Puente vuelve a atacar a «algunos jueces» por luchar contra «el poder de las urnas»

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha acusado este domingo al PP de no plantear una alternativa real para España y de pretender que el gobierno les llegue «llovido del cielo», sin contar con «el poder de las urnas», con la colaboración de medios de comunicación, el poder económico y «algunos jueces».

Según informa la agencia EFE, durante su intervención en la fiesta de la rosa del PSOE del municipio abulense de Candeleda, Puente se ha rebelado contra la «ley del embudo» que, en su opinión, se aplica entre lo que hacen los socialistas y los dirigentes del PP: «Yo soy muy malo si digo lo de las gafas, pero Isabel Díaz Ayuso es muy buena si le llama al presidente del Gobierno hijo de puta».

«Esta es la doble vara de medir que hay en nuestro país y yo lo siento mucho, pero yo con eso no trago», ha advertido Puente, convencido de que el PSOE no va a ser «sumiso» porque es un partido que «no se rinde» y le tendrán que ganar «en las urnas».

En paralelo, el PSOE ha presentado en el Congreso una proposición de ley orgánica de reforma del Código Penal para que los jueces y magistrados puedan ser apartados en caso de haberse posicionado políticamente en contra de las instituciones públicas y sus representantes. En su reforma, recogida por Europa Press, los socialistas incluyen una nueva causa de abstención y recusación para dar cabida a actuaciones que lleven a cabo jueces y magistrados en su calidad de representantes de un poder del Estado «que pueden afectar a su apariencia de imparcialidad».

En concreto, las causas para apartar a jueces y magistrados vendrían dadas cuando «realicen manifestaciones públicas, invocando su condición o sirviéndose de la misma, contra actuaciones desarrolladas por autoridades o funcionarios públicos, sindicatos, asociaciones u otras entidades públicas o privadas que sean parte en el procedimiento, dirigirse a ellos de forma privada con tal finalidad o participar en actos o concentraciones con el mismo objetivo». Esto, según arguyen los socialistas, no solo puede afectar al derecho a un juez imparcial, contenido indispensable del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, sino también a la propia imagen de independencia del Poder Judicial».

La proposición de ley también busca derogar el artículo 525 del Código Penal, que hace referencia al delito contra las ofensas religiosas. En concreto, pide acabar con la pena de multa de ocho a doce meses a quienes, «para ofender los sentimientos de los miembros de una confesión religiosa, hagan públicamente, de palabra, por escrito o mediante cualquier tipo de documento, escarnio de sus dogmas, creencias, ritos o ceremonias, o vejen, también públicamente, a quienes los profesan o practican».