Dos organizadores del 1-O denuncian que no se les aplica la amnistía y se plantean acudir al TC
Los abogados acusan al juzgado de «delación indebida». El diputado de Junts, Josep Pagès, es uno de los denunciantes
El diputado de Junts, Josep Pagès, en el Congreso. | Eduardo Parra - Europa Press
Dos de los miembros de la Sindicatura Electoral del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 en Cataluña llevan ocho meses a la espera de que se les aplique la amnistía, en concreto desde que sus abogados realizaran la petición tras la entrada en vigor, el 10 de junio de 2024, de la ley para la normalización institucional, política y social. Esta semana, según ha podido saber THE OBJECTIVE, sus abogados han presentado un escrito ante el juzgado penal número 11 de Barcelona para que les apliquen la norma del olvido penal y acusan al tribunal de «delación clara e indebida» a la hora de cumplir la ley. La Audiencia de Barcelona anuló en 2022 la absolución de este juzgado a los cinco síndicos y ordenó repetir el juicio. Es decir, su situación procesal antes de la entrada en vigor de la ley es que estaban a la espera de que se celebre su juicio por los delitos de desobediencia y usurpación de funciones.
Los abogados de los síndicos Jordi Matas y Josep Pagès -que también es diputado de Junts en el Congreso- han presentado un escrito en el juzgado de Barcelona que lleva su caso en el que destacan que hace diez meses que se aprobó la ley de amnistía y que no se ha producido ningún movimiento por parte de la justicia. Asegura que se ha incumplido el plazo de dos meses que establecía dicha ley para ser aplicada y consideran que su demora va más allá de la «carga laboral» inherente a estos juzgados. Los miembros de la Sindicatura Electoral del 1-O tenían el encargo de controlar el proceso de votación, así como la acreditación de los observadores internacionales, entre otras funciones.
«Dilación indebida»
«Parece que este Juzgado, por razones que desconocemos, pero que exceden del ámbito de la carga laboral que pueda afectarle, está incurriendo en una clara e indebida dilación y, todo ello, sin perjuicio de las responsabilidades que se puedan exigir ex portas del presente procedimiento», sostienen en su escrito.
Los letrados de los síndicos independentistas presentaron una petición formal para reclamar la aplicación de la ley de amnistía el 30 de julio de 2024. Pero hasta la fecha el juzgado no ha iniciado ningún trámite ni han ofrecido respuesta alguna.
A este respecto añaden que «es evidente lo que está sucediendo y creemos que hemos llegado al punto en que la paciencia deja de ser una virtud». Recuerdan, además, que dejaron «pasar la posibilidad de cuestionar» la ley de amnistía «en sede constitucional o europea» y consideran que, de hacerlo ahora, «solo serviría para agravar la situación y el daño ya causado por una negativa implícita a aplicar la Ley y a resolver las peticiones de esta parte».
Recurso ante el Constitucional
Fuentes de la defensa explican a THE OBJECTIVE que valoran presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para que aplique medidas cautelares al haber incumplido los dos meses que fijaba la ley para aplicar la amnistía.
Los miembros de la Sindicatura Electoral del 1-O sostuvieron en su momento que no habían desobedecido las órdenes del Constitucional porque todos renunciaron al cargo antes del referéndum. Los cinco síndicos renunciaron cuando la Corte de Garantías les apercibió con el cobro de multas diarias de hasta 12.000 euros.
El Juzgado número 11 de Barcelona les absolvió de los delitos de desobediencia y usurpación de funciones públicas en 2021. Sin embargo, la Audiencia de Barcelona anuló la sentencia y ordenó repetir el juicio. En la actualidad, están a la espera de un nuevo juicio. No obstante, mientras llega este momento han cambiado sus condiciones. En el caso de Josep Pagès ha logrado el aforamiento al ser elegido diputado por Junts per Catalunya tras las elecciones generales del 23-J.
