Garamendi avanza que no acudirá a la mesa de negociación de la reforma del despido

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha anunciado este miércoles que no irá a la mesa que va a negociar la reforma del despido al entender que se basa en «una premisa que no es cierta». Durante su intervención en la asamblea de Cepyme, Garamendi ha defendido que no comparte los motivos que han llevado a la apertura de la mesa, la denuncia de los sindicatos de que no se cumple la Carta Social Europea en materia de indemnización por despido, cuando, asegura, el Tribunal Supremo ha dado la razón a los empresarios.

El Comité Europeo de Derechos Sociales ha dicho que el despido improcedente no es resarcitorio ni disuasorio para las empresas, lo que dejaba abierta la puerta a que los tribunales establecieran indemnizaciones más altas de las previstas en la ley, algo que ha rechazado el Supremo. A pesar de ello y ante la denuncia de los sindicatos, este lunes se abrió la mesa de diálogo social para abordar la reforma del despido con la presencia de la CEOE, que ahora ha decidido no volver a reunirse para esta cuestión.

CCOO y UGT avanzaron que harán un planteamiento conjunto para esta reforma de cara a la próxima reunión prevista en tres semanas de la mesa de diálogo social, pero la patronal rechazó abordar las mejoras dictadas por el Comité Europeo de Derechos Sociales.

Críticas a Trabajo

Garamendi ha cargado con dureza contra el Ministerio de Trabajo que, en su opinión, toma medidas «en sentido contrario» a las necesarias para las empresas y que está «trufando con reglamentos» la normativa «con la voluntad de cambiar» lo que han dicho los tribunales, como en el caso del despido, o incluso el Parlamento, con la reducción de la jornada laboral. «El parlamento ha tomado la decisión» de no reducir la jornada, pero Trabajo «se saca el registro horario», ha criticado.

También ha criticado que la negociación del salario mínimo intente «romper el Estatuto de los Trabajadores» o que la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, haya pedido a los expertos dos propuestas, una con exención de tributar y otra con fiscalidad, ya que fijar un salario mínimo sin impuestos significa, en realidad «que lo paguen las empresas».

Al «trufar la reforma laboral», que se había pactado entre Gobierno, sindicatos y patronal, con temas que se decidió dejar fuera, se está provocando una «perdida de confianza», ha lamentado Garamendi, que ha hecho una «llamada al diálogo social» para que las mesas de negociación colectiva cuenten con la estabilidad suficiente para poder firmar.

Por su parte, la presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel, ha advertido de que el crecimiento económico está dejando fuera «al eslabón más débil de la cadena», las microempresas, debido a las cargas burocráticas -«necesitamos ya esa simplificación normativa», ha insistido-, la fiscalidad «bastante superior a la media europea» y «una subida imparable de los costes laborales». En ese sentido, «nos encontramos con nuevos intentos de regulación que todavía asfixiarían más a nuestros héroes», las pequeñas empresas, como la reducción de jornada a 37,5 horas semanales, que «hubiera sido catastrófica».