Barcino5G recurre la ordenanza de civismo del Ayuntamiento de Barcelona

La entidad Barcino5G, que preside Alberto Fernández Díaz, ha presentado un recurso de reposición contra la Ordenanza de Civismo de Barcelona, que entró en vigor esta semana, y el recurso contiene una treintena de sus alegaciones que han sido rechazadas por el Ayuntamiento, que sí había aceptado una decena.

En un comunicado, el presidente de Barcino5G ha explicado que el recurso defiende propuestas como la exigencia del arraigo cívico para acceder a beneficios municipales, la prohibición del burka y la prohibición del consumo drogas.

Asimismo, plantea que el Ayuntamiento pueda expedir informes negativos a los efectos de renovar permisos de residencia y trabajo u otros por infracciones de la ordenanza de convivencia que hayan sido sancionados reiteradamente.

Otra alegación proponía un nuevo Convenio-marco sobre el proceder de Mossos d’Esquadra en la ciudad; que padres, madres, tutores, tutoras, guardadores y guardadoras puedan ser considerados responsables de las infracciones de los menores; un nomenclátor de infracciones y un catálogo de prestaciones alternativas a la sanción económica y de trabajos en beneficios de la comunidad, y afianzar a los voluntarios y agentes cívicos.

Prohibición del burka

Otras alegaciones contemplaban el apoyo económico y jurídico a personas o entidades perjudicadas por actos incívicos; prohibir prendas que cubran toda la cabeza o cara en la calle; considerar incívica la burla a creencias religiosas, de sentimiento de pertenencia, o a instituciones como la Casa Real y banderas oficiales; explicitar la prohibición del consumo y tenencia de drogas en lugares públicos, y optimizar el sistema de cobro efectivo de las sanciones.

Las alegaciones aceptadas por el Ayuntamiento incluyen la colaboración de los municipios colindantes con Barcelona para actuar contra las prácticas irregulares y la dotación de recursos y medios suficientes a la Guardia Urbana.

También han aceptado la iniciación de los trámites para introducir en la normativa municipal la prohibición de la promoción y el consumo de productos cannábicos ilegales en la vía pública.