Los mensajes que prueban el interés del Gobierno en un proyecto investigado por fraude

Cargos del Ministerio de Industria, bajo la dirección de la exministra Reyes Maroto, se interesaron por el proyecto de Biorrefinería Multifuncional de Barcial del Barco en Zamora -investigado en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Zamora por un presunto fraude en la concesión de subvenciones de la Unión Europea– según los mensajes intercambiados entre el director general de Industria y Pyme, Galo Gutiérrez, y Vicente Merino, uno de los promotores del proyecto, a los que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. Este responsable ministerial incluso apuntó la posibilidad de que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y la Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial (Sepides) pudieran entrar con dinero público en el proyecto. Los empresarios denuncian la connivencia entre el Gobierno y Acciona para arrebatarle el proyecto.

Mientras la instrucción judicial de la querella interpuesta por los afectados el 7 de diciembre de 2021 de este presunto fraude sigue su curso, se van conociendo detalles de la relación que mantuvieron los impulsores de este proyecto con el Gobierno de Pedro Sánchez. Los empresarios se sintieron engañados por el Ejecutivo y apartados del proyecto, y alertaron a las autoridades comunitarias de una posible concesión de fondos, a sus espaldas, en «fraude de ley». Sostienen que la propiedad industrial del mismo les habría sido arrebatada por Acciona, a la que finalmente se le podría haber adjudicado el dinero. Unas acusaciones que deberán ser demostradas por el juez que investiga el caso.

Los afectados tienen pruebas de cómo el Gobierno se interesó por este proyecto, llegando incluso a apuntar el propio Pedro Sánchez, entonces líder del PSOE, que podría ser financiado con fondos europeos, como así parece que podría haber sucedido. El Ministerio de Industria, entonces gestionado por Reyes Maroto, recibió a los promotores del proyecto el 10 de septiembre de 2020. Un encuentro en el que también participó Acciona, que luego ha resultado presuntamente la adjudicataria de los fondos. En ese momento, Acciona participaba en el encuentro como constructor, no como inversor, interés que muestra inmediatamente después de esta reunión, y ya habla de la posibilidad de financiar el proyecto con los fondos europeos. Los impulsores de la querella sospechan que empieza la connivencia con el Gobierno.

Tras este encuentro, el 29 de octubre de 2020, el director general de Industria, en un mensaje a los empresarios, asegura: «Veo buena evolución. Si hay un socio privado consistente, la entrada de Sepides o ICO, sería más viable». El 28 de diciembre de 2020, Galo Gutiérrez, en otro mensaje, ya hace referencia a la importancia del proyecto en el ámbito del reto demográfico: «Veremos cómo se desarrollan los acontecimientos, pero desde el punto de vista del Reto Demográfico, la importancia del proyecto es innegable».

Además, como ya publicó THE OBJECTIVE, dos años después de esta reunión y de uno de los mensajes intercambiados, la entonces ministra de Industria, Reyes Maroto, ofreció su ayuda al proyecto. Lo hizo durante una visita a Benavente (Zamora), el 10 de febrero de 2022, en la que estuvo acompañado del secretario general Antidio Fagúndez, y por el alcalde de la localidad, Luciano Huerga.

Maroto admitió que «no conoce el proyecto» pero que contará con la ayuda del Ministerio, según informó Europa Press. «No conozco el proyecto. No ha llegado a mi mesa, pero desde luego sí me interesaré y sobre todo, creo que lo he demostrado como ministra, pero también como paisana que soy de esta región, que siempre que hay un proyecto que requiere del acompañamiento del Gobierno, como cuando un problema en alguna empresa, el Ministerio desde luego siempre está». Estas declaraciones fueron muy bien acogidas por los empresarios -que consideran que les ha sido arrebatado su proyecto y adjudicado a otro grupo empresarial- y a los pocos días le enviaron una voluminosa información sobre el proceso judicial en el que se encontraban inmersos. Además, el 14 de febrero le solicitaron una reunión para abordar el proyecto.

Cuando la ministra recibió toda la información, se desentendió totalmente del proyecto y en un correo comunicó a los afectados que había pasado el tema a la Secretaría de Estado de Energía, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, por ser de «vuestra competencia».

Fiscalía Anticorrupción

El origen de la investigación judicial de este proyecto, denunciado por los promotores al sentirse engañados, fue una información publicada por THE OBJECTIVE el pasado 23 de marzo bajo el título «La UE vigila seis adjudicaciones en España por sospechas de corrupción por los fondos». El periódico desvelaba la existencia de seis peticiones de información por parte de la OLAF al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude español.

Una de ellas, con fecha 22 de noviembre de 2022, se refería a «posibles irregularidades en el marco del proyecto de la biorrefinería de Barcial del Barco y La Robla» y pedía una respuesta antes del 15 de diciembre de este año. Esta es la respuesta a la que quieren acceder los empresarios, ya que es consecuencia de una denuncia interpuesta ante la Fiscalía Europea el 11 de octubre de 2022.

Los impulsores de esta iniciativa llevan denunciando, tanto ante los organismos comunitarios OLAF y Fiscalía europea como ante los ministerios de Transición Ecológica, Industria y Hacienda, una «presunta trama corrupta». Sus acusaciones se concretan en que «es posible que se hayan solicitado subvenciones para un modelo industrial de mi propiedad (proyectos de biorrefinería protegido por patentes), o del mismo sector y en fraude, por parte de alguna compañía perteneciente al grupo o holding de Acciona», como así figura en el escrito de denuncia ante la Fiscalía europea, presentado el 11 de octubre de 2022 y que fue ampliado el 21 de abril de 2023.

Con anterioridad, el portavoz de este grupo empresarial, Vicente Merino, ya había denunciado el caso en enero de 2022 a la Fiscalía Anticorrupción en España y el 7 de diciembre de 2021 ante el Juzgado número 6 de Zamora. El importe de la subvención, si ha llegado a concederse, podría alcanzar los 500 millones de euros.