La Carta Social Europea desmiente a Díaz: basta un salario mínimo de 955 euros

En plena negociación para cerrar un acuerdo sobre el SMI, el argumento que utiliza el Gobierno de Pedro Sánchez para elevar el salario mínimo interprofesional no es tal. Según ha podido constatar THE OBJECTIVE, la Carta Social Europea no obliga a ningún país a equiparar esta prestación al 60% del salario medio a jornada completa, tal y como sostiene la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Ejecutivo, Yolanda Díaz.

Si bien es cierto que la Carta Social Europea señala en el artículo 4, en el que se recoge el derecho a una remuneración justa, que el salario mínimo pagado en el mercado laboral no debe ser inferior al 60% del salario medio nacional neto, también destaca que éste se debe calcular una vez se deducen los impuestos y las cotizaciones a la Seguridad Social, partiendo, además, de que se consideran impuestos todos aquellos que gravan las rentas del trabajo.

En realidad, la Carta Social Europea sostiene que el salario mínimo neto se ha de situar entre el 50% y el 60% del salario medio neto y que, independientemente del porcentaje, tiene que garantizar un nivel de vida digno en términos reales para un trabajador. Es decir, debe estar claramente por encima del umbral de pobreza de un país determinado. Un umbral que en el caso de España -explican economistas a TO- está en torno a 875 euros al mes, por debajo de los 955 euros al mes -al que se suman los cerca de 500 euros al mes que suponen los costes de la Seguridad Social-. Este último resultaría válido si se tienen en cuenta las premisas establecidas en esta carta, que funciona como un tratado regional en el que se garantizan los derechos sociales y económicos, y que complementa la Convención Europea.

Pero este SMI no es el que rige en España. Y lo cierto es que, a días de que se cierre un acuerdo tripartito -en el que concurren el Gobierno, sindicatos y agentes empresariales-, según la evolución prevista para el salario medio de jornada completa, un SMI de 1.135 euros marcaría en 2024 un nuevo máximo histórico en la relación entre ambas variables.

Una subida del 46,8% en cinco años

Lo cierto es que no todos los países de nuestro entorno cuentan con un SMI como el de España, que viene incrementándose desde que Sánchez gobierna en Moncloa sin atender a la evolución de la productividad y en fase de fuerte alza de los índices de inflación.

De hecho -tal y como recoge el último informe de Cepyme de 2023-, el aumento del salario mínimo entre 2018 y 2023 en España ha sido uno de los mayores entre los países avanzados (un 46,8%), solo por debajo de Bulgaria (52,9%), Croacia (53,3%), Rumanía (57,9%), Hungría (68,1%), Polonia (71,4%) y Lituania (110,0%).

Por el contrario, en países como Suecia, Dinamarca, Finlandia, Austria, Italia -dentro de la UE-, o Noruega, Islandia y Singapur no hay fijado un SMI, dejando así este asunto -recuerda el informe elaborado por Diego Barceló Larrán- completamente en manos de la libre negociación entre empleadores y sindicatos.

Además, en Europa también hay países que, sin llegar al 60% que se autoimpuesto España, reducen los riesgos que entienden implícitos en su fijación de diversas maneras. Por ejemplo, teniendo en cuenta este subida por tramos de edad.

Reducciones decrecientes

Con ese baremo a propósito de la empleabilidad de los jóvenes, y para reducir el efecto negativo que anticipa Cepyme por esa falta de flexibilidad que aplica la administración española, varios países, entre ellos Reino Unido, Irlanda, Luxemburgo, Malta, Australia y Holanda establecen reducciones decrecientes para el salario mínimo según la edad. Así, en el caso de Alemania, el salario mínimo no rige para menores de 18 años.

Y no solo eso. En el país bávaro, gobernado por un partido socialdemócrata, junto a verdes y liberales, el salario mínimo no rige tampoco para trabajadores en prácticas, empleados domésticos ni durante los seis primeros meses ni para los parados de larga duración que se reincorporan al empleo.

Cabe destacar de los países de nuestro entorno otros dos ejemplos más. En primer lugar, el de Portugal, donde el salario mínimo es un 20% inferior para el primer año de trabajo de asistentes, aprendices y trabajadores en prácticas.

En Irlanda, por su parte, el salario mínimo incluye bonus, premios y complementos por trabajos nocturnos, y con ciertos límites, la provisión de comida y de alojamientos.

Impacto por empresa

Según el informe de Cepyme, relativo a la Repercusión de la subida del SMI en la pyme española, en el caso de nuestro país, donde el 99% de pequeñas empresas conforman el tejido productivo, la evolución del SMI va a dar lugar no solo ya a que el SMI neto alcance al 60% del salario medio neto de jornada completa, sino que sobrepasará el 70%, lo que supone una carga excesiva -advierte este patronal-, que «conlleva riesgos para la sostenibilidad de las empresas, y por lo tanto, del empleo que generan».

Desde esa perspectiva, Cepyme detecta tres motivos adicionales por lo que aconseja proceder con extremo cuidado a la hora de subir el SMI: 1) La persistencia en fijar un salario mínimo por encima del salario de mercado incentiva el reemplazo de mano de obra por maquinaria. 2) Esa misma persistencia, al dificultar la empleabilidad, puede derivar en un estímulo para la economía sumergida. 3) Y, por último, los colectivos más propensos a sufrir dificultades para acceder al mercado laboral por un salario mínimo excesivo son los más vulnerables: gente sin experiencia, personas sin capacitación y jóvenes.

Entretanto, y según ha podido conocer este diario, el Gobierno ha vuelto a emplazar a los agentes sociales, después del encuentro de este lunes en el Ministerio de Trabajo, para el próximo viernes, con nuevas cartas sobre la mesa.

Las patronales se mantienen en una subida del 3% del actual SMI (1.080 euros al mes y con 14 pagas), además de la indexación de los contratos públicos, lo que rechaza la cartera de Yolanda Díaz, tal y como lo ha transmitido su secretario de Estado, Joaquín Pérez Rey.

Y mientras, el Ejecutivo se mueve en una subida del 4%, frente al 5% que pide CCOO y, el 8% al que aspira UGT, de manera que, de no entrar en la negociación CEOE y Cepyme, el salario mínimo podría quedar fijado entre 1.123, 1.134 y hasta 1.200 euros al mes, en 14 pagas.