibles informaciones que pondrían de manifiesto la «chapuza legislativa que implica la autodeterminacion de un dato registral con grandes implicaciones prácticas en amplias esferas de las relaciones sociales y que colisiona con derechos de terceros».
Mentiras de Ana Redondo
El pasado mes de septiembre, Ana Redondo compareció en la Comisión de Igualdad del Congreso a petición del PP para explicar «las consecuencias de los graves errores generados en la redacción» de la ley trans. En su comparecencia, la sucesora de Irene Montero defendió la norma, alegando que «en el 99% de supuestos, la normalidad y el buen uso de la ley son la tónica» y culpando a los medios de comunicación de «dudosa fiabilidad» de las noticias que informan de varones que se sirven de ella con fines que no habían concebido sus impulsoras, o que podrían constituir, en su argumentario, un «fraude de ley».
En esa misma comparecencia, la ministra aseguraba que «existen instrumentos normativos suficientes que permiten garantizar la aplicación correcta de la ley trans» como prioridad para «proteger a las mujeres víctimas de violencia». Pero lo cierto es que tanto antes como después de estas declaraciones han trascendido numerosos casos de maltratadores que, por haber modificado su sexo registral, no han podido ser juzgados por violencia de género.
El último, el de un(a) militar trans de la base aérea de Alcantarilla (Murcia) que pegó a su pareja en un bar pero, pese a que había testigos y que la mujer tiene el parte médico de las lesiones producidas, se ha librado de la denuncia por violencia de género. La persona denunciada tiene 52 años de edad y es mujer a efectos legales, pues se cambió de sexo registral en 2023, tras entrar en vigor la ley trans. Su DNI también refleja su nueva condición. Sin embargo, mantiene su nombre original y su aspecto físico sigue siendo el de un varón. Es decir, es un trans no normativo.
La ministra también dijo que casi 6.000 personas habían usado la norma en año y medio, de marzo de 2023 a septiembre de 2024. Una cifra también inverosímil si se tiene en cuenta que sólo en 2023 5.139 personas acudieron al Registro Civil para cambiarse de sexo. De ellos, 3.160, el 61,49%, eran hombres.
