El lapsus de Sánchez con Extremadura: «Es la región más segura y con menos inmigración»

¿Lapsus o error? Pedro Sánchez ha desatado la polémica tras poner a Extremadura como ejemplo durante la presentación del Plan de Integración y Ciudadanía, al vincular la baja presencia de inmigrantes en la región con un mayor nivel de seguridad y una vivienda más asequible. «Extremadura es la comunidad con menos población extranjera de España, apenas un 4%; también es la más segura y la que más barata tiene la vivienda, tanto para la compra como para el alquiler», ha afirmado el presidente del Gobierno en Madrid. Unas palabras que han generado controversia por el paralelismo entre inmigración, delincuencia y acceso a la vivienda, un discurso poco habitual en el jefe del Ejecutivo y alejado del argumentario habitual del PSOE.

Sánchez ha utilizado el caso extremeño para cargar contra las políticas de «prioridad nacional» impulsadas por Vox y respaldadas por el PP en varias comunidades autónomas. Según ha defendido, ese problema «no existe» en Extremadura. «Además, es una de las comunidades autónomas que más sufre el reto demográfico, el invierno demográfico que asola todo Occidente», añadió el líder socialista, antes de criticar a las formaciones que, a su juicio, han convertido la inmigración y la delincuencia en «el principal problema» de su discurso político.

El presidente ha presentado durante el acto el nuevo Plan de Integración y Ciudadanía, impulsado por el Ministerio de Inclusión y dotado con 500 millones de euros en su primer año. La iniciativa contempla como una de sus principales medidas la regularización de inmigrantes que ya residen en España para facilitarles permisos de residencia y trabajo.

El plan se articula en cuatro grandes ejes: la ordenación de los flujos migratorios, el reconocimiento del trabajo, la integración como compromiso recíproco y el acceso efectivo a la ciudadanía. En total, incluye 16 medidas y 10 objetivos con horizonte en 2030, entre ellos una estrategia de movilidad laboral para abrir vías legales y seguras de inmigración y la creación de una agencia estatal de movilidad humana.

Durante su intervención, Sánchez ha defendido además el peso económico de la inmigración y ha advertido de sus consecuencias en caso de reducción. «Sin inmigración, España perdería un 19% del PIB en 2050 y un 22% en 2075», ha asegurado. Según sus cálculos, eso implicaría el cierre de 90.000 bares, 50.000 aulas sin alumnos y la desaparición de 22.000 explotaciones agrícolas.