El Gobierno ha invertido dos millones en una IA pública y plurilingüe que nació obsoleta
El rendimiento de ALIA, la tecnología de Meta en español y lenguas cooficiales, es inferior al de modelos previos

Pedro Sánchez en una presentación sobre ALIA. | EP
El Gobierno de España ha destinado 2,2 millones de euros a impulsar un modelo de lenguaje de inteligencia artificial entrenado en español y las lenguas cooficiales: catalán, valenciano, euskera y gallego. Tras su lanzamiento, la implantación ha sido limitada, circunscribiéndose a sistemas como un chatbot para la Agencia Tributaria o una herramienta de diagnóstico médico, y ALIA, el nombre del proyecto, ha generado críticas por su rendimiento inferior a otros modelos de IA similares desarrollados en 2023, lo que ha llevado a que algunos expertos tachen a esta tecnología de desfasada.
Según un documento elaborado por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, «el presupuesto para el desarrollo de los modelos fundacionales en castellano y lenguas cooficiales (ALIA) se encuentra incluido en la Estrategia IA 2024». «Más concretamente, aparece recogido en la medida 3.2, asimismo integrada dentro de la palanca 3, y a cuyo tenor el presupuesto que se ha estimado para el ALIA asciende a la cifra 2.2 millones de euros».
Esta cantidad contrasta con los 10,2 millones de euros anunciados inicialmente para el desarrollo de ALIA. Esta circunstancia puede responder a que en realidad, se han impulsado diferentes proyectos relacionados con la IA made in Spain, aunque el modelo de lenguaje en estos idiomas ha sido el buque insignia más visible en las declaraciones públicas.
ALIA está basado en LLaMa, un modelo de Meta, lo que demuestra la falta de un ecosistema propio de inteligencia artificial en España. A pesar de los esfuerzos económicos, el país sigue dependiendo de tecnología extranjera, lo que contrasta con la idea de que esta inversión sirva para posicionar a España como una potencia en IA.
Desde el Ministerio de Transformación Digital se ha defendido el uso de ALIA en aplicaciones prácticas, como el chatbot de la Agencia Tributaria o Cardiomentor, una herramienta para ayudar a médicos en el diagnóstico de enfermedades cardíacas. No obstante, expertos en inteligencia artificial han señalado que ALIA tiene un rendimiento inferior a modelos que ya estaban disponibles en 2023, como LLaMa 2 32B, tal y como recogió el medio especializado Hipertextual.
Inversión pública sin tecnología propia
Más allá de la calidad de ALIA, lo que supone el verdadero desafío es la falta de un ecosistema propio en España para el desarrollo de modelos avanzados. En tecnología, la inversión pública por sí sola no convierte a un país en líder si no va acompañada de un desarrollo tecnológico real y una industria fuerte en el sector. Sin empresas y personal especializado, el desarrollo es más difícil, y las Administraciones a menudo se encuentran con el dilema de potenciar industrias ya existentes y tratar de importar aquellas en las que el liderazgo es exterior. En este caso, se opta por traducir una tecnología desarrollada por Estados Unidos.
En este contexto, la apuesta por ALIA ha sido interpretada como un gesto político simbólico más que como un avance tecnológico real. Mientras países como Estados Unidos y China cuentan con compañías líderes que desarrollan modelos propios, España sigue sin una empresa capaz de competir en este ámbito, dependiendo de modelos extranjeros que, además, ya han sido superados por otras tecnologías más recientes.
Además de ALIA, anunciada por Pedro Sánchez en febrero de 2024 coincidiendo con el Mobile de Barcelona, el Gobierno prometió a finales de 2024 otros 62 millones para la primera fábrica de IA del país y, a principios de este año, la movilización de 150 millones para potenciar la integración y uso de la IA en las empresas españolas. El Consejo de Ministros aprobó un gasto de 1.500 millones en tecnologías punteras como IA y supercomputación, mientras que la Unión Europea ha puesto en marcha InvestAI, una infraestructura público-privada que tiene como objetivo dotar a los proyectos de inteligencia artificial del continente de 200.000 millones de euros.