Los sindicatos reprochan a Albares que nos les reciba y el ninguneo a sus reivindicaciones

La Junta de Personal del Ministerio de Asuntos Exteriores, formada por representantes de los sindicatos CSIF, CCOO y Fedeca, ha enviado este jueves una carta a José Manuel Albares en el que le reprochan que no les reciba y ni siquiera se digne a devolver el acuse de recibo a las reivindicaciones trasladadas por escrito hace un año y medio, en julio de 2024, en una misiva previa.

«El pasado 11 de julio de 2024 le dirigimos una carta expresando algunas de nuestras principales preocupaciones referentes al personal de este Ministerio, que a día de hoy no ha tenido respuesta. Lamentamos que haya transcurrido un año y medio y que, en todo este tiempo, no haya siquiera acusado recibo de esta carta», señalan los sindicatos tras lamentar que el jefe de la diplomacia no preste «la atención que merecen» sus reclamaciones, por lo que preguntan a Exteriores «si se da importancia a lo que plantean los interlocutores sociales con espíritu constructivo».

La actual Junta de personal, formada tras las elecciones de junio de 2023, reclama al ministro «el respeto y consideración que merece» ante dos cuestiones que requieren, a su juicio, una «solución urgente». Por un lado, las indemnizaciones por la
escolarización de los hijos de los funcionarios destinados en el extranjero, «que llevan ya más de 24 años sin ninguna renovación y cubren tan sólo una parte ínfima del coste real de la escolarización obligatoria de esos menores». Este marco regulatorio «obsoleto» no sólo no contempla situaciones «especialmente gravosas», como la educación de hijos con necesidades especiales, «sino que
supone una discriminación del derecho fundamental a la educación», a juicio de los firmantes.

La otra reivindicación es poner fin a la suspensión desde hace más de 12 años del llamado viaje de arraigo para los funcionarios destinados en el extranjero, «tan importante para mantener los vínculos y lazos afectivos con España, especialmente para los hijos
menores de edad, y tan necesaria para los funcionarios que se encuentran en países mal comunicados».

«Son dos cuestiones especialmente reveladoras del estado cada vez más precario del Servicio Exterior y que se suman a muchas otras cuestiones que a los sindicatos existentes en este Ministerio nos preocupan colectivamente. Entre ellas figura la precariedad y la forma en la que se gestionan los recursos humanos, o la escasez de recursos materiales del Servicio Exterior, que impiden prestar a los ciudadanos españoles en el extranjero el servicio de calidad que merecen», señalan los sindicatos.

CSIF, CCOO y Fedeca, en la que está adscrita la Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE), reconocen que algunas de estas cuestiones «no son sencillas de resolver y que implican el concurso y voluntad de otros departamentos ministeriales», sobre todo del Ministerio de Hacienda, pero advierten en su carta a Albares de que «otras sólo le corresponde a usted adoptarlas».

«Por ello nos parece indispensable que, Sr. Ministro, asuma en primera persona la defensa de estas cuestiones y las haga suyas. Por ello queremos pedirle tanto a Usted como al equipo que dirige el Ministerio mayor interlocución con esta Junta de Personal y con los sindicatos a los que representamos, y sobre todo información concreta sobre las medidas que se van a tomar para hallar soluciones que puedan resolver esta situación de manera satisfactoria para el conjunto del personal», concluyen los representantes sindicales.

Denuncia ante el Defensor del Pueblo

El Defensor del Pueblo admitió a trámite el año pasado una reclamación por la ayuda a la educación para los hijos de funcionarios destinados en el extranjero que lleva 25 años congelada. Se trata de un subsidio de 3.906,58 euros por hijo/año para gastos escolares –quedando excluidos explícitamente, comedor, transporte, material escolar, uniformes y alojamiento–, y que los diplomáticos consideran insuficiente así como una «discriminación» hacia los funcionarios destinados fuera de España y sus familias.

La actualización de esa partida es una reclamación histórica de los funcionarios españoles destinados en el exterior desde hace más de dos décadas. La ADE anunció en 2024 su intención de interponer una demanda judicial contra Hacienda por esta cuestión, aunque no ha dado el paso. Eso sí, en abril de 2025 envió una carta de felicitación a sus compañeros portugueses después de que el país vecino aprobase mediante decreto ley un nuevo Reglamento de la Carrera Diplomática en el que se fija precisamente que el Estado luso «asuma la responsabilidad de que el derecho a la educación de los hijos de los funcionarios diplomáticos sea efectivo, a pesar de los numerosos cambios de país y de centro educativo, velando por la continuidad del sistema y sufragar su escolarización allá donde transcurra, también cuando la familia regresa a la capital.

Los diplomáticos españoles consideran que el acceso a una escuela «digna» en destinos a veces complicados dificulta la conciliación familiar y laboral. Así, en muchos países como Indonesia, Japón, Corea, Armenia, Mauritania, Tailandia, Kazajistán, Sudán, Egipto, Chad o Tanzania, la educación pública es impartida en idioma local y no resulta compatible u homologable con el sistema educativo español, lo que obliga a las familias a recurrir obligatoriamente a colegios internacionales cuyos precios están muy por encima del citado límite.

Adicionalmente, gastos como matrículas a fondo perdido o comedor obligatorio, que en España serían gratuitos, exentos o subvencionados según la situación familiar, no están indemnizados. En la actualidad, la indemnización por educación de hijos de funcionarios destinados en el extranjero se basa en la circular 10/2003 de Exteriores y una orden del Ministerio de Economía y Hacienda del 6 de julio de 2001, que no se ha modificado desde entonces. Aquella decisión del Ejecutivo de José María Aznar estipuló el pago del 60% de los gastos de educación –matrícula y escolarización– con un límite de 650.000 pesetas (3.906,58 euros) por hijo o menor a cargo. Hace 25 años que este importe no ha sido actualizado a pesar del encarecimiento sostenido del coste de la educación internacional, que ronda entre el 2% y 5% anual.

Billete de arraigo

En cuanto a la recuperación del pago de un billete de avión al año para viajar con su familia a España, esta ayuda se retiró en 2009 por los recortes aplicados en aquella crisis económica por parte del entonces Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. Es el llamado billete de arraigo. 

En otro escrito al Defensor del Pueblo, se subrayó que el billete anual, tanto de ida como de vuelta, para el personal destinado en el extranjero, es un derecho regulado en el artículo 26.3 del Real Decreto 462/2002 1, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, que establece que: «El personal que esté o sea en el futuro destinado al extranjero […] tendrá derecho al abono, una sola vez cada año, de los gastos de viaje de ida hasta el lugar de España que designe, así como al de vuelta desde dicho lugar al de destino en el extranjero correspondientes al mismo y a su familia, con motivo de sus vacaciones».

De esta forma, el demandante advirtió de que el daño derivado de dicha suspensión presupuestaria, mantenida durante más de una década, «ha supuesto un perjuicio económico acumulado al funcionario, en tanto que no ha podido ejercer el derecho reconocido al abono de los gastos de viaje anuales con su familia».

«Como consecuencia de esta situación, los únicos viajes efectuados desde el destino han sido realizados en solitario por el funcionario, y de forma esporádica, a pesar de que la finalidad del concepto de billete anual —reforzar los lazos familiares, sociales y de arraigo del funcionario expatriado— se ve frustrada gravemente cuando no puede aplicarse en su dimensión completa y familiar. A todo ello hay que añadir las condiciones de insalubridad, contaminación, terremotos, atentados, guerras, golpes de Estado y otras dificultades de los destinos que hacen necesaria una ‘oxigenación’ que no es posible cuando se tiene el billete de arraigo anual congelado sine die», se lamentó.