El Gobierno siembra la duda de la libertad de Internet en España tras los bloqueos de LaLiga

El Gobierno ha admitido por primera vez que los bloqueos realizados por LaLiga para evitar el pirateo de la señal del fútbol en España afectan al acceso a determinados servicios de Internet. En una respuesta parlamentaria por escrito, ha reconocido que estas interrupciones provocan «daños colaterales». Esto choca directamente con el concepto de la neutralidad de la red, que establece que todos los contenidos en Internet deben ser tratados por igual para el acceso libre por parte del ciudadano.

En la práctica esto supone que los operadores de telecomunicaciones no pueden impedir el acceso a contenidos legales por parte de los internautas, que tienen el derecho a disponer de toda la información y servicios en la red para su desarrollo y uso como ciudadanos.

Los daños colaterales a los que se refiere el Ejecutivo han sido denunciados ampliamente en redes sociales y por distintas asociaciones de usuarios de Internet. Se acusa al Gobierno de no tomar cartas en el asunto ante el aluvión de quejas de páginas webs legales que reclaman que sus servicios (ONGs, empresas, tiendas online o servicios de pago) no sean tumbados cada vez que hay jornada liguera.

En concreto, a una pregunta realizada por Sumar el pasado mes de diciembre -los problemas colaterales en los bloqueos se produjeron a principio del año pasado-, el Ministerio de Transformación Digital aseguró ser «consciente de los efectos colaterales que se están generando». Además, apuntó que ha establecido un «diálogo activo» con terceros para calibrar el impacto que tienen.

LaLiga tiene derecho a tumbar las páginas web ilegales

LaLiga dispone de una autorización judicial que le permite enviar listas de direcciones IP a las operadoras (Movistar, MasOrange, Vodafone y Digi) para que estas las bloqueen de forma dinámica e inmediata durante los partidos. El objetivo es apagar las emisiones piratas en el momento exacto en el que ocurren. Un hecho que causa pérdidas millonarias a este organismo cada año.

Unos bloqueos en los que entra en juego la empresa Cloudflare, multinacional dedicada a proteger y acelerar la velocidad de acceso de millones de webs. Esta empresa utiliza un sistema de IPs compartidas, lo que supone que una sola dirección IP no pertenece a una sola página, sino que puede dar servicio a miles de dominios distintos a la vez.

Cuando LaLiga detecta que una web pirata usa una IP de Cloudflare y ordena su bloqueo, las operadoras cortan el acceso a esa IP. Como resultado, todas las webs legítimas que compartían esa misma dirección (entre las que se encuentran colegios, ONGs, tiendas online, incluso servicios de pago como Redsys o portales gubernamentales) dejan de funcionar para los usuarios en España.

Los bloqueos de páginas legítimas de Internet han sido cuestionados por distintas formaciones políticas. De hecho, tanto ERC como el BNG presentaron sus propias iniciativas contra los bloqueos del organismo responsable de defender los intereses de los clubes de Primera y Segunda División, entre ellos los audiovisuales.

La Asociación de Internautas se ha dirigido en varias ocasiones al Defensor del Pueblo en relación a este asunto, si bien el Ejecutivo desoyó las quejas, que ahora sí tiene en cuenta, aludiendo a daños colaterales que implican la interrupción del acceso a páginas legítimas, lo que choca frontalmente con la neutralidad de la red.