Un vicepresidente del Congreso se pasa «por el arco del triunfo» las acusaciones de prevaricar

El vicepresidente primero del Congreso de los Diputados, Alfonso Gómez de Celis, del PSOE, se mofó de las advertencias de prevaricación realizadas por miembros del PP en la Mesa de la Cámara. Los populares le recriminaron que no podía impedir que el Pleno del día 20 pudiera votar si se retiraba del orden del día la ley a la que le fueron mutiladas tres enmiendas del Senado, sin el voto de los diputados. El diputado, que sustituía a la presidenta Francina Armengol en el citado pleno, llegó a afirmar que se pasa «por el arco del triunfo» estas acusaciones, según se recoge en el acta de la Mesa del 28 de marzo, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.

La polémica por la decisión de la Mesa del Congreso de los Diputados de mutilar enmiendas de una ley procedente del Senado, sin ser votadas por el pleno como marca la Constitución y tan solo por la orden del Gobierno, sigue convulsionando la vida parlamentaria. El desafío de la mayoría de izquierdas aglutinada en torno al PSOE frente a la minoría que representa el Partido Popular ha llegado a tal extremo que desprecian las advertencias que le hicieron los cuatro miembros del PP de haber podido cometer un presunto delito de prevaricación.

Esta afirmación del vicepresidente primero del Congreso de los Diputados la hizo en la reunión de la Mesa, donde el PSOE y Sumar tienen mayoría con cinco representantes (cuatro socialistas y uno la formación de Yolanda Díaz) frente a los cuatro miembros del Partido Popular. La reunión se convocó el pasado día 28 de marzo y en ella se debatió el escrito de queja del Grupo Parlamentario Popular «con la actuación y las decisiones adoptadas por el vicepresidente primero Alfonso Gómez de Celis en el pleno celebrado el 20 de marzo».

Las actas señalan que «el señor Rodríguez afirma que no le importan las amenazas que ha recibido, que se las ‘pasa por el arco del triunfo’, y que suelen acabar en nada, bien por ignorancia de la ley, bien por mala fe». Fuentes de la Mesa han asegurado a este periódico que Gómez de Celis llegó a invitar al PP a ir al Supremo y vaticinó que le daría un revolcón y una somanta de palos. Sin embargo, en una Mesa celebrada el pasado día 8 negó haberlo dicho, por lo que no se pudo recoger en el acta. Ningún representante del PSOE ni de Sumar «le respaldó y apostaron por el silencio», siempre según la versión de estas fuentes.

En el pleno del 20 de marzo en el que se aprobó la polémica ley, Gómez de Celis se negó a aceptar la petición del Grupo Popular, en aplicación del artículo 68.1 del Reglamento del Congreso de los Diputados, de someter a votación de los diputados si se retiraba del orden del día de la sesión plenaria la ley de desperdicio alimentario. A esta ley le faltaban las enmiendas del PP, Junts y ERC aprobadas por el Senado que el Gobierno pidió retirar. Ese artículo sostiene que el orden del día del pleno puede ser alterado por acuerdo de éste, a propuesta del presidente, de dos grupos o de una quinta parte de los miembros.

Mutilar enmiendas

El Ejecutivo intentó llevar a cabo la misma operación en el Congreso en la Mesa del 18 de marzo sobre el texto que llegó aprobado del Senado incorporando las tres enmiendas, y volvió a afirmar que afectaban al presupuesto. Pero un texto aprobado por el Senado se tiene que votar en el Congreso sin poder modificar nada, como así lo manifestó el secretario general de la Cámara, afín al PSOE, Fernando Galindo. La decisión de Galindo sorprendió porque fue situado por los socialistas para dar apariencia de legalidad a leyes como amnistía, así como otras polémicas decisiones.

Los populares intentaron que la ley no llegara al pleno y pidieron una reunión de la Mesa del Congreso, que es la competente para elaborar el orden del día, pero el PSOE convocó en su lugar una Junta de Portavoces el día 20 de marzo una hora antes de empezar el pleno, desestimando la reclamación del PP de que se eliminara del orden del día. Esta actuación también es cuestionada por el PP.