El PP obligará al PSOE a votar sobre el respeto a la Justicia y el acceso a la carrera judicial

El Grupo Parlamentario Popular obligará al PSOE a votar en el Congreso de los Diputados una Proposición no de Ley, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, sobre el respeto a la independencia judicial y la «máxima objetividad» en los procesos de selección de los jueces. Los populares advierten de que «no se pueden tolerar» las manifestaciones del Gobierno a favor de «democratizar» la carrera judicial, ya que la forma de entrada de los nuevos jueces está regulada por la Constitución.

Los ataques constantes del Gobierno de Pedro Sánchez a la Justicia, que han alcanzado su máxima expresión con una propuesta para la reforma del acceso a la carrera judicial que promociona el cuarto turno, una puerta de acceso sin pasar por la oposición, entre otras medidas, han llevado al PP a pedir un pronunciamiento del Congreso de los Diputados. Una iniciativa con la que pretende que la Cámara baja inste al Gobierno a comprometerse con esta materia.

Hay tres compromisos que quieren arrancar los populares. Como primera medida, trabajar en «propuestas legislativas que contribuyan a reforzar la independencia judicial, como exige nuestra Constitución y demandan las instituciones europeas, con el objetivo de garantizar independencia de la justicia, la separación de poderes y el fortalecimiento institucional».

La segunda es garantizar «a los órganos judiciales la estabilidad exigida en nuestro texto constitucional, así como la valoración de la profesionalidad, solidez e independencia en el desempeño por parte de jueces y magistrados de la administración de justicia». La tercera es que «el acceso a la carrera judicial se produzca con la máxima objetividad, y que los procesos de selección sigan basándose en los principios de mérito, capacidad e igualdad».

Los populares aseguran en la exposición de motivos de esta iniciativa parlamentaria que «la Constitución de 1978 consagra una verdadera división de poderes» y en su artículo 117.1 dispone que «la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. Hay que destacar que la nota característica del estatuto de jueces y magistrados por exigencia constitucional es la independencia».

«Nombramientos temporales abusivos»

Por ello, consideran que «el poder judicial debe ser independiente y dentro de esta estructura organizativa, la independencia debe ser un atributo personal de cada juez y cada magistrado». A juicio del PP, «el primer paso para conseguir romper un Estado de derecho es debilitar y politizar el Poder Judicial, garante del orden constitucional, de la convivencia en paz y de la protección de los derechos y libertades»; «no respetar la división de poderes es algo que va contra de la democracia». En este sentido, entienden que «es necesario un compromiso inquebrantable con la libertad, los derechos individuales y la separación de poderes, así como la existencia de pesos y contrapesos como marco de convivencia y progreso de nuestra sociedad».

El Grupo Popular advierte de que «no deben tolerarse las manifestaciones efectuadas por el Gobierno de España sobre la necesidad de ‘democratizar’ la carrera judicial como medio para regular el acceso a la misma, expresión absolutamente desafortunada, puesto que la entrada de nuevos jueces debe realizarse respetando los principios, tanto constitucionales (artículo 103 de la Constitución de 1978) como jurisprudenciales». Sobre esta consideración señalan que «en las últimas sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo se pone claramente de manifiesto cómo ha de producirse el acceso a la función publica, para lo que recuerda que los principios de mérito, capacidad e igualdad son inderogables, y destaca que el ordenamiento jurídico español no permite convertir en funcionarios públicos fijos a los que han recibido «sin pasar por los procesos selectivos establecidos legalmente».

Los populares recuerdan que «la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial ha puesto de manifiesto que «la accesibilidad, la publicidad, la objetividad y la transparencia son la mejor garantía de la pluralidad judicial». Así pues, subrayan que «si se analizan las últimas 27 promociones de jueces, resulta que un 65,82% de quienes superan la oposición son mujeres y un 34,18 son hombres. El 74,72 % no ha tenido o tiene un familiar ejerciendo una profesión jurídica hasta el segundo grado de consanguinidad, un 5,94% tienen un familiar juez o magistrado y un 19,34 de otra profesión jurídica». Además, «el porcentaje de jueces cuyos dos progenitores carecen de estudios superiores alcanza un 34%».

A la vista de esta situación, la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo advierte de que «debe trabajarse por la estabilidad de las instituciones del Estado que garantizan el imperio de la ley, la justicia, la seguridad jurídica y el respeto a los derechos y libertades de los ciudadanos, residan donde residan, y la transparencia como principio básico e irrenunciable, entendiendo la rendición de cuentas como elemento esencial en las relaciones con los ciudadanos».

«Despolitización de la Fiscalía»

Finalmente, consideran «preocupante que el actual Gobierno no quiera seguir el modelo europeo de reforzar la independencia judicial como freno al autoritarismo» y subrayan que «la fórmula es sencilla: independencia de la justicia, despolitización de la fiscalía, separación de poderes y fortalecimiento institucional». Para conseguirlo es necesario «dotar a los órganos judiciales de estabilidad y garantizar la profesionalidad, solidez e independencia del desempeño de la administración de Justicia».