Obiang cumple dos años sin embajador en España por una causa en la Audiencia Nacional
El dictador mantiene el castigo diplomático por la investigación del juez Santiago Pedraz contra uno de sus hijos
Obiang hijo, alias 'Teodorín', recibe en audiencia al embajador español, Javier Conde, y su número dos, Jorge Moragas. | Oficina de Información y Prensa de Guinea Ecuatorial
Es la crisis diplomática olvidada. España y Guinea Ecuatorial no tienen sus relaciones bilaterales al máximo nivel desde hace dos años, cuando el régimen de Teodoro Obiang decidió llamar a consultas a su embajador en Madrid, Miguel Edjand, el 22 de marzo de 2024 por lo que consideró «persecución de la Justicia española» contra varios miembros del Ejecutivo de la antigua colonia española.
El origen de esta decisión diplomática es la causa abierta en la Audiencia Nacional que investiga el juez Santiago Pedraz, quien ha procesado este mes a Carmelo Ovono Obiang, secretario de Estado de Seguridad Exterior e hijo del presidente de Guinea Ecuatorial, así como a parte de la cúpula de seguridad del país africano por presuntos delitos de terrorismo, secuestro y torturas contra cuatro opositores del Movimiento para la Liberación de Guinea Ecuatorial-Tercera República (MLGE3R) que se encuentran en paradero desconocido y que tenían doble nacionalidad.
Previamente, la Sala de lo Penal ordenó a Pedraz emitir órdenes internacionales de búsqueda y captura contra todos ellos, tras estimar el recurso presentado por el MLGE3R, al que se sumaron las familias de las víctimas, contra una resolución previa del juez instructor en la que denegaba esta medida. El magistrado había decidido ceder la causa a la justicia ecuatoguineana, donde se hubiera archivado ipso facto.
El vicepresidente Teodoro Obiang, más conocido como Teodorín y que ejerce cada vez más como presidente de facto en sustitución de su padre —que, a sus 83 años, apenas se deja ver en público—, replicó en sus redes sociales a la decisión de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. «Guinea Ecuatorial se mantiene firme en su oposición de reafirmar que ningún miembro de su Gobierno pasará ante la justicia española, como se está rumoreando», indicó el pasado 2 de febrero.
La crisis diplomática sigue sin cerrarse. El pasado 10 de enero, Malabo cesó formalmente a su embajador en Madrid, Miguel Edjand, por lo que, si quiere volver a tener un representante diplomático en la antigua metrópoli, tendrá que empezar el proceso de nombramiento de un nuevo embajador con una solicitud de plácet ante las autoridades españolas.
En ese momento, todo apuntaba a que se estaba cerca de un carpetazo judicial y a la vuelta de un embajador de Guinea Ecuatorial a Madrid. El dictador mantuvo una audiencia con el número dos de la embajada española, Jorge Moragas, el pasado 22 de octubre. En ella, le pidió su colaboración «para hallar una solución en el caso TDT» y que los dos Gobiernos «[trabajaran] juntos para la devolución de los fondos» desembolsados en este proyecto de telefonía digital. Luego, el 20 de noviembre, Obiang padre convocó al embajador español, Javier Conde, a quien mostró «su plena disponibilidad» a seguir «entablando conversaciones diplomáticas con el Gobierno de España, en la inteligencia de superar en todo momento las dificultades que intenten frenar la marcha de esta voluntad política», señaló la Presidencia ecuatoguineana en un comunicado.
El siguiente gesto de acercamiento llegó el 27 de febrero, cuando Teodorín recibió a Conde y Moragas. «Durante la reunión también abordamos nuevas oportunidades para reforzar la cooperación bilateral, impulsar proyectos conjuntos y profundizar el diálogo político y económico, con el objetivo de seguir construyendo una relación dinámica y orientada al desarrollo compartido», señaló el vicepresidente del país africano.
El caso que investiga la justicia española se centra en los presuntos secuestros y posteriores torturas que habrían sufrido cuatro miembros del MLGE3R: los residentes en España Martín Obiang y Bienvenido Ndong, así como los nacionales españoles Feliciano Efa y Julio Obama Mefuman, que murió en la prisión de Oveng Azem (Mongomo), presuntamente fruto de esas torturas.
Los cuatro viajaron el 15 de noviembre de 2019 de Madrid a Yuba, en Sudán del Sur, donde habrían sido capturados y «trasladados clandestinamente en un avión oficial del régimen de Guinea Ecuatorial y encerrados en un centro de detención sito en Oveng Asem, en la demarcación de Mongomo», según la querella. «Han sido torturados y obligados a pedir perdón al líder del régimen ecuatoguineano bajo presiones frente a la TV pública de Guinea Ecuatorial», se indicó en el escrito.
La denuncia señala que Ovono Obiang y Obama Nchama habrían estado presentes tanto en el avión oficial que ejecutó el secuestro como dirigiendo «algunas de las sesiones de torturas en los sótanos del centro penitenciario». A los dos nacionales españoles se les habría imputado una presunta participación en un golpe de Estado contra el Gobierno ecuatoguineano, por la que habrían sido condenados en un juicio militar a las penas de 90 años y 70 años de prisión respectivamente.