El Congreso cambia su nombre oficial en contra de la Constitución

El PSOE y la mayoría de investidura (Sumar, Podemos, PNV, Junts, ERC, Bildu y BNG) aprobarán este martes en el último pleno del curso político eliminar «de los diputados» del nombre del Congreso, para adaptarlo al lenguaje inclusivo. Esta medida viola la Constitución, según aseguran a THE OBJECTIVE letrados de la Cámara Baja, advirtiendo de que si quieren modificar el nombre tendrán que hacer una reforma constitucional. Esta iniciativa forma parte de una polémica reforma del Reglamento del Congreso, que incluye nuevas medidas para controlar el trabajo de los medios de comunicación que cubren la información parlamentaria.

El artículo 66 de la Constitución asegura que «las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado». Esta definición, para ser modificada, requiere una reforma constitucional; de lo contrario, no se puede hacer, aseguran las fuentes jurídicas consultadas. Pero el pleno del Congreso de los Diputados aprobará este martes un cambio forzado por la izquierda, que habrá que ver cómo se materializa en la vida diaria de la Cámara.

El objetivo de los socios de investidura es sustituir el masculino que se utiliza con carácter general por otras expresiones inclusivas y de género neutro. Los grupos parlamentarios que respaldan a Sánchez quieren que no todas las referencias a los parlamentarios sean en masculino. A partir de esta reforma, se incluirán los términos diputadas y diputados.

Estas fuentes jurídicas consultadas señalan que «el lenguaje inclusivo lo que tiene que hacer es respetar los nombres de los órganos, no se los puede inventar», señalando que «deberían de haberlo corregido de oficio porque referirse en el Reglamento al Congreso pueden referirse a un congreso en Ifema ¿Qué es el congreso?». En este sentido, insisten en que «la Constitución no permite el cambio de nombre porque el Congreso de los Diputados es lo que está en la Constitución». Los letrados señalan que el Partido Popular puede llevar al Tribunal Constitucional esta reforma, ya que «es rango de ley a efecto de ser recurrido ante el Constitucional, no es como dicen que tiene rango de ley orgánica».

Los letrados se muestran muy críticos con la reforma que se va a aprobar este martes en el Congreso de los Diputados, ya que cuestionan que puedan incluir materias que no son de su competencia. «El Reglamento puede regular la relación entre los diputados, cómo deben de ser las preguntas, las interpelaciones, los procedimientos, pero no puede regular las leyes de carácter general».

«Libertad antes de la verja, y después»

Como ejemplo de lo que no se debe de hacer, siempre según los juristas de la Cámara, es la regulación del trabajo de los medios de comunicación. «La ley de libertad de expresión va mucho más allá porque la libertad de información es una libertad plena y por eso todavía no se ha hecho una ley de libertad de prensa».

Los letrados se refieren a lo que denominan «la teoría de la verja» del Congreso, en el sentido de que no puede haber «una libertad antes de la verja y otra después de la verja, que es lo que dice la norma». A su juicio, «se arma un lío cuando dice que el diputado transite entre varias sedes, se entiende que está abandonando el Congreso, o no, ingresando en la otra sede», entendiendo que son fallos que hay que corregir.

Estos juristas se muestran críticos con el informe de los letrados de la Comisión de Reglamento del Congreso al dictamen de la Ponencia, que llegaron a cuestionar de forma muy severa, sobre todo en lo que se refiere al control sobre los medios de comunicación. «Dan por hecho que el Reglamento puede regular la libertad de información porque está afectando a una ley de aplicación general, del mismo modo que el Congreso no puede regular la temperatura de los edificios al margen del decreto ley de turno, porque el medio ambiente, la legislación penal, se aplica en el Congreso exactamente igual que fuera del Congreso».

Para rematar subrayan que «la sede no te da autorización para redactar leyes propias. Lo que está equivocado en el Reglamento es que regula una materia que no puede regular ¿Quién es el Congreso para regular la libertad de información dentro de una forma distinta que fuera?»