Los jueces critican el nombramiento de Bolaños porque vulnera la separación de poderes

Félix Bolaños tendrá que multiplicarse. El superministro de Pedro Sánchez concentrará atribuciones de los tres poderes del Estado: legislativo, ejecutivo y judicial. Una particularidad que han criticado algunas asociaciones judiciales, que consideran que su nombramiento como nuevo ministro de Justicia mientras mantiene las competencias de Presidencia y Relaciones con las Cortes manda «un mensaje inequívoco de que la separación de poderes es algo meramente teórico». Jueces, fiscales y sindicatos resaltan su peso político. Creen que se trata de un guiño del presidente del Gobierno para poner fin a los conflictos pendientes desde la pasada legislatura.

La noticia saltó a primera hora de la mañana de este lunes. Bolaños, muñidor de los pactos en la pasada legislatura y la persona que ha negociado con Junts y ERC la investidura de Sánchez, se convierte en el nuevo hombre fuerte del Gobierno. A las carteras de Presidencia y Relaciones con las Cortes suma ahora la de Justicia, que en la pasada legislatura estuvo sumida en multitud de conflictos, además de la polémica por la ley del solo sí es sí.

La mayoría de las asociaciones de jueces y fiscales y sindicatos consultados por THE OBJECTIVE ven positivo el nombramiento de Bolaños, del que destacan que sea un político de máxima confianza para Sánchez. «Parece que se quiere poner como prioridad a la Justicia al encomendarle la responsabilidad a alguien de la importancia y el peso político de Bolaños. Esperemos que sirva para ponerla en el primer plano, como prioridad», ha destacado Edmundo Rodríguez Achutegui, portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia.

Bolaños, el negociador

«Su conexión con Presidencia puede ser un síntoma positivo para entender la necesidad de que haya respuestas rápidas a los acuerdos que se puedan alcanzar con el Ministerio de Justicia, aunque es cierto que la mezcla de competencias puede restar importancia a la nueva cartera y a los déficits de los que adolece», afirma Sergio Oliva, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV).

Oliva considera que Bolaños debe dar cumplimiento a todos los puntos de la Mesa de Retribuciones y avanzar en la separación de poderes y la independencia de los jueces. Pide una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que sean estos profesionales quienes elijan a los 12 vocales de origen judicial que forman parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato caducó hace cinco años. «Así lo recomienda Europa», insiste el representante de la AJFV. Renovarlo será, sin duda, una de las principales tareas del nuevo ministro, tras varias reuniones infructuosas con el PP como negociador.

Los populares sostienen que, al unir los ministerios de Presidencia y Justicia, Sánchez entrega la gestión a su ministro más político, lo que lanza un mensaje claro a Europa y al sistema judicial «y no es precisamente el de despolitizar la justicia en España».

La formación que lidera Alberto Núñez Feijóo critica que Bolaños asuma el departamento que abandona Pilar Llop y mantenga las relaciones con las Cortes porque «implica que coordina las funciones del presidente del Ejecutivo, dirige las relaciones con el Poder Legislativo, y coordina el trato con el Poder Judicial. Todo un mensaje de que se tiene poco interés en proteger la separación de poderes». No obstante, tanto la Xunta de Galicia como la Comunidad de Madrid, gobernadas en solitario por el PP, cuentan con consejerías en las que una misma persona comparte la titularidad de Presidencia y Justicia.

En esa dirección ha ahondado el juez Fernando Portillo, presidente de Foro Judicial Independiente (FJI), que subraya que la concentración de competencias que tendrá Bolaños manda «un mensaje inequívoco de que la separación de poderes es algo meramente teórico cuando un ministro reúne materias tan dispares y relacionadas con los tres poderes del Estado».

La importancia del Secretario de Estado

Portillo echa de menos un ministerio exclusivo de Justicia ya que «sí hay un ministerio exclusivo de Transformación Digital». En su opinión, lo importante ahora es conocer a qué persona encarga Bolaños la secretaría de Estado. «Ahí ponemos nuestras esperanzas de que se nombre a alguien con conocimiento interno del funcionamiento en el día a día». Parece poco probable la continuidad del número dos de Llop, Tontxu Rodríguez, contra quienes los sindicatos han cargado en varias ocasiones.

El presidente de FJI reconoce que los jueces nunca han sido buenos ministros de Justicia y confía en que el madrileño tenga aciertos aunque «desconoce gran parte de la idiosincracia y la problemática de los juzgados y tribunales de nuestro país». La mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ha declinado hacer valoraciones sobre el nombramiento de Bolaños.

Las asociaciones de fiscales también han reaccionado al nombramiento. Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales (AF) reconoce su sorpresa, especialmente porque Bolaños mantiene la cartera de Presidencia. «Resulta llamativa esa dualidad. Podríamos pensar que se pretende no solo potenciar un ministerio que siempre ha sido la Cenicienta, sino mantener fuerte las riendas frente a los Cuerpos que dependen del mismo». No obstante, Dexeus aboga por dar un margen de confianza al nuevo ministro.

«El Ministerio de Justicia necesita de alguien con peso político. Es un departamento sin medios, sin capacidad política y, hoy por hoy, gregario. Quizá con el cambio veamos una mejora en cuanto a capacidad de decisión. La voluntad política la veremos día a día», sostiene Salvador Viada, de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales. En su opinión, que Bolaños asuma varias carteras no importante: «Lo será que respete al Poder Judicial, que combata con Hacienda para mejorar el presupuesto y asumir que la Fiscalía necesita uno propio».

Resolver conflictos

El nuevo ministro de Justicia tiene la tarea de restaurar las relaciones con la judicatura tras la polémica de la ley del solo sí es sí de la pasada legislatura, las acusaciones de lawfare en los pactos con Junts o la futura ley de amnistía, que ha soliviantado tanto a jueces como a fiscales y abogados del Estado. Una vez aprobados los incrementos salariales de estos profesionales y de los letrados de la Administración de Justicia, aunque con meses de demora, Bolaños tendrá que sentarse a negociar con los funcionarios de la Justicia, que amenazan con volver a la huelga.

«Lo primero que vamos a solicitar al nuevo ministro es que retome las negociaciones», ha avanzado a primera hora de este lunes en TVE el presidente de CSIF, Miguel Borra. Las protestas se suspendieron por la inminencia de las elecciones del 23 de julio. Unos 45.000 trabajadores esperan un aumento retributivo en consonancia con los 450 euros mensuales aprobados para el resto de Cuerpos. Luis Calero, portavoz de CCOO, es optimista con el nombramiento: «ser un peso pesado le capacita para atender directamente la solución del conflicto».

El dirigente sindical espera que compartir carteras no suponga «una desatención de las urgentes necesidades de la Administración de Justicia y de las condiciones laborales de quienes trabajamos en ella». En su opinión, el perfil de Bolaños le convierte en «una garantía de políticas de izquierdas en las relaciones laborales que confiamos en que no vuelva a ser defraudada» y espera que abandone «el clasismo que ha caracterizado al Ministerio de Justicia hasta la fecha».

Antonio Lozano, de UGT, se ha mostrado en consonancia: «Nos parece oportuno que un gran negociador asuma Justicia. Falta por ver si también será conveniente». Juan José Yáñez, portavoz de los letrados judiciales, asegura que el nuevo ministro tiene conocimiento «en primera persona» de las cuestiones pendientes. Considera que, al ser uno de los miembros más influyentes del Gobierno, es factible que se puedan culminar los proyectos de los anteriores equipos, como las leyes de eficiencia, y dar un impulso definitivo a su modernización.