Así era el gobierno de Madrid que PSOE y Cs pactaron por escrito para quitar a Ayuso
Los dos partidos diseñaron un ejecutivo presidido por Ignacio Aguado con dos vicepresidencias y diez consejerías
Isabel Díaz Ayuso e Ignacio Aguado cuando gobernaban juntos. | Europa Press
El acuerdo por escrito entre el PSOE y Ciudadanos para hacerse en marzo de 2021 con las presidencias de la Comunidad de Madrid y la Región de Murcia incluía varios anexos en los que ambos partidos se repartían los nuevos gobiernos. La distribución del Ejecutivo murciano ya se conoció hace cuatro años cuando registraron la moción de censura, pero del madrileño nunca se supieron los detalles porque socialistas y naranjas no la presentaron al mismo tiempo que en Murcia y la mandataria madrileña, Isabel Díaz Ayuso, convocó elecciones anticipadas la misma mañana del 10 de marzo para desbaratar la conjura.
En el caso madrileño, la dirección naranja consiguió que Pedro Sánchez aceptase que Ignacio Aguado fuese la persona para encabezar ese nuevo gobierno, pese a que Moncloa puso inicialmente sobre la mesa el nombre del socialista Ángel Gabilondo por haber sido el vencedor en los comicios de 2019. El PSOE y Ciudadanos plasmaron en el texto que una moción de censura «exitosa» en el territorio de Ayuso pasaba por los votos «necesarios» de ambos partidos -los socialistas tenían 37 diputados autonómicos y Cs, 26- junto con los de «otra fuerza parlamentaria, Más Madrid o Podemos-IU», que contaban con 20 y 7 representantes, respectivamente.
Esa labor de convencer a una tercera formación correspondería a los socialistas, aunque no se puso por escrito. Eso sí, ambas partes convenían que solo era necesario un tercer socio -presumiblemente Más Madrid- para echar al PP y gobernar en coalición el resto de los dos años de legislatura que quedaban.
En cuanto al reparto de carteras, fue el siguiente: la presidencia recaía en Ciudadanos en la figura del citado Aguado, mientras que los socialistas ostentarían dos vicepresidencias -una política y otra económica- y un mayor número de consejerías -6 frente a 4-. La suma total reducía «un miembro en comparación con el gobierno actual» de Ayuso, ya que la coalición de populares y naranjas constaba en aquel momento de 14 miembros: siete consejeros del PP y seis de Cs. En el documento (ver abajo) no se incluyó un desglose con los nombres de las consejerías ni las atribuciones que tendrían los vicepresidentes, por lo que esa negociación sería posterior al registro de la moción de censura.
En cuanto a Murcia, la aritmética parlamentaria era más sencilla. «Para una moción de censura exitosa son suficientes los votos de PSOE y Ciudadanos», se resaltó en el documento. Ambas formaciones llegaban al umbral de los 23 escaños de la mayoría absoluta gracias a los 17 de los socialistas y los seis del partido liberal. El reparto de puestos era casi un calco al de Madrid: la presidencia para la naranja Ana Martínez Vidal, dos vicepresidencias para el PSOE -una política y una económica-, cuatro consejerías para los socialistas y tres para los liberales. «Esta estructura reduce un miembro en comparación con el gobierno actual» de Fernando López Miras, que tenía once miembros, se subrayó igualmente en el acuerdo.
Ahora bien, la candidata a presidir la región -la citada Martínez Vidal- era la consejera de Economía y por encima de ella tenía a la vicepresidenta Isabel Franco, que había sido la cabeza de cartel de los naranjas en las autonómicas de 2019. Esta última había visto en los meses previos cómo se la orillaba dentro del partido tras perder la condición de líder de Cs en dicho territorio. Un hecho que fue determinante para que la moción en Murcia descarrilase a los pocos días de la firma por la rebelión de varios de los firmantes.
En todo caso, PSOE y Ciudadanos querían ir mucho más allá de ambas comunidades autónomas. En primer lugar, pactaron ampliar el acuerdo «a todos los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid y de la Región de Murcia donde sea posible plantear alternativas a los gobiernos municipales del PP», con la siguiente condición: «Todos los nuevos alcaldes serán del PSOE y la composición de los nuevos gobiernos municipales se negociará por las respectivas direcciones territoriales de PSOE y Cs».
Aunque no se mencionaba expresamente ningún consistorio madrileño, en las conversaciones de los negociadores –Félix Bolaños por parte del PSOE y Carlos Cuadrado por Cs- se habló del ayuntamiento de la capital en manos del popular José Luis Martínez Almeida. Ambos consensuaron que la mejor opción era que se quedase en manos de la entonces vicealcaldesa naranja, Begoña Villacís, aunque la moción se perfilaría más adelante.
Además, en el pacto se incluyeron cinco diputaciones: tres de Castilla y León (Ávila, Burgos y Soria), una de Andalucía (Málaga) y otra de la Comunidad Valenciana (Alicante), por lo que el acuerdo no se circunscribía solamente a los territorios de Madrid y Murcia y metía una cuña en otras regiones gobernadas por el PP. En el documento también aparecen siete capitales de provincia gobernadas por los populares: la alcaldía de Murcia, que a la postre fue la única moción presentada que salió adelante, junto con las de Alicante, Oviedo, Santander, Salamanca, Zaragoza y Teruel. Por lo tanto, se trataba de ciudades de mucho peso de la Comunidad Valenciana, Aragón, Castilla y León, Asturias y Cantabria.
Las ambiciones de PSOE y Ciudadanos no se quedaban ahí, pues metieron en el mismo paquete del acuerdo a ocho municipios de más de 20.000 habitantes: Orihuela, Calpe y Mutxamel en la Comunidad Valenciana, Calatayud en Aragón y la novedad de Villarrobledo y Almansa en Castilla-La Mancha, un territorio gobernado por Emiliano García-Page. Además, los negociadores dejaron la puerta abierta a que «cualquier otro municipio que así se pacte por el PSOE y Cs» entrase en el pacto si así lo decidían ambos partidos a posteriori. Para los naranjas era prioritario separar al PSOE de Podemos y los independentistas todo lo posible y que con dicha estrategia, Sánchez tuviera difícil pactar a nivel estatal con los socios de investidura mientras los socialistas gobernaban con ellos en varias comunidades, diputaciones y localidades de gran tamaño.
Por último, ambos partidos redactaron un párrafo final que planteaba una alianza mucho más duradera en el tiempo: «Tras las próximas elecciones municipales y autonómicas, tanto si son en 2023 como si se adelantan en algún territorio, la voluntad del PSOE y de Cs será mantener este acuerdo y replicarlo en otras comunidades autónomas y ayuntamientos. En ese momento, las presidencias y las alcaldías serán ostentadas por el partido que haya obtenido más votos». Una redacción que beneficiaba a la larga más a los socialistas que a los naranjas, si bien dicha voluntad pronto quedó en papel mojado.
