El PP exige a Igualdad que aclare si usó contratos menores para esquivar la legalidad
Los populares interpelan al Gobierno en el Congreso tras las advertencias del informe del Tribunal de Cuentas
La ministra de Igualdad, Ana Redondo. | Zipi (EFE)
El Grupo Parlamentario Popular quiere saber el importe y número de contratos firmados por el Ministerio de Igualdad en 2024 y que, según el Tribunal de Cuentas, debieron tramitarse como subvenciones, con los criterios que marca la ley, al beneficiar a entidades privadas. En una batería de preguntas, a las que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, quieren que el Gobierno confirme si utilizó estos contratos menores para esquivar la legalidad, como ya alertó este periódico al desvelar el contenido del informe de este órgano fiscalizador.
En el documento registrado en la Cámara Baja, que los populares quieren que el Gobierno responda por escrito, este grupo parlamentario recuerda que «el informe del Tribunal de Cuentas sobre la actividad contractual del Ministerio de Igualdad revela que, diversas ayudas económicas a entidades privadas, fueron canalizadas mediante contratos menores de adjudicación directa», a pesar de que, por su naturaleza, «debieron tramitarse como subvenciones sometidas a los principios de publicidad, concurrencia y transparencia previstos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público».
El órgano fiscalizador, siguen señalando los populares, «advierte que estas adjudicaciones financiaron actividades externas —como jornadas, congresos o premios— que no responden a prestaciones propias de la Administración, señalando deficiencias en la justificación de la necesidad administrativa y en la correcta elección del procedimiento». Unos hechos, subrayan, que «podrían evidenciar un uso inadecuado de la figura del contrato menor para eludir los controles y garantías propios del régimen de subvenciones».
A la vista de estos datos, exigen, en primer lugar, que el Gobierno aclare si «el Ministerio de Igualdad utilizó contratos menores para financiar actividades que debieron tramitarse como subvenciones», así como saber «el número total y el importe acumulado de los contratos menores cuestionados por el Tribunal de Cuentas».
El informe del Tribunal de Cuentas analiza centenares de expedientes y aprecia un uso inadecuado de esta figura en distintos casos. Así, advierte de que varios de los contratos examinados no respondían a la adquisición de servicios necesarios para el funcionamiento de la Administración, sino a la financiación de iniciativas promovidas por terceros. Entre estos contratos hay que destacar aquellos en los que figuran premios, congresos, jornadas y seminarios vinculados al ámbito competencial del citado ministerio, organizados por entidades privadas que recibieron financiación pública mediante adjudicación directa.
Además, entre estos expedientes figura también un contrato adjudicado para la elaboración de un texto normativo a una persona que había ocupado recientemente un cargo de director general. El informe precisa que pocos meses antes se había cesado al adjudicatario como alto cargo y que, posteriormente, recuperó el cargo de director general en la Administración. Según los nombramientos publicados en el Boletín Oficial del Estado, se trata de Santiago Antonio Yerga Cobos, director general de Migraciones hasta diciembre de 2023, y nombrado director general de Gestión Migratoria en abril de 2025.
Adjudicado a un ex director general
El Tribunal señala que no recibió «ningún informe, ni escrito, ni texto firmado o asumido por el adjudicatario» que permita verificar de forma directa el trabajo realizado. Además, añade que el mismo adjudicatario recibió al menos otro contrato menor por importe de 14.900 euros, adjudicado el 4 de diciembre de 2024 por la Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.
Este segundo contrato del que habla el Tribunal de Cuentas tenía por objeto elaborar un análisis sobre la acreditación de entidades especializadas en la atención a víctimas de trata con fines de explotación sexual y en situación de prostitución. El informe indica que este contrato fue resuelto el 29 de mayo de 2025, con posterioridad al nombramiento del adjudicatario como director general de Gestión Migratoria, el 9 de abril de este año. El tribunal incluye ambos expedientes entre los casos en los que aprecia deficiencias en la documentación y en la utilización del contrato menor, un procedimiento que, recuerda, debe reservarse a necesidades puntuales y cuya aplicación exige justificar adecuadamente tanto su objeto como su ejecución.
En el conjunto del área analizada, este procedimiento representó el 73,9% del total de contratos adjudicados en 2024, lo que refleja un recurso generalizado a esta fórmula. El órgano fiscalizador subraya que la elección del procedimiento debe ajustarse a la naturaleza real de la operación y no basarse únicamente en el importe económico.