Bolaños pide dejar trabajar al juez del caso sobre el fiscal general: «La verdad prevalecerá»
El ministro también afirma que el juez está «predeterminado» y parte de una certeza que le impide conocer la verdad
Álvaro García Ortiz y Felix Bolaños
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes de España, Félix Bolaños, ha afirmado este viernes que es momento de dejar trabajar al juez que investiga al fiscal general del Estado y ha expresado su confianza en el sistema judicial español y en que «la verdad prevalecerá» en el caso.
En declaraciones a EFE en los márgenes del consejo informal de ministros de Justicia de la Unión Europea (UE) en Varsovia, Bolaños se ha pronunciado en estos términos tras la declaración esta semana del fiscal general, Álvaro García Ortiz, ante el juez que lo investiga del Supremo por la presunta revelación de secretos de sobre el fraude fiscal del novio de Isabel Díaz Ayuso.
El fiscal general, además de negar estar implicado en la filtración, expuso en el Supremo que se ha vulnerado su derecho a la defensa y que el juez está «predeterminado» y parte de una certeza que le impide conocer la verdad.
Al respecto, el ministro ha recalcado que «España es un Estado de derecho con un sistema de recursos y de garantías que hace que diferentes tribunales puedan conocer de la misma causa y que el propio juez tenga la oportunidad de conocer de nuevo los argumentos de las partes».
«Y por tanto yo creo que ahora es el momento de dejar trabajar al instructor, de dejar trabajar al Tribunal Supremo», ha dicho Bolaños, quien ha manifestado su convicción de que «la verdad va a prevalecer».
«Yo confío en nuestra justicia, en nuestro Estado de derecho y por tanto estoy convencido de que finalmente la verdad se conocerá», ha concluido.
El juez Ángel Hurtado investiga si el fiscal general y la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez filtraron los correos que el fiscal Julián Salto se intercambió con el letrado de Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
En concreto, uno enviado el 2 de febrero en el que el abogado reconocía en nombre de su defendido la comisión de «dos delitos contra la Hacienda Pública por el Impuesto de Sociedades, 2020 y 2021».
