Sánchez ultima un 'escudo social' que contente a sus socios con mayor gasto público

El Gobierno de Pedro Sánchez aprovecha las últimas horas para cerrar el curso político y aprobar en el Consejo de Ministros de este miércoles un Real Decreto omnibus -un cajón de sastre-, donde irá incluida la prórroga del escudo social que expira el 31 de diciembre. Un escudo que, junto a la subida del SMI -aunque se dice que se podría retrasar al mes de enero-, tiene un valor político, en tanto en cuanto es la antesala de los Presupuestos Generales del Estado de 2024, y por ende un guiño a los socios de investidura y de Gobierno, cuyos compromisos elevarán el gasto público, dado que los ingresos por impuestos se han ido viendo mermados debido a la caída de la inflación.

La pregunta estriba, por tanto, en qué aspectos y qué medidas serán objeto de prórroga, toda vez que la Comisión Europa ha pedido a los Estados miembros, al igual que el Banco de España, que empiecen a retirar ayudas para cuadrar las cuentas públicas, a las puertas del restablecimiento de unas reglas fiscales que se antojan ya mucho más flexibles que las que ya existían, a tenor de lo conocido la semana pasada por la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño.

Confirmada la prórroga hasta 2025 para evitar desahucios de las familias vulnerables, como se ha pactado con EH Bildu, y el tope del 3% para las subidas a los alquileres, está claro que el Gobierno mantendrá la rebaja del IVA de los alimentos básicos, así como la ampliación de los descuentos correspondientes al bono social eléctrico o la suspensión de los desahucios, según trasladan fuentes de Sumar.

Además, en el ámbito laboral, también se prorrogará, de acuerdo con Sumar, las medidas vinculadas con el disfrute de las ayudas públicas, que expiraban el 31 de diciembre. De esta manera, las empresas que hayan recibido ayudas directas o por ERTE y que despidan alegando causas como el aumento de los costes energéticos estarán obligadas a reintegrar las ayudas recibidas.

De igual manera, se prorrogará la suspensión de los desahucios y lanzamientos de vivienda habitual para personas y familias vulnerables, y seguirá estando prohibido el corte de suministros esenciales y el aumento de los descuentos del bono social eléctrico también se extenderá.

Concretamente, el bono social se extendió a aquellos consumidores titulares cuya renta conjunta anual de la unidad de convivencia fuera igual o inferior a dos veces el IPREM de 14 pagas (16.800 euros) y superior a 1,5 veces el IPREM de 14 pagas (12.600 euros). Actualmente el descuento varía entre el 65% y el 80%, dependiendo de la situación de vulnerabilidad de las familias.

El IVA de los alimentos

También en este próximo paquete de medidas se mantendrá la supresión durante seis meses más, hasta junio, del IVA del 4% que se aplica a todos los alimentos de primera necesidad, entre ellos el pan, la harina, la leche, los quesos o los huevos, y la rebaja del 10% al 5% del aceite y la pasta, según adelantó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Dentro de los alimentos básicos que ven eliminado el IVA del 4% destacan el pan común, así como la masa de pan común congelada y el pan común congelado destinados exclusivamente a la elaboración del pan común; las harinas panificables; los siguientes tipos de leche producida por cualquier especie animal: natural, certificada, pasterizada, concentrada, desnatada, esterilizada, UHT, evaporada y en polvo; los quesos; los huevos y las frutas, verduras, hortalizas, legumbres, tubérculos y cereales, que tengan la condición de productos naturales de acuerdo con el Código Alimentario.

Según los últimos datos publicados por la Agencia Tributaria, estas rebajas fiscales han supuesto para las arcas públicas una merma de 1.573 millones de euros en enero y noviembre de este año.

Tensión relativa

Las mismas fuentes indican que «a pesar de que el grueso de las medidas vigentes serán previsiblemente prorrogadas» -lo que también valora el principal partido de la oposición, según ha podido constatar THE OBJECTIVE-, como es el caso de las citadas anteriormente, en la tarde de este martes, las negociaciones entre los equipos de los ministerios de Hacienda y Trabajo siguen siendo «intensas».

Según Sumar, hay medidas que en este momento siguen aún «suscitando debate en el seno del Gobierno de coalición», como las medidas relacionadas con la gratuidad del transporte público o el impuesto a la banca y a las energéticas, por lo que los trabajos de negociación continuarán entre ambas partes «a lo largo del día».

Y es que, mientras Sumar quiere que estos impuestos sean permanentes y no se rediseñen, como anunció Pedro Sánchez, el ala socialista está abierto a un retoque del impuesto a las energéticas para evitar movimientos como el de Repsol, quien ya ha anunciado su intención de limitar en España inversiones estratégicas.

Gratuidad del transporte

Otra de las grandes incógnitas es la decisión que tomará el Ejecutivo sobre la reducción del precio de abonos y títulos multiviaje de transporte público -gratuidad en autobuses y trenes para usuarios habituales-. Durante el Consejo de Ministros el Gobierno tendrá que decidir si seguirá bonificando con un 30% el transporte público del resto de administraciones siempre que se comprometan a aumentar este descuento hasta el 50%.

Cabe recordar que el Ejecutivo incluyó una dotación de 1.440 millones de euros en su plan presupuestario de 2024 para la subvención del transporte público, incluida la gratuidad de trenes y autobuses y las ayudas a las comunidades autónomas para los descuentos en el transporte de competencia autonómica.

Pero lo único que ha avanzado Sánchez sobre esta materia es que el transporte público será gratis para menores de edad, jóvenes y desempleados, una medida que se incluirá en este próximo paquete.

Rebajas de impuestos

Asimismo, aún no está claro si las rebajas del tipo de IVA al 5% a la electricidad y el gas, madera y pellets se extenderán más allá del 31 de diciembre, teniendo en cuenta que esta medida tributaria ha tenido entre enero y noviembre un impacto recaudatorio de 728 millones de euros.

Dentro de las rebajas tributarias relativas a la energía también se encuentra la aplicación del tipo impositivo rebajado del 0,5% del Impuesto Especial sobre la Electricidad, y la suspensión temporal del Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica, que en principio están en vigor hasta el 31 de diciembre.

Asimismo, hasta el 31 de diciembre de 2023 está limitado el precio máximo de la bombona de butano entre 8 y 20 kilogramos a 19,55 euros, aunque este precio máximo se alcanzó por última vez en la revisión del 19 de septiembre de 2022.

Mecanismo ibérico

Una de las medidas que mayor efecto ha tenido en los últimos meses para hacer frente al incremento de precios, principalmente energéticos, es el mecanismo ‘ibérico’, que ha permitido a España y Portugal desacoplar la evolución del precio de la electricidad del precio del gas natural.

Sin embargo, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha adelantado ya que decaerá el próximo 31 de diciembre, tras señalar que la Comisión Europea considera que no «es posible llevarlo a la práctica».

Fuentes del Ministerio dan por hecho que la medida decaerá cuando expire al finalizar diciembre, tras señalar que España ya contaba con que la prórroga negociada con Bruselas antes de verano fuera la última, teniendo en cuenta que el instrumento lleva sin tener efecto sobre los procesos de casación marginal en los mercados mayoristas desde finales de febrero. La denominada ‘excepción ibérica’ fue aprobada en junio de 2022 y se extendió hasta finales de 2023 tras el acuerdo alcanzado por España y Portugal con la Comisión Europea que prolongaba siete meses la medida.