El 40% de los asistentes al Mobile se aloja en los pisos turísticos que Collboni quiere prohibir
Unos 52.000 asistentes deberán buscar una alternativa en 2028, año de extinción de estas licencias en Cataluña
El Rey llega al Mobile World Congress en Barcelona
Barcelona se encuentra en vísperas del Mobile World Congress (MWC), que se celebra del 2 al 5 de marzo. Después de que durante años se amagara con la posibilidad de que el gran evento tecnológico abandonara la ciudad —sin que finalmente sucediera—, ahora hay otra variable de riesgo a tener en cuenta: en torno al 40% de asistentes de este gran evento se alojan en los pisos turísticos que el Ayuntamiento de Barcelona prohibirá a partir de 2028 en virtud de la norma autonómica que lo habilita.
Según datos del Observatorio de Turismo de Barcelona, aproximadamente cuatro de cada diez asistentes al MWC se alojan en este tipo de vivienda vacacional para la celebración del congreso. Por esta razón, las principales entidades afectadas, como el movimiento de Trabajadores por el Alquiler Turístico, alertan de las graves consecuencias que puede tener la aplicación del Decreto-ley 3/2023 no solo para la economía de Barcelona, sino para el que se considera el evento más grande e influyente en conectividad.
52.000 asistentes afectados
La eliminación de cerca de 10.000 licencias de viviendas de uso turístico prevista por la norma del Govern podría dejar a partir de 2028 sin alternativa de alojamiento a más de 52.000 personas durante los días del congreso, en un evento que reúne a 150.000 asistentes, además de ser un evento que tiene un gran impacto económico sobre la ciudad. De acuerdo con los datos MWC, en la edición anterior, de 2025, se batió el récord histórico con la generación de 561 millones de euros. Además, sostiene 40.000 puestos de trabajo directos e indirectos en Barcelona.
El movimiento Trabajadores por el Alquiler Turístico, que representa a trabajadores, proveedores locales y micropropietarios vinculados al alquiler de corta estancia en ámbitos como la gestión de apartamentos, reparaciones, limpieza, lavandería, desarrollo de software, restauración y comercio local, advierte de que la incertidumbre sobre la capacidad de alojamiento pone en peligro no solo el congreso, sino también la estabilidad laboral de miles de trabajadores y la viabilidad de todo un sector económico clave para Barcelona.
Su presidente, Guillem Laporta, asegura que «la supresión sin matices de las licencias de viviendas de uso turístico genera muchos más problemas de los que pretende solucionar» porque «dejará sin alojamiento a decenas de miles de asistentes, provocará dudas entre los responsables del MWC y, sobre todo, dejará sin empleo a miles de trabajadores». Además, a su juicio, dicha supresión también afectaría a grandes eventos que aportan riqueza y empleo a la ciudad, como el Sónar, el Primavera Sound, premios de automovilismo y, para 2030, partidos del Mundial de Fútbol.
La patronal catalana Apartur (Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona), así como Trabajadores por el Alquiler Turístico, hace tiempo que hacen un llamamiento a las administraciones para que abran un espacio de diálogo con el sector y evalúen con rigor el impacto real del Decreto-ley 3/2023. Consideran imprescindible encontrar alternativas que permitan compatibilizar el derecho a la vivienda con la continuidad de la actividad económica y los puestos de trabajo vinculados al alquiler turístico. «Se trata de una norma autonómica, de competencia no estatal, y por esto nos estamos movilizando a nivel parlamentario», añade Laporta en conversación con THE OBJECTIVE.
El decreto, aprobado por el Gobierno de Pere Aragonés (ERC), prevé la eliminación de la mayoría de las Viviendas de Uso Turístico (VUT) en Cataluña en noviembre de 2028. Según sus cálculos, la medida afecta a 95.000 viviendas, que dan empleo a más de 200.000 trabajadores y constituyen una fuente de ingresos para miles de micropropietarios. Muchas familias trabajadoras en Cataluña utilizan las VUT para pasar sus vacaciones con estancias flexibles. Cabe recordar que Aragonès anunció su salida de la política para dirigir la cadena hotelera de su familia, dos años después de aprobar dicho decreto que acababa con la competencia del sector hotelero.