Londres acepta la presencia de la Guardia Civil en Gibraltar y «patrullas conjuntas»
El acuerdo sobre el Peñón elimina finalmente que agentes europeos de Frontex estén en los controles fronterizos
Panorámica del Peñón de Gibraltar. | Foto: EP
Giro histórico en el contencioso de Gibraltar. El texto de más de mil páginas del acuerdo sobre este territorio entre el Reino Unido y la Unión Europea, que este jueves ha hecho público la Comisión Europea, incluye como principal novedad la presencia de agentes españoles en los controles fronterizos del aeropuerto y puerto de la Roca, así como la posibilidad de realizar «patrullas conjuntas» dentro de la colonia británica.
Durante la negociación del acuerdo se fijó en un primer momento el despliegue de Frontex junto a la Policía española en Gibraltar para realizar los controles fronterizos de entrada al espacio Schengen durante un periodo inicial de cuatro años. Sin embargo, en el texto final se ha eliminado toda mención a Frontex, por lo que no habrá agentes europeos en dichos controles, sino miembros de la Guardia Civil y la Policía Nacional. Un hecho inédito desde la pérdida del Peñón hace más de 300 años.
Además, la retirada de la Verja y el resto de infraestructuras físicas que separan ambos territorio conllevará que los controles fronterizos se lleven al aeropuerto y el puerto, «incluyendo las aguas adyacentes» y «bajo la responsabilidad de España», que será el Estado miembro encargado de aplicar la normativa europea. Madrid, por tanto, «tendrá los poderes necesarios para aplicar dichas leyes con limitadas excepciones, en particular acciones coercitivas bajo el paraguas de las alertas del Sistema de Información Schengen que tendrán que tener el visto bueno del Reino Unido en ciertos casos».
Por ejemplo, ante un orden de arresto europea, si la persona en cuestión se presenta en Gibraltar, «podrá elegir entre ser rechazado del territorio antes de ser detenido». Todo ello porque Gibraltar no formará parte del área Schengen, aunque la normativa europea se aplicará en los citados puestos fronterizos.
En este sentido, el texto blinda la posición española en esta cuestión espinosa. «Las autoridades competentes del Reino de España ejercerán todas las funciones necesarias para ejercer el control fronterizo, incluidas las inspecciones fronterizas y la vigilancia fronteriza, tal como se establece en el Código de Fronteras Schengen y las tareas conexas con arreglo al Derecho de la Unión».
El artículo 58 establece la novedosa posibilidad de «operaciones conjuntas» en territorio gibraltareño. «Para intensificar la cooperación policial, las autoridades competentes de la Unión y de los Estados miembros, por una parte, y del Reino Unido, por lo que respecta a Gibraltar, por otra, podrán establecer, para mantener el orden y la seguridad públicos y prevenir delitos, patrullas conjuntas y otras operaciones conjuntas en las que agentes designados u otros funcionarios de ambas partes participen en operaciones dentro de los Estados miembros o en Gibraltar, según el caso». Es decir, podría darse el caso de que guardias civiles participen junto a la Policía gibraltareña en operaciones policiales.
Para ello, británicos y españoles se comprometen a tener «controles policiales reforzados», algo impensable hasta ahora. «Cuando sea necesario, basándose en una evaluación de riesgos, para prevenir delitos y la migración irregular, las autoridades competentes del Reino Unido, en lo que respecta a Gibraltar, y del Reino de España realizarán controles policiales reforzados en Gibraltar y en la zona fronteriza contigua, respectivamente». En cuanto a los permisos de residencia en Gibraltar, el texto subraya que podrá tener «el veto de España».
Las partes negociadoras subrayan que la aplicación del acuerdo de Gibraltar «es un asunto de máxima urgencia». Por ello, se propone la retirada de los controles en la Verja antes del 10 de abril. Ese día se activa en todas las fronteras exteriores de la UE un sistema de registro biométrico a todos los ciudadanos de fuera de la zona Schengen, por lo que las colas de gibraltareños que quieran cruzar a España o de los cerca de 15.000 trabajadores transfronterizos que tienen su trabajo en el Peñón aumentarían de forma considerable.
«Si el Acuerdo no entra en vigor antes del 10 de abril de 2026, será necesario establecer un control fronterizo completo entre el territorio de la Unión y Gibraltar. Esto perturbará significativamente a las personas, empresas y otras partes interesadas que operan en la zona del Campo de Gibraltar y contravendrá el propósito mismo del Acuerdo, que es crear una zona de prosperidad compartida en beneficio tanto de la Unión como de Gibraltar», se advierte.
Antes estas «circunstancias excepcionales», la Comisión Europea propone aplicar el acuerdo «de forma provisional durante un breve período» de tiempo. Concretamente, desde la fecha de plena implantación del mencionado sistema biométrico el próximo 10 de abril «hasta el primer día del mes siguiente a aquel en que las Partes se hayan notificado mutuamente el cumplimiento de sus respectivos requisitos y procedimientos internos para establecer su consentimiento a quedar vinculadas».
Doble chequeo policial
Además, los controles fronterizos a la entrada y salida tendrán un doble chequo policial. En los primeros, la primera autoridad policial en cotejar los datos -y eventualmente aceptar o denegar una entrada- será la policía británica «y posteriormente por las autoridades competentes del Reino de España. Los controles de salida se harán a la inversa: primero estarán los agentes españoles y «posteriormente por las autoridades competentes del Reino Unido, en lo que respecta a Gibraltar».
En todo caso, «cuando exista una amenaza grave para el orden público, la salud pública o la seguridad interior», tanto España como el Reino Unido «podrán restablecer excepcionalmente los controles fronterizos entre Gibraltar y el territorio de los Estados miembros que apliquen íntegramente el acervo de Schengen por un periodo limitado de hasta diez días». Dicho periodo podrá prorrogarse «por veinte días y por periodos posteriores de un mes, hasta un máximo de seis meses».
En este delicado punto, que supondría volver a los controles en la Verja, ambas partes se comprometen a que dichos controles «solo se restablecerán como último recurso, y el alcance y la duración del restablecimiento no excederán de lo estrictamente necesario para responder a la amenaza grave».