El Gobierno crea un grupo digital para censurar los «discursos de odio» contra los inmigrantes
La ministra Elma Saiz colabora con las plataformas con el fin de retirar mensajes que relacionen inmigración e inseguridad
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en la reunión con representantes de las principales redes sociales. | Moncloa
El Gobierno presidido por Pedro Sánchez quiere dar un paso más en su persecución contra los llamados «discursos de odio» y ha creado un grupo digital para monotorizar el contenido que los ciudadanos publican en redes sociales. El anuncio ha llegado tras la reunión que mantuvo este martes la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, con representantes de las grandes plataformas digitales (Meta, X, TikTok y Google) para abordar el «preocupante» aumento de los discursos de odio en las redes sociales y analizar la reacción y la eficacia de estas empresas a la hora de retirar dichos contenidos.
«Se trata de una colaboración que no tiene precedentes. Quiero agradecer a todas las plataformas convocadas su predisposición para redoblar esfuerzos ante esta ola de odio. El Gobierno no va a hacer oídos sordos porque lo que pasa en redes sociales tiene su traslación a la realidad. Ya lo hemos visto en Torre Pacheco», ha aseverado la ministra socialista. Según el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (Oberaxe), los «mensajes de odio» pasaron de 6.824 a 33.046 tras la agresión a un anciano en el municipio murciano por parte de una manada de marroquíes.
El debate sobre la pertinencia de esta medida estriba en qué se considera un «discurso de odio», y en los límites del poder político para controlar lo que los ciudadanos expresan en redes sociales. Sobre la primera cuestión, cabe recordar que el 40% de los «mensajes de odio» retirados por Oberaxe son aquellos que vinculan la inseguridad ciudadana, o la percepción de ella, con la inmigración descontrolada.
Una correlación que suele estar fundamentada en datos: casi el 60% de los menores de 22 años presos en cárceles españolas son extranjeros; estos han cometido el 53% de los asesinatos de mujeres registrados este año (8 de 15); ya cometen la mayor parte de los delitos relacionados con la okupación (el 52%); y acaparan el 46% de las agresiones sexuales cuando son el 12,6% de la población (esto es, que son cuatro veces más propensos a cometer este tipo de crímenes). En proporción, considerando todos los delitos (graves y leves), cometen 2.5 veces más delitos que los españoles.
Pero más que las causas, el Gobierno quiere atajar las consecuencias, en forma de reacción digital ciudadana. Por eso la creación de un «grupo de seguimiento permanente» que se dedicará a observar y analizar lo que se dice en Internet. Este organismo, en la práctica, funcionará como un sistema de monitoreo estatal sobre las redes sociales, apoyado por las propias plataformas, que tendrán que colaborar en la retirada de mensajes considerados ofensivos u «odiantes».
Las cifras oficiales evidencian que el baremo para establecer qué es un discurso de odio es bajo. En 2024, OBERAXE identificó cerca de 3.000 publicaciones consideradas potencialmente delictivas, de las cuales un 35% fueron retiradas. En 2023, este porcentaje alcanzaba el 49%, y en 2025, hasta el momento, se han detectado más de 500.000 mensajes clasificados como «discursos de odio», y aunque un tercio de ellos ha sido eliminado, el Gobierno considera que estas cifras son insuficientes.
Para llevar a cabo esta labor de censura, el Gobierno de España ha escogido a trusted flaggers, entidades autorizadas por el propio Ejecutivo para denunciar publicaciones. Las denuncias presentadas por estas autoridades presentan una tasa de éxito casi tres veces superior a las presentadas por usuarios individuales, lo que evidencia una clara priorización en el tratamiento de las quejas según su origen institucional.
Con esta nueva estrategia, el Gobierno refuerza su supervisión del espacio digital con el pretexto del auge de los «discursos de odio», en un contexto en el que cada vez existen más voces críticas con la política migratoria de Pedro Sánchez. Según una encuesta elaborada por SocioMétrica para El Español, el 73,4% de los españoles cree «excesivo» el número de inmigrantes que hay en estos momentos en España. Quien sabe si, en lo sucesivo, encuestas como esta serán susceptibles de ser retiradas.