Lanzan una iniciativa legislativa popular para desnacionalizar a los inmigrantes que delincan
El colectivo Hogar Social busca 500.000 firmas para retirar la nacionalidad española a quien cometa un delito
La policía detiene a varios inmigrantes en la frontera de Ceuta. | EFE
«La nacionalidad es un privilegio, no un derecho». Sobre esta premisa, el colectivo Hogar Social Madrid ha registrado ante la Mesa del Congreso de los Diputados una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para retirar la nacionalidad a los inmigrantes que lo hayan adquirido de manera derivativa y cometan cualquier delito. Ahora, el objetivo de sus impulsores, que han abierto una página web, es recabar 500.000 firmas y que la ILP sea debatida en la Cámara Baja.
La iniciativa aprobada por Francina Armengol ha sido registrada por la activista Melisa Domínguez, que admite estar «sorprendida» por su aprobación, teniendo en cuenta que solo se aceptan en torno al 3% de las ILP y que Hogar Social Madrid había presentado con anterioridad varias que siempre habían sido denegadas, como la que pedía el cierre de mezquitas con imanes investigados por terrorismo.
Esta iniciativa, en concreto, nace «como reacción a la ILP que se debatió en abril en el Congreso para la regularización extraordinaria de medio millón de inmigrantes». Según explica Domínguez a THE OBJECTIVE, el objetivo es «combatir la impunidad» de la que gozarían algunos inmigrantes gracias a la nacionalidad española: «Saben que tienen un colchón. Al perder la nacionalidad, quedan en manos de la ley de extranjería y si son reincidentes se les puede expulsar».
La ILP
«Ante la inseguridad ciudadana que vivimos hoy en España hemos decidido decir basta», explican sus impulsores, que se dicen «cansados de ver cómo nuestras calles de toda la vida se han convertido en campos de batalla donde gente venida de fuera impone su modo de vida basado en el caos y la violencia». «La nacionalidad española es un privilegio, no un derecho, algo que la clase política ha olvidado», abundan estos ciudadanos, que cargan contra el PSOE y el PP.
«Tanto el Partido Popular como el PSOE se han dedicado en los últimos años a regalar nuestra nacionalidad de forma masiva», denuncian, en referencia al acuerdo que alcanzaron el año pasado para regularizar a 500.000 inmigrantes. Ante ello, «abrimos la posibilidad de que sean los españoles quienes decidan en qué país quieren vivir, en qué tipo de barrios quieren que vivan sus hijas»: «Ya no hay término medio, ya no hay postura tibia que valga. O con la gente honrada o con los delincuentes. Y los partidos políticos tendrán que decidir de qué lado están».
La iniciativa consiste en la modificación de los artículos 25 y 26 del Código Civil, añadiendo como motivo para retirar la nacionalidad la comisión de un delito, sea cual sea su gravedad, y sea cual sea el bien jurídico perjudicado, e incluyendo como condición para recuperarla en caso de retirada el no tener antecedentes penales en España.
Delitos cometidos por extranjeros
La iniciativa se fundamenta en algunos datos publicados en su día por THE OBJECTIVE, y denuncia, entre otras cosas, la sobrerrepresentación de los extranjeros en algunos delitos como los feminicidios o las agresiones sexuales.
«Dado que, según datos oficiales de criminalidad correspondientes al Ministerio del Interior, en gran parte de la geografía española la comisión de los delitos más frecuentes (robos con violencia, reyertas, agresiones sexuales y homicidios) son cometidos, en gran porcentaje, por personas que se corresponden con las procedencias, que anteriormente hemos mencionado, más beneficiadas en la obtención de nacionalidad, debemos tomar medidas para proteger la seguridad y el interés general de España», sostiene la ILP registrada ante la Mesa del Congreso.
«Cabe recordar, nuevamente, que la adquisición de la nacionalidad de manera derivativa no es, en ningún caso, un derecho fundamental», dicen, para añadir: «Por tanto, consideramos urgente la ampliación de los supuestos para la pérdida de la nacionalidad española a aquellos ciudadanos que la hubieran obtenido de forma derivativa, así como el endurecimiento de las condiciones para su recuperación».
Sus impulsores están pidiendo donaciones para cubrir los gastos necesarios, pero prometen devolverlas en caso de que prospere. La Ley Orgánica 3/1984 de 26 de marzo recoge que el coste generado fruto de la recogida de firmas será costeado por los presupuestos generales del Estado hasta los 300.000 euros. «Por tanto, en caso de que la iniciativa pase a tramitación parlamentaria (es decir, que se consigan las firmas requeridas), el Estado reembolsará los gastos. Por ello hemos decidido que, en ese caso, quienes quieran que su donativo sea a modo de ‘préstamo’ se les devolverá si así lo indican», zanjan desde Hogar Social.
