La Generalitat volverá a defender a los mossos heridos en protestas independentistas
El anterior Govern de Aragonès dejó de ejercer de acusación en varias causas que afectaban a activistas separatistas
El director general de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero. | Europa Press
La Consejería de Interior, con Núria Parlon al frente y el exmayor Josep Lluís Trapero como su lugarteniente, volverá a ofrecer cobertura jurídica a todos los agentes de los Mossos d’Esquadra que resulten heridos en protestas independentistas. Después de años de anomalía en los que a muchos de estos funcionarios se les arrebató su derecho a la defensa cuando las heridas eran consideradas leves, la Generalitat ha promulgado un decreto que en la práctica implica volver a ejercer de acusación particular contra cualquier activista —independentista o no— que agreda a alguno de sus agentes.
El Gobierno de Salvador Illa ha aprobado el Decreto 213/202 de reestructuración de la Dirección General de la Policía para que la Consejería de Interior vuelva a encargarse de la defensa jurídica de los Mossos. Se trata de una modificación del decreto del anterior Gobierno de Pere Aragonès que, tras un pacto con la CUP, derivó esta cobertura jurídica a la Consejería de Presidencia. Este cambio de sistema tuvo como principal consecuencia que la Generalitat, como institución, dejara de ejercer de acusación particular en muchas causas judiciales donde estaban implicados activistas independentistas.
En aquel momento, los políticos de ERC y Junts per Catalunya necesitaban no enfadar a sus simpatizantes. En especial, tras haber alentado las protestas y manifestaciones en la calle que, en algunos casos, derivaron en agresiones contra los agentes y la imputación en procesos judiciales de algunos de estos activistas independentistas.
Un caso paradigmático de esta contradicción de la Generalitat fue el juicio contra un miembro de los llamados Comités en Defensa de la República (CDR), Marcel Vivet, en la Audiencia de Barcelona. La Generalitat inició la denuncia, se personó como acusación y logró que fuera condenado por lesionar a un mosso en la muñeca con el palo de una bandera. No obstante, una vez conocida la condena, los servicios jurídicos de la Generalitat acabaron presentando un recurso de apelación contra la sentencia.
En la misma línea, la Generalitat se retiró como acusación contra siete acusados de causar disturbios y lesiones leves a cinco mossos durante las protestas por la investidura fallida de Puigdemont el 30 de enero de 2018. Otros casos se examinaron y si bien en todos no se retiraron, en algunos de ellos rebajaron su solicitud inicial de penas.
Salida de letrados
El cambio de sistema propiciado por el Gobierno de Pere Aragonès generó una guerra interna entre los principales sindicatos policiales, así como una purga de letrados. Las centrales mayoritarias vieron como una grave anomalía que, pese a su condición de funcionarios públicos y cuando las agresiones sufridas se producían en pleno ejercicio de sus funciones, se les dejara a la intemperie, sin representación legal.
Como informó THE OBJECTIVE, hubo incluso una purga en los servicios jurídicos. Sap-Fepol, el sindicato mayoritario dentro del cuerpo de los Mossos d’Esquadra, incorporó en sus servicios jurídicos al exresponsable de Asuntos Penales de la Consejería de Interior, Josep Lluís Florensa. En el comunicado del anuncio calificaron al abogado como «máximo referente en la defensa penal de las personas miembros del cuerpo de los Mossos d’Esquadra».
Florensa fue uno de los sacrificados en la Consejería de Interior dentro del compromiso adquirido con CUP por su apoyo a la investidura de Pere Aragonès en 2021. Pero no fue el único. El Govern de ERC también destituyó al abogado responsable de la defensa de los Mossos contra los CDR, Xavier Uriós.
Uriós era director general de Asuntos Contenciosos del Gabinete Jurídico de la Generalitat y arquitecto legal de las acusaciones particulares de la Generalitat contra activistas y manifestantes que habían incurrido en actos de desórdenes públicos o ataques contra los Mossos. Su labor era planificar la cobertura legal de los agentes que, en el ejercicio de sus responsabilidades, hubieran sufrido daños o lesiones derivadas de su actuación como policías antidisturbios.
La vuelta de Trapero
Desde los Mossos se interpretó este cambio de sistema como una manera encubierta de querer debilitar la defensa jurídica de los agentes del cuerpo autonómico. En particular, en aquellas causas que afectaban a los activistas independentistas.
El anterior Ejecutivo de Aragonès llevó a cabo una gran reestructuración para «democratizar el cuerpo». En paralelo, se creó una comisión sobre el modelo policial en el Parlament —presidida por la líder de la CUP, Dolors Sabater— con el objetivo de avanzar hacia esta «democratización» de la política autonómica. En palabras de Sabater, iba a ser «una comisión contra la impunidad» y a favor de fiscalizar las actuaciones policiales en protestas sociales. Curiosamente, en el momento más álgido de esta reestructuración fue cuando se dio a conocer el cese de Trapero al frente de los Mossos. Ahora, tras su vuelta a Interior de la mano del PSC como director general de los Mossos, se ha querido reorganizar el sistema.